Las cartas ya están echadas en materia de candidatos y ahora viene el tiempo de escuchar las propuestas de los aspirantes a las bancas legislativas, sobre todo los que pretenden ser diputados y senadores nacionales.
    La cuestión laboral, junto con la de la seguridad, se encuentra al tope de las preocupaciones de la ciudadanía, que debe recibir de quienes la representarán las iniciativas para atacar los diversos flagelos.
    Los problemas en el mundo del trabajo persisten y, a partir de la crisis global desatada el año pasado, han retornado fantasmas como las suspensiones, los despidos y la caída del poder adquisitivo de los salarios.
    Más allá de la diversidad de opiniones al respecto, desde aquellas que dicen que se ha entrado en una meseta hasta las que consideran que podría haber un agravamiento de la situación, la dirigencia siempre tiene en sus manos la posibilidad de impulsar acciones que puedan morigerar los efectos negativos de la crisis.
    Vale decir, aún hay vigentes anomalías que vienen de arrastre desde hace muchos años, por lo que no es correcto ni siquiera arriesgar que son producto de la problemática surgida hace poco en el mundo desarrollado y derramada enseguida hacia todo el planeta.
    Sabido es particularmente, por ejemplo, que el empleo en negro es una gran mancha que se desparrama por toda la geografía argentina, alcanzando a cuatro de cada diez trabajadores, con apenas un par de puntos de mejora en más de un lustro.
    Además, siempre está presente la certeza de que hay sectores definitivamente marginales a los que la estadística no alcanza, pudiendo así engrosar las filas de los irregulares.
    Por añadidura, entonces, no sorprende que en medio de tal desquicio existan situaciones de explotación y abusos, en muchos casos ya en el terreno de la degradación humana.
    Es lógico que hay casos en que la cuestión no puede resolverse porque no hay condiciones económicas favorables para las respectivas actividades, pero también no son pocos los casos en los que hay una costumbre consuetudinaria que sigue desplegándose por la ausencia de sanciones categóricas y ejemplares para quienes la practican o, lo que es peor, por alguna siempre sospechada existencia de una cadena de corrupción que permite esa conducta.
    Pero el trabajo no registrado no es el único problema. El desempleo y la precariedad laboral en diversos rubros continúan siendo moneda corriente, más allá de la mejoría que se ha logrado en cuanto a la desocupación en los últimos años.
    Y también hay otros cuya solución podría haberse hallado hace bastante, pero por una combinación de intereses económicos y políticos se postergó hasta quién sabe cuando: concretamente, uno de ellos es la cuestión de los accidentes de trabajo.
    Hay una sensación de que, ante la gravedad de otros temas, el de los siniestros laborales parecería ser dejado en un segundo plano, incluso por los más directamente involucrados, que son los propios trabajadores. Pero esta también es una cuestión central que debe demandar la aplicación de los mayores esfuerzos.
    El régimen de ART en estos últimos años ingresó paulatinamente pero sin pausa en un territorio donde, contrariamente al espíritu con el que se había creado, las situaciones terminan resolviéndose en los tribunales.
    Entonces, lo que pretendía ser un despejado camino de soluciones ante una circunstancia tan grave como un accidente laboral, se fue transformando en un escarpado sendero hacia la resolución judicial.
    La doble vía —el resarcimiento establecido por el régimen y el reclamo en la Justicia— se desarrolló de tal manera que lo que se insinuaba como solución terminó convertido en un problema para todos.
    Las partes empresarial y sindical comenzaron a debatir entonces una nueva reforma al sistema para reestablecer una equidad que beneficie a todas las partes involucradas, pero quedaron empantanadas hace meses.
    Si bien al principio las razones había que buscarlas por el lado de desacuerdos propios de cualquier discusión sobre un tema de fondo —en este caso por los montos del resarcimiento y la posibilidad o no de iniciar la demanda judicial— más adelante la causa del mantenimiento de la postergación fue lisa y llanamente política. Debido a las elecciones, el tema quedó guardado junto con otros en el arcón de la espera, que puede ser prolongada.
    Así, en estas y otras cuestiones los legisladores deben tener participación decisiva. Su misión, aunque resulte obvio decirlo, es crear las leyes que rigen toda la actividad de una nación. Y en el ámbito laboral mucho puede aportarse desde el Congreso, aún en temas que muchas veces en la historia nacional parecieron ser resorte exclusivo del Poder Ejecutivo.
    Por eso ahora comienza el momento de escuchar las iniciativas de todos los sectores, después de la intensa puja —a veces a los codazos— para conseguir lugares en las listas. En ese marco, el sindicalismo, más allá de las cantidades de postulantes que haya logrado introducir en las nóminas o que saldrán elegidos, ha tenido y seguirá teniendo el rol de principal protagonista en la búsqueda de soluciones a los numerosos problemas del mundo del trabajo.
    Los grandes duelos verbales previos a la presentación de listas se repetirán, y seguramente se amplificarán, durante la campaña hasta el día de las elecciones. Pero es necesario, más bien imprescindible, que en medio de tanta pirotecnia se escuchen las propuestas que también el ámbito laboral requiere de todos y cada uno de los candidatos.

Luis Tarullo