Siguiendo la funcionalidad portuaria nacional, la gestión de dragado en el puerto de Mar del Plata es otro interesante negociado cometido por distintos funcionarios de turno. En octubre del 2008, se firmó un convenio entre el gobierno nacional y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el Dragado del Puerto de Mar del Plata, en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La Presidenta K, firmó el acuerdo que aporta 15 millones de pesos para que se trabaje durante dos años con ese objetivo.
    “Vengo a anunciar el comienzo de las obras de dragado del puerto”, dijo Cristina.
    A fines del año pasado ingresó al puerto de Mar del Plata, la draga Acróbata, de la firma portuguesa Dragamais. Su misión era “dragar 160 mil metros de arena” que le permitirían “al canal secundario del puerto recuperar un calado de 9,75 metros de profundidad y un margen de operatividad de 100 metros de ancho, para que puedan ingresar grandes buques portacontenedores”. La firma se desembarcó en Mar del Plata para atender la demanda del puerto local y de otras estaciones marítimas de la región, y además dedicarse a la comercialización de arena.
    La draga Acróbata, tuvo que ser reconstruida para que comience su operatoria. “La bomba de dragado no aspiraba, los motores no andaban, al igual que los sistemas hidráulicos, las compuertas de fondo ya no funcionaban cuando llegó a la ciudad”. La draga pocas veces pudo completar la cántara con arena durante sus operaciones, ya que la bomba de dragado no aspiraba y las compuertas de fondo siguieron sin activarse.
    Sin embargo, las batimetrías realizadas a fines de junio del 2008, muestran que ya se habían dragado 131 mil metros cúbicos de material sólido más la deriva, que aporta cerca de 15 mil metros cúbicos por mes al canal secundario. “La arena que chupa la bomba se pierde, no queda retenida en la cántara”. El Consorcio Portuario Regional sí abonaba a Dragamaris por su trabajo a razón de 4 dólares por metro cúbico removido (el presupuesto superaba el millón de dólares), pero Dragamaris no paga sus proveedores ni a sus empleados. Y ante la dilación de un pago en materia laboral, la Justicia Federal dictó la interdicción de la nave Acróbata y el embargo de la misma y de los fondos que el Consorcio Portuario Regional debía abonarle. La falta de control se repite en las costas marplatenses al igual que en las riberas del Paraná. Se pagan millones del erario público por un dragado que no se realiza.
    Remontándonos en el pasado, otra draga realizó trabajos en Mar del Plata. La James Ensor, de la empresa Jan de Nul, que opera como Hidrovía SA, realizó trabajos en el mismo canal secundario en que “operó” la Acróbata. En estos meses, la draga James Ensor estuvo operando hasta que entró a dique para reparaciones.


La historia de un robo “articulado”: la draga 259 Mendoza

    Las obras de dragado se inician una y otra vez en el puerto marplatense, replicando el modelo Hidrovía: se firma un contrato, y luego se designa una draga inoperante para realizar los trabajos, y en la concesión se les adjudica los fondos para las reparaciones. Es más, las obras se otorgan a empresas privadas donde el Estado pone toda la infraestructura. Pero lo que es peor aún, es el deterioro del propio aparato productivo que esta concepción trae aparejado, pues en prácticamente seis años no se ha reinvertido capital en nuevas maquinarias y materiales, bajándose los niveles de productividad y dejando una pesada herencia.
    En palabras de Eduardo Pezzati, titular del Consorcio Regional Portuario: se “enviará la draga 259 Mendoza con su personal durante 15 meses. Una inversión hecha de más de 10 millones de pesos y otros 17 que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables transferirá, una parte este año y el resto el que viene para gastos y arreglos menores, nos va a permitir extraer arena del acceso al puerto de Mar del Plata cuyo canal principal está colapsado, cerrado al punto que hoy se utiliza un alternativo con el riesgo que eso implica y el dragado del espejo interior del puerto, sus dársenas incluido el sector de la Base Naval”. La draga 259 Mendoza pertenece a Hidrovía. Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) del 2004, órgano dependiente del poder ejecutivo, la draga 259 Mendoza fue un aporte indemnizatorio del gobierno nacional al concesionario Hidrovía.
    En el presupuesto marplatense no se contempla el estudio de impacto ambiental y tratamiento de lodos altamente contaminantes provenientes del espejo interior del puerto de Mar del Plata, siendo que se va a arrojar lodos con metales pesados embebidos en hidrocarburos a pocas millas de la costa para que la corriente envíe estos más disueltos a nuestras playas así los niños juegan con arenas con cancerígenos con palita y balde. La Presidenta, en la firma del convenio mencionado, recordó “cuando era chiquita y venía a Mar del Plata”. Ahora que ya es grande y mandataria, ¿leyó los informes de impacto ambiental sobre las obras de dragado que una y otra vez anuncia?
    Los informes, señora Presidenta, provienen de un organismo bajo su mando, la Sigen. ¿Esperará al informe que realice en unos años el mismo organismo para enterarse del daño ambiental provocado en la costa de su infancia? ¿Y si lee los que ya realizó sobre el impacto ambiental de Hidrovía? Los puertos necesitan dragado, pero no puede efectuarse a instancias de la salud pública. Es posible efectuar el dragado sin provocar daño ambiental, por ejemplo, destinando recursos a estos estudios para que sean efectuados antes y durante la realización de trabajos por personal idóneo, y control de gestión que incluya la participación ciudadana, tal como lo establece la Ley General de Medio Ambiente, 25.675. “Venimos a contribuir con obras puntuales, concretas para mejorar la calidad de vida no solamente de los que viven aquí todo el año, sino quienes eligen a la ciudad como destino turístico”, sus palabras en Mar del Plata.


Dragando del dinero del contribuyente

    No existe control alguno sobre los estudios batimétricos que indican la profundidad y la cantidad de metros cúbicos que se dragan día tras día en las vías navegables de la República. Sabemos que el valor del metro cúbico de arena dragada oscila entre los 4 y 7 dólares. Las empresas declaran sin ningún control los metros cúbicos dragados que luego el Estado convalida en cada certificación y paga. Durante todos estos años, no se realiza cruce de información entre las inspecciones que se efectúan, tal como lo afirma la Sigen y la Auditoría General de la Nación (AGN). Recordemos que la concesionaria Hidrovía opera desde la privatización del MOySP. Y los estudios de impacto ambiental tampoco se efectúan a pesar de las reiteradas recomendaciones tanto de la Sigen como de la AGN. Se draga el Paraná en el área de la Papelera Argentina Celulosa, moviendo las arenas contaminadas a toda la cuenca fluvial.
    Finalmente, el lector debe tener presente que todos estos robos sistemáticos son llevados a cabo con la anuencia de diputados y senadores que impulsan con su voto el beneficio a empresas como las mencionadas. El monopolio del dragado en la Argentina es manejado políticamente y como tal padecemos la aberración del despojo dinerario y el deterioro del medio ambiente y de nuestras vías navegables que son el impulso del comercio nacional hacia el mundo. La Ley General de Medio Ambiente exige que se proporcione información a los ciudadanos y se contempla su participación en la gestión ambiental. También esta ley exige el desarrollo de un sistema integrado de información para evitar actos de falta de transparencia y corrupción en desmedro del patrimonio de las generaciones futuras de argentinos. La obligación de que los actos de gobierno sean públicos “se compadece con lo establecido en el art. 1º de la Constitución Nacional y específicamente en el art. 8, inc. 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos y responde a los lineamientos fijados por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción… conforme los cuales el Estado debe fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público… en la prevención y lucha contra la corrupción… mencionándose expresamente la necesidad de adoptar medidas que tiendan a garantizar el acceso eficaz del público a la información”.
    Tanto la Presidenta de la Nación como su Ministra de Producción gobiernan bajo el mandato de estas leyes y con el silencio y complicidad de nuestros referentes políticos. Por ello, al finalizar sus mandatos deberán someterse al control ciudadano de sus actos de gobierno, porque a pesar de su impunidad, no deben dejar de percibir quienes ostentan el poder, que los argentinos en democracia estamos aprendiendo y creciendo en el ejercicio de nuestros derechos, y tenemos, por ahora, toda una legislación que nos permite llevar ante los estrados a quienes nos han gobernado.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador