Para el Gobierno del matrimonio Kirchner, el efecto "Jazz" era tan ajeno a la idiosincrasia argentina como la distancia que podría haber entre el género musical creado por los negros afroamericanos y una cueca, pero a la postre, las melodías comenzaron a ensamblarse.

Al punto que el propio ministro de Economía, Carlos Fernández —que de vez en cuando recuerda que existe—, habló en las preparatorias de la Cumbre de los 20 que se hizo en Brasil para comenzar a reseñar las nefastas consecuencias que está revelando en la economía doméstica la crisis financiera y económica global. 

A la presidenta Cristina Kirchner, cuando aseguró en las Naciones Unidas que su economía estaba blindada gracias a sus políticas, no se le ocurrió pensar que es imposible que ella y su esposo manejen absolutamente todos los hilos de la vida económica del país.

Por ejemplo, no contaron con que grandes empresas multinacionales cuya instalación en la Argentina suelen celebrar como prueba de la confianza que merece el actual sistema, iban a acusar el impacto de sus casas matrices y no iban a dudar ni un minuto en castigar a sus trabajadores con despidos, suspensiones o vacaciones anticipadas.

Despidos y suspensiones de grandes fábricas ya constituyen un problema agudo para las provincias donde están instaladas, como Santa Fe y Córdoba; otras comenzaron a girar grandes sumas de dólares a sus países de origen y en fin, la preocupación caló hondo en la gente que se sobrecogió con la sensación de que otra vez la precaria estabilidad pende de un hilo.

Así muchos se volcaron a retirar sus depósitos y convertirlos en dólares, mientras el Gobierno, más particularmente Néstor Kirchner, le encargaba al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que "apretara" esta vez a grandes empresarios y a entidades financieras para que no sigan drenando dólares hacia otros destinos más seguros.

También intervino en las propias actividades del Banco Central, supuestamente autónomo, en un caso más de injerencia del Estado en las actividades de organismos que por ley pueden manejar sus propias actividades según el mejor saber y entender de quienes la conducen.

No obstante la debacle que se viene, y las negras perspectivas sobre la evolución económica del país, el matrimonio Kirchner celebra el triunfo de la votación en la Cámara de Diputados que le dio media sanción a la estatización de las AFJP y se prepara para degustar también la muy probable sanción definitiva en el Senado, pese a que se vislumbra en un futuro cercano un volcán de demandas judiciales que finalmente llevarían esa crucial cuestión a la Corte Suprema de Justicia, como lo previó la propia ministra Carmen Argibay.

Allí una vez más el Gobierno utilizó como excusa la necesidad del Estado de proteger a los más débiles, en este caso los jubilados, aunque con la más que probable intención de utilizar esa enorme masa de dinero de la que se hará en pocos días más con el central propósito de apuntalar su poder.

Es que por más que el kirchnerismo siga demostrando un hábil manejo de los estamentos de la cúpula, el favor popular que supieron tener tanto Néstor como Cristina se erosiona cada vez más.

Si a la postre, los Kirchner no han hecho que la vida de la gente común sea más feliz.

En cuanto a economía se refiere, la inflación devoró el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, que siguen siendo bajísimos pese a reajustes que no alcanzan a cubrir ni la mitad de lo perdido.

Otra vez este es un país con mínimas oportunidades de conseguir empleo o de planificar negocios, en un horizonte que vuelve a asemejarse a un mar tormentoso en el que nadie se arriesga a navegar.

Nuevamente, el fantasma de la recesión adquiere carnadura para convertirse en un dato de la realidad palpable.

Una vez más se paralizan operaciones económicas, comerciales y productivas, ya sea por efectos de la crisis internacional, como por la fuerte desconfianza que el Gobierno generó en los hombres de negocios con la virtual expropiación de los fondos de las AFJP. Para colmo, la inseguridad, lejos de ser controlada, está cada vez más desbocada en un país cuyos ciudadanos viven azuzados por el temor. Es cierto que la Presidenta finalmente, días pasados, decidió mencionar el tema en sus discursos, pero claro, no para anunciar medidas que tiendan a resolver esa crisis estructural, sino para echarle la culpa a otro, una de las tácticas más recurrentes del kirchnerismo.

Por ello, según la versión oficial, no es que haya inseguridad porque las posibilidades de salir de la marginalidad de una gran cantidad de habitantes sean absolutamente inexistentes, porque la crisis de la educación caló hondo y ya no representa casi un marco de contención, porque el narcotráfico, a través del "paco", la droga de la inseguridad, no sea controlado de ninguna forma.

No, la culpa de la inseguridad, según la versión K, la tienen los jueces, aquellos que, sólo por aplicar las leyes, son considerados poco menos que cómplices de los delincuentes que pasan por la "puerta giratoria" de las comisarías.

Así no hay forma de reencauzar la situación.

Por las dudas, el Gobierno, que justifica su constante "meter mano" en otros poderes en la presunta ideología que indica que el Estado debe ser protector de los desamparados, volvió a limitar las posibilidades de que se investiguen presuntos actos de corrupción gubernamentales.

Al limitar las funciones del jefe de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, se aseguró la tranquilidad. Ahora el fiscal Garrido no podrá investigar nada que su jefe, el ultrakirchnerista Esteban Righi, no autorice.

La imaginación del kirchnerismo para tender cada vez redes más rígidas en el manejo del poder hasta ahora no encuentra equivalente en la oposición, que sigue dando vueltas tratando de morderse su propia cola frente al avasallante estilo del matrimonio en la Casa Rosada.

Ahora se barruntan alianzas, entre lilistas y algún sector de radicales, con una intención que apunta más a limar la efímera popularidad del vicepresidente Julio Cobos que a sinceramente buscar un proyecto que unifique a todos quienes piensen distinto al Gobierno.

Dentro del mismo justicialismo algunos hombres, como Felipe Solá, tratan de marcar un perfil propio, pero hasta ahora los gestos no alcanzan. Y no tienen mucho tiempo para elaborar estrategias porque aunque no parezca, las elecciones legislativas están cerca y la gente sigue sin encontrar a un referente opositor en quien depositar su confianza.