La creación de tres nuevas universidades públicas, dos en el conurbano bonaerense y una tercera en Villa Mercedes, San Luis, y el tratamiento parlamentario de una cuarta en el oeste del Gran Buenos Aires, dividió las aguas entre los 48 rectores de las casas de altos estudios nacionales.

    No sólo entre los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se generó la línea divisoria, sino también entre legisladores, académicos y especialistas en la temática educativa y universitaria.

    En general se admite que toda creación de una nueva casa de altos estudios es "bienvenida", dado que abre nuevas posibilidades de estudio a jóvenes y poblaciones de otras localidades alejadas de otros centros, al tiempo que genera nuevas posibilidades de empleo a profesores y no docentes.

    Sin embargo, con la aparición de casi una veintena de nuevas universidades públicas desde los '90 hasta estos días generó algunas reticencias, objeciones y hasta sospechas acerca de las posibles intenciones que podrían esconder.

    Por un lado, la decena de universidades estatales nuevas creadas en los '90 fundamentalmente las de varios cordones del conurbano, entre ellas La Matanza, Lanús, San Martín, General Sarmiento y de otras provincias como las cordobesas de Río Cuarto, Villa María y en menor medida la riojana de Chilecito, con mayor o menor nivel de excelencia respondieron a la demanda de educación superior a grandes poblaciones estudiantiles.

    Las del conurbano fueron creciendo en calidad e investigación, tienen editoriales propias, algunas completos polideportivos y medios de comunicación propios como La Matanza.

    Sin embargo, hoy los rectores del CIN tienen en la "mira" a cuatro universidades nacionales: Avellaneda, Merlo (Universidad Nacional del Oeste), Villa Mercedes (San Luis) y Moreno (esta última aún sin aprobación).

    Cabe recordar que en marzo del año pasado, la intendencia de Merlo dejó de apoyar el funcionamiento de la sede del Ciclo Básico Común de la UBA, en esa localidad, donde prestaba las instalaciones comunales, cuestión que derivó en la toma del lugar y en un conflicto que terminó en el Rectorado porteño con la ocupación estudiantil y una causa abierta.

    En ese entonces, varias voces de la UBA deslizaron sus sospechas sobre la posible decisión de la comuna de Merlo de "crear su propia universidad". Algunos rectores del CIN, por un lado, temen que estas creaciones —que sólo pueden aprobarse por iniciativa de un diputado— vengan de la mano de "ambiciones políticas" de intendentes de algunos Municipios para "tener y manejar su universidad" y en ese caso "designar su gente y sus profesores", sin pasar por los debidos concursos, cuestión que dejaría de lado la "pluralidad de ideas" necesaria en los claustros. Por otro también plantean la falta de "estudio de las necesidades educativas locales" y las "factibilidades de las creaciones" por lo que alertaron sobre la posible "superposición" de carreras y títulos entre casas de estudios vecinas entre sí. Y una tercera posibilidad que plantean los conductores de las casas de altos estudios es que al ser subsidiadas por el Estado, por tratarse de sedes de estudios públicas.

    Temen la posibilidad de que "se congelen los presupuestos para las universidades históricas" y no "se garantice el funcionamiento de las más grandes", que necesitan de mayores recursos por su gran universo de docentes, alumnos y administrativos" y además para "mantener sus laboratorios".

    La profesora e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y ex funcionaria de la secretaría de Políticas Universitarias del ministerio de Educación Mónica Marquina dijo a DyN que "no hay que oponerse a cualquier intento de abrir un nuevo centro de estudios".

    "Lo que hay que ver es si tiene un proyecto académico, hay que consultar al CIN, hacer un estudio de factibilidad para ver si reúne los requerimientos mínimos de calidad, docencia e investigación y no está vinculada un espacio de poder", concluyó Marquina.

Laura Hojman