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Análisis de Gestión: Control Constitucional
Los informes de la Auditoría General de la Nación, organismo de rango constitucional, nos permite conocer la actuación de las autoridades de la República frente a los discursos actuales que reivindican administraciones pasadas. Estos informes muestran a los responsables de la situación presente de nuestro caladero nacional.
Recordemos que en nuestro país una de las especies que concentra el mayor porcentaje de capturas —merlusa hubbsi— se encuentra en emergencia nacional. La emergencia fue ordenada por la ley 25.109 del año 1999 debido a que hubo una sobrepesca que en 1998 fue de un 39% sobre el máximo permisible, para luego ser nuevamente rebasada en un 185%. La AGN realiza sus auditorías “para evitar los excesos en la explotación del recurso pesquero y asegurar su explotación sustentable para las generaciones futuras” y en “Informes sobre Pesca 2008”, alerta: “la situación actual de la merluza hubbsi continúa siendo preocupante”.
Otra especie auditada en el mencionado informe, es el calamar calamar illex que junto a la merluza hubbsi constituyen el principal sustento del sector y advierte que “no se cuenta con planes de manejo a largo plazo para estas dos especies” y a pesar de las observaciones y recomendaciones que oportunamente realizara para “fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos y promocionar la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados”, obligación de las autoridades según la Ley Federal de Pesca. Ergo, el caladero nacional continúa en situación de crisis.
La ilegalidad de la sobrepesca
Uno de los tres puertos que concentra la pesca marítima de nuestro país es el de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires y en este puerto bonaerense converge un proceso depredatorio extremo al amparo de las autoridades. La cronología del daño provocado a nuestras riquezas pesqueras, tiene entre sus protagonistas al Ing. Felipe Solá que ya desde 1989 decidía sobre la pesquería como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo que ocupara hasta 1991, para retomar la misma función en el período 1993-1998.
Ya en 1991 la provincia de Buenos Aires participaba con el 60% de las capturas totales y la mortalidad de peces ese año fue superior en 25% al promedio de los años anteriores. El nivel de biomasa para ese mismo año mermó y tuvo los índices más bajos desde el período 1983-1990. La sobrepesca era ya un gravísimo problema durante la primera incursión de Felipe en el sector. En 1995, el informe del Proyecto "Observadores a Bordo" del INIDEP, constató un elevado nivel de descarte por exceso de materia prima a bordo. También verificó una diferencia del 61,9% entre la información recogida a bordo y el parte de pesca; la diferencia constituye el descarte. El ingeniero sabía que se tiraban al mar 50 toneladas diarias de pescado fresco. En 1996 la especie merluza hubbsi representó el 81% de las capturas de la flota fresquera.
Las capturas totales crecieron un 45%. La pesca del calamar illex aumentó más de 6 veces en relación con el año 1991. Las exportaciones alcanzaron los 1.013 millones de dólares (11,6% más que el año anterior). En volumen, las exportaciones totales ascendieron a 671.700 toneladas (15% más que el año anterior); calamares por valor de 364 millones de USD (en 1991, se habían exportado 24 millones de USD) y merluza por 265 millones de USD. Cifras millonarias, cajas millonarias. Las capturas totales ascendieron a 1.225.958 toneladas. Se capturó un 48% más que la captura máxima permisible. En 1997 se alcanzó el pico máximo anual —y también el mensual— de pesca de merluza cuando tras un nivel de capturas mensuales ubicadas por encima de las 40.000 toneladas se pasó a 65.000 toneladas en diciembre de dicho año, para un total anual de 585 mil toneladas. Para coronar su gestión el año 1998 se redujo la biomasa a niveles críticos, y como gobernador siguió gestionando el sector como máximo responsable de la administración bonaerense.
¿Cómo se logra que impunemente se llegue a semejante situación de depredación?
Ya en 1995 se constata que los buques pescan con permisos triangulados en abierta violación a las leyes 24.315 y 24.922; los buques cedentes, siguen pescando sin haber sido dados de baja como estaba previsto. Casi todos los barcos pescan merluza, aún con permisos para otras especies.
Se verifican maniobras de transferencia de permisos de pesca de buques de menor porte a otros, más grandes. Buques congeladores aparecen convertidos en fresqueros. Todos con permisos firmados por la autoridad competente en la materia, la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En el 2000, un informe de la UBA solicitado por el Consejo Federal Pesquero a la UBA, denuncia irregularidades en los permisos de captura, y queda comprometida la administración Solá. El informe original fue destruido deliberadamente e ignorado por las mismas autoridades pesqueras que lo habían solicitado. En 2003, la Procuración del Tesoro de la Nación emitió el Dictamen 163/03, estableciendo la nulidad varias de las resoluciones que otorgaban estos permisos ilegales. Sobre la ilegalidad de los permisos de Felipe también se expidieron la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio de Economía de la Nación.
Las prebendas para la pesca ilegal también favorecieron a buques extranjeros. La mencionada Ley 24.315 de 1994 que aprueba un acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea para “promover la conservación y la explotación racional de las poblaciones de peces sobre una base sostenible, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
El acuerdo tendría validez de cinco años a partir de su entrada en vigor y continuaría vigente por períodos adicionales de dos años, salvo denuncia por escrito de una de las Partes y permitió a la Comunidad, en el marco de su política de reestructuración de la flota, facilitar la incorporación de buques comunitarios a empresas constituidas o que se constituyeran en Argentina. A este fin, la Argentina en el marco de su política de renovación tecnológica en materia pesquera, facilitaría la transferencia de los permisos de pesca vigentes y expediría los nuevos permisos que correspondieran en virtud del acuerdo. La condición era la captura especies excedentarias, prohibiendo la pesca de merluza y langostino. Parte de la flota europea que ingresó a nuestras aguas, se encontraba inactiva en España por ser altamente depredatoria. Y ante la falta de controles de las autoridades que no sólo otorgaban permisos triangulados, estando pendiente las nulidades mencionadas en el párrafo anterior, se permitió a estos buques capturas de merluza hubbsi aún ante la denuncia de la AGN en sus informes. En mayo de 1999 la Argentina denuncia el acuerdo y cesa la vigencia del mismo. En junio del mismo año se decreta la emergencia pesquera nacional, mentada por quienes son garantes de la conservación de nuestros recursos por mandato legal.
Mientras, desde la Subsecretaría de Solá se anunciaban los récords de capturas, los trabajadores de la pesca sufrían una fuerte pérdida en sus ingresos, ya que los viajes aumentaban su duración para llegar a puerto con la misma cantidad de carga, y los tripulantes cobran en proporción a la captura. Y Felipe llegó aún más lejos: emitió una Resolución, amparado en el Decreto 817/92, autorizando a personal extranjero para ocupar puestos de trabajo en buques nacionales, solucionando el problema de desocupación de las tripulaciones europeas. La Ley Federal de Pesca ordenaría esta situación al disponer que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina y habiendo tripulantes argentinos en disponibilidad, la tripulación debe ser completada con ellos.
Democracia y control
Siguiendo con el informe citado de la AGN sobre el sector: “Las falencias detectadas en el control y fiscalización de la operatoria pesquera atentan contra la sustentabilidad del recurso y vacían de contenido la legislación vigente”. Depredación e ilegalidad, pasado y presente de los responsables del sector pesquero. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar y leer en los medios la perorata de Solá en su campaña para perpetuarse en el poder, seguro de su impunidad, ocultando cuidadosamente su actuación en un sector despojado tal como lo muestran los informes técnicos que sí cumplen con el mandato legal de auditar el cumplimiento del paso de quienes no temen ser juzgados ya que gozan del resguardo que les brinda la complicidad de quienes comparten su posición de privilegio, usufructuando un mandato democrático por sus propios intereses, a espaldas de ciudadanos empobrecidos, desbastados en alimentación, educación, salud, seguridad, trabajo, bienestar.
Al igual que los poderosos genocidas de ayer, al finalizar sus mandatos, serán juzgados quienes por su política aplicada generan de hambre y genocidio.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador