En 1990, año en el cual se procedió a sancionar y promulgar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, Nº 25.246 —que en teoría iba a ser una norma de última generación—, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) nos felicitó como país avanzado, que combatía el delito. Luego de eso, no se realizó nunca más nada y las modificaciones realizadas a la ley no sirvieron para demasiado.
    Para entender un poco de qué va la cosa, voy a contarles una historia que para algunos va a resultar aburrida, para otros no y a todos les va a resultar interesante, ya que se hablará de lo que mueve al mundo: el dinero.
    El lavado de dinero se denomina así en la jerga, pero técnicamente es "blanqueo de activos".
    ¿Qué significa esto? Que el dinero proveniente de diferentes delitos, establecidos como una especie de ranking: el primer puesto lo ocupa el fraude a la administración pública, le sigue la venta ilegal de armas, el narcotráfico y, por ultimo, el más triste y grave de todos, el tráfico de personas, más conocido como “trata de blancas”.
    El blanqueo de activos opera de la siguiente manera: como primer paso se da la colocación o inserción de esos activos —producidos por diversos delitos— en el mercado. Esto se dio en un primer momento con los bancos, pero en el mundo, y en la mayoría de las normativas, se establecieron controles legales a través del GAFI, en el cual hoy y por ahora la Argentina es miembro fundador junto a otros 11 países.
    Cuando este medio dejó de ser efectivo o disminuyó su rendimiento, se cambió o en algunos casos se varió la herramienta. Algunos siguieron utilizando a los bancos pero ya en menor medida y se procedió a realizar inversiones en diferentes ramas del mercado, entre ellas los hoteles, bingos, casinos, video clubes, restaurantes, compañías de telefonía celular, siendo la mayoría cadenas importantes.
    Un caso puntual de blanqueo de activos en nuestro país ha sido denunciado por quien suscribe, junto al periodista de investigación Christian Sanz, en torno a la irregularidad de los aportes a la campaña presidencial del Frente para la Victoria, el cual fue a mi modo de ver un negocio muy bien hecho, sobre todo teniendo en cuenta los activos provinieron de los carteles del narcotráfico colombiano y mexicano, teniéndose que justificar ante la justicia electoral su procedencia ya que la ley así lo requiere.
    En tal contexto, el oficialismo "convocó" a gente de clase media y les ofreció el 7% del valor que supuestamente aportaban, a cambio esta gente firmó cheques y documentos de compromiso de pago, de esta manera el negocio fue redondo ya que ganaron las 2 partes.
    Por otro lado, tenemos a supuestos dueños de una veintena de droguerías que, como también fue denunciado por esta parte, hicieron figurar que aportaron personalmente y también a través de sus empresas, a cambio también del 7% antes mencionado y con promesas de ser proveedores privilegiados del Estado, ya que las personas encargadas de esta recaudación eran los señores Héctor Capacciolli —hoy destituido de la superintendencia de salud— y José Luis Salvatierra (ex interventor del Hospital Francés).
    Como antes se explicó, la forma de inserción o colocación en el mercado se hace a través de bancos y empresas, o negocios.
    Posterior a esto, se hace lo que también se mencionó en la compra de las compañías antes mencionadas y cuando una vez son aceptados los activos en los bancos, o peor para el caso que nos convoca, como es el nuevo proyecto de ley anticrisis, en el cual se plantea en uno de sus puntos no determinar, ni investigar el origen de los activos, solo cobrar el 6% del valor del impuesto. Esto traería un efecto devastador para la sociedad argentina, esto se denomina técnicamente conversión o el propio blanqueo y el último paso es la integración que es la ganancia producida con la empresa comprada con capitales provenientes del delito. Todos estos pasos ya mencionados y oportunamente ejemplificados son los que representan el "lavado de dinero", los cuales se verán facilitados con la sanción del proyecto.
    Es gravísimo el hecho de que no haya control del origen de los fondos que volverán al país, lo cual fomentará el ingreso de capitales provenientes de los diferentes carteles de la droga y todos los que se dediquen a blanquear dinero de los delitos establecidos el ranking ya mencionado.
    No sólo causaría ese efecto en un primer momento, sino que con posterioridad, como órgano internacional de control, el GAFI, no solamente nos expulsaría como miembro fundador, si no que los controles de dicho organismo, en cuanto a las transferencias de dinero desde la Argentina y hacia ella, serán hechos con mucha severidad y siendo sancionadas todas aquellas operaciones que no puedan justificar su origen. Ergo, este proyecto producirá un incremento sustancial de la delincuencia en todos sus niveles y tipos de delito, ya que la función del lavado, no sólo se ocupa de blanquear activos, sino que también produce corrupción en todos los niveles sociales y a su vez en funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de diversas  fuerzas de seguridad, llegando como bien lo expresa nuestra ley 26.024 y las autoridades de los EEUU a la financiación del terrorismo del Estado.
    También llama poderosamente la atención, cómo un órgano colegiado como debería serlo la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que tiene como función controlar los procesos de transferencia de activos, de montos de ingreso/egreso superiores a los U$S 10.000, para sorpresa de todos, es un órgano unipersonal y a cargo del Dr. Anibal Fernandez, cuestionado severamente en temas como el control del narcotráfico e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
    Para empeorar el panorama, el gobierno tendría pensado nombrar en el cargo de titular de la AFIP —órgano que según el proyecto de ley sería el encargado de controlar el ingreso de los capitales al país— al Sr. Ricardo Echegaray, ex director Nacional de Aduanas, eyectado de su cargo en el marco de una gestión muy cuestionada. En buen romance: se sospecha que Echegaray habría facilitado el contrabando y el narcotráfico en nuestro país.
    Como conclusión, quiero dejar en claro que las críticas realizadas son al único efecto de poder construir un país mejor y más justo, algo en lo cual tenemos muchas más obligaciones y responsabilidades los abogados, ya que somos los auxiliares de la Justicia.

Hernán Palmeiro
Abogado, especialista en "lavado de dinero"