En el marco de un sistema presidencialista como el argentino es comprensible que, para el titular del Poder Ejecutivo, una consulta democrática al electorado se convierta en un "escollo" u obstáculo fastidioso puesto en su camino. El Presidente ha sido plebiscitado en las urnas el día de su elección y, por consiguiente, cualquier resultado electoral adverso posterior erosiona su legitimidad de origen.
    Este es un problema que nunca se suscita en los sistemas parlamentarios, donde un resultado electoral que modifica la mayoría parlamentaria, fuerza la sustitución del Ejecutivo para conservar la coherencia entre Gobierno y Parlamento.
    En el sistema parlamentario, la "anticipación" de las elecciones, es decir su convocatoria antes de que finalice el período de mandato de los diputados, es un acto legítimo y habitual.
    Allí, el Gobierno no es más que un poder delegado del Parlamento y cuando pierde el apoyo de uno de los partidos que conforman la coalición que ha permitido su formación o existe una situación de elevado desgaste del Primer Ministro, lo habitual es el llamado anticipado a elecciones. Esto conlleva la disolución del Parlamento y la renovación completa de las cámaras, es decir un modo de "barajar y dar de nuevo".
    En un sistema presidencialista, frente a un mandato rígido del Presidente, la convocatoria anticipada de elecciones de diputados carece de significado institucional alguno y responde a meras razones de oportunidad u oportunismo electoral.
    Sin embargo, lo que desde un punto de vista táctico puede considerarse una maniobra hábil del Ejecutivo, desde la perspectiva de la calidad institucional no deja de ser una medida deplorable. Las cuestiones vinculadas a las "reglas de juego", en las democracias consolidadas, son siempre objeto de protección especial. En general, cualquier modificación del régimen electoral, debe hacerse por medio de "leyes orgánicas" (España) o "leyes constitucionales" (Italia), es decir leyes cuya modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso (la mitad más uno de todos sus miembros y no sólo la de los legisladores presentes) en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
    En la Argentina, según el artículo 77 de la Constitución Nacional, cualquier modificación del sistema electoral o del régimen de partidos políticos, también necesita de una Ley aprobada por la mayoría absoluta de las dos Cámaras del Congreso. Esta protección especial pone de manifiesto que estamos frente a una materia delicada, que no pude ser objeto de manipulación partidista, para ajustarla a las necesidades políticas de uno de los jugadores. Por consiguiente, la modificación intempestiva de las reglas de juego, sin buscar el consenso con la oposición, nos instala nuevamente en un escenario de debilidad institucional.
    La enorme paradoja de una elección anticipada en el marco de un sistema presidencialista, es que institucionalmente carece de sentido. Si el mandato de los diputados es rígido, al igual que el mandato del presidente, no existe justificación alguna que explique esta modificación del Código Electoral.
    De este modo, la Argentina se encontrará ante un escenario en el que los diputados electos el 28 de junio de 2009 no podrán asumir hasta la finalización del mandato de los que van a ser sustituidos en el mes de diciembre de 2009. Si el resultado electoral cambia la composición política de las Cámaras, se estará frente a un Congreso que continuará dictando leyes entre julio y diciembre, pero que ha perdido prematuramente su legitimidad.
    Además, si el Gobierno pierde en junio la mayoría parlamentaria, se pasará, a partir de enero de 2010, del "presidencialismo absoluto" al "presidencialismo impotente". Es un rasgo característico del sistema presidencialista que cuando el Gobierno no cuenta con suficiente respaldo parlamentario, sobreviene una época de crisis y extrema debilidad presidencial.
    La convocatoria anticipada de elecciones efectuada por la presidenta Cristina Fernández, permite poner al descubierto las enormes contradicciones y paradojas del sistema presidencialista. La rigidez del mandato presidencial, causa histórica de decenas de crisis institucionales en América latina, muestra una y otra vez la base estructuralmente ineficiente de las "monarquías electivas". En la vida social, se suele ser más práctico. Ningún club de fútbol designa a un entrenador o DT por un período rígido de tiempo, garantizando su plena estabilidad a pesar de los malos resultados.
    Sin embargo, en un tema tan delicado como en la responsabilidad de gobernar una nación, se hace exactamente eso: se designa al entrenador por cuatro años y, cualquiera que sean los resultados, se espera resignadamente a que termine su mandato. Luego, claro, llegan las quejas de que las cosas, en el terreno institucional, no van demasiado bien en la Argentina.

Aleardo Laría