El año educativo 2009 estará caracterizado por tres líneas de trabajo, con mucha chance de ver la luz: retorno a la jubilación con el 82 por ciento de los profesores universitarios, lineamientos de la nueva escuela media y una ley de Educación Superior.
    Las dos primeras acciones políticas son parte de históricas demandas de sindicatos docentes, académicos, estudiantes, padres y sociedad en general y no tienen matices ni voces que se les opongan.
    La nueva ley de Educación Superior buscará reemplazar a la norma sancionada en 1995, que impulsó el entonces secretario de Políticas Universitarias Juan Carlos Del Bello para llenar ese vacío legal en el nivel universitario, y que fue resistida por miles de marchas de la entonces poderosa Franja Morada y de agrupaciones de izquierda.
    Sin embargo, esta norma del '95 que ratifica la gratuidad de la educación superior estatal, es utilizada en algunas casas de altos estudios en su polémico artículo 50, que permite a facultades insertas en universidades con más de 50 mil estudiantes fijar sus propios sistemas de ingreso.
    Esta herramienta es utilizada actualmente por decanos de universidades públicas de varios puntos del país, como los de las carreras de Ciencias Médicas y otras ciencias duras, que quieren mantener un determinado número de ingresantes para garantizar la excelencia de la formación.
    Es el caso de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que obtuvo días pasados un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia, a la que recurrió para impedir la decisión de la Asamblea Universitaria de declarar el "acceso libre" a todas las unidades académicas de esa casa de altos estudios pública. Por ello, la nueva ley de Educación Superior está llevando una serie de arduos y largos debates, que impulsan por todo el país las titulares de las comisiones educativas del Senado y Diputados, Blanca Osuna y Adriana Puiggrós, respectivamente, y que pareciera que no desvela a las máximas autoridades nacionales, el ministro Juan Carlos Tedesco y el secretario de Políticas Universitarias Alberto Dibbern.
    Por caso Tedesco está más abocado al debate con los 24 ministros de Educación del país y los estamentos sociales acerca de los nuevos lineamientos de la escuela secundaria para ponerlos en marcha en 2009.
    Si lo logra, podrá llevarse el reconocimiento de haber apuntado a la Cenicienta del sistema, que es el nivel medio, entrampado y abandonado siempre, por los intereses del rédito inmediato de los gobiernos de turno.
    Dibbern, a su vez, reparte sus días en intentar instalar los cambios y avanzar en la aprobación a fin de año del proyecto de jubilación con el 82 por ciento móvil de los profesores de las universidades nacionales de todas las categorías, conquista que fue quitada durante la gestión de Carlos Menem y conferida solo a los docentes con dedicación exclusiva.
    La iniciativa se encuentra desde hace diez meses en la Cámara de Diputados nacional y contempla la incorporación de todos los docentes al régimen de jubilación del 82% móvil y de este modo, la nueva normativa entraría en vigencia a mediados de 2009. Para poder jubilarse los hombres deben haber cumplido los 60 años y las mujeres 65, aunque ambos pueden optar por seguir ejerciendo la docencia durante cinco años más. Otro requisito es tener 25 años de servicios como docentes universitarios de los cuales 10, como mínimo (continuados o discontinuos), deben ser frente a alumnos y acerca de la remuneración, el haber mensual de la jubilación docente no puede ser inferior del 82% móvil del mejor cargo desempeñado durante un período de cinco años (60 meses) continuos. El proyecto establece también que los docentes con alguna incapacidad física o intelectual tendrán derecho a esta jubilación.
    También el secretario de Políticas Universitarias nacional, ex rector de La Plata, desde hace varios meses, intenta mantenerse a flote de las presiones de los profesores de las casas de altos estudios estatales que reclaman un nuevo ajuste salarial, cuando la Nación no previó nuevos fondos para ese sector.

Laura Hojman