La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) María José Lubertino, es un personaje que realmente desconcierta.

    Ahora, la legisladora porteña electa presentó un recurso de amparo contra el proyecto de construcción de túneles viales de la avenida 9 de Julio y el proyectado Parque Central Norte, en Recoleta; pero lo más insólito es que asegura que el proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es "para privilegiar el uso del automóvil en detrimento de políticas de inclusión y equidad".

    A veces, con sus actitudes, Lubertino hace pensar que está en el lugar equivocado o que no entiende realmente qué son y para qué sirven los Derechos Humanos.

    Tal es así que ya, en noviembre 2007, Tribuna de periodistas, publicó un artículo titulado: “¿El INADI discrimina? las paradojas de Lubertino” (1), donde se hacía mención, entre otras cosas, a un proyecto de su autoría para que el 40% de los cargos gerenciales esté ocupado por mujeres.

    La funcionaria aseguró, en esa oportunidad, que el proyecto establece un plazo de ocho años, en el que las empresas deberían hacer que el 40% de sus cargos directivos o administrativos estén ocupados por mujeres, un sistema que copia el denominado "cupo femenino" que rige para el ámbito político.

    Según su criterio, el objetivo es para fortalecer "el concepto de paridad entre los hombres y las mujeres, y no en detrimento de los hombres".

    En dicha nota también decíamos que sería bueno que algún asesor de la señora Lubertino le haga saber que este proyecto es, además de contradictorio, discriminador por donde se lo mire.

    En primer lugar, si se trata de equiparar a las mujeres con los hombres, ¿por qué el 40% y no el 50%? Y por consiguiente, la medida es totalmente discriminatoria hacia los hombres que puedan ocupar esos cargos y no lo puedan hacer por el cupo.

    No podemos dejar de lado el hecho de preguntarnos qué pasaría si no existe la cantidad necesaria de mujeres que estén en condiciones o dispuestas a ocupar esos cargos ¿Se pone a la primera mujer que se presente por más que no esté capacitada, por el sólo hecho de cubrir el cupo?

    También señalábamos que los puntos más llamativos y discriminadores son, en primer lugar, el hecho de tratarse únicamente de puestos gerenciales ¿por qué se discrimina a las mujeres que realizan otras tareas de menor jerarquía, como empleadas administrativas, secretarias, telefonistas etc? y también discrimina a otros oficios, profesiones y ocupaciones, ya que si el criterio es equiparar, también se le debería dar el mismo tratamiento a la cantidad de mujeres que desean ser colectiveras, camioneras, árbitros de fútbol, albañiles, trabajadoras ferroviarias, chapistas, mecánicas, periodistas, taxistas u otras actividades donde predominan los hombres; o también, debería ser a la inversa, creando también un cupo para que exista la misma cantidad de maestros jardineros, depiladores o parteros, sólo por citar algunos casos para demostrar lo ridículo del proyecto.

    Como dijimos, el proyecto no es solamente contradictorio, sino que además es discriminatorio y autoritario, ya que insinúa, con el solo hecho de proponerlo, que las mujeres tienen cierta inferioridad y no pueden acceder o ascender a diversos puestos, y esto es realmente inadmisible, especialmente en nuestro país, donde parece que la señora Lubertino no se enteró que en las últimas elecciones presidenciales fue electa una mujer. Es más, en segundo lugar también hubo una mujer, Elisa Carrió.

    Y finalizábamos diciendo que se supone que el INADI trata casos de discriminación, entonces, sería más beneficioso y fructífero que la señora Lubertino, a quien nosotros le pagamos el sueldo, en vez de presentar este tipo de proyectos que para lo único que sirven es para perder el tiempo, se ocupe de la discriminación, por parte del Estado, a los miles de chicos que piden monedas en los semáforos y aspiran pegamento en vez de ir a la escuela, o de la cantidad de familias que duermen en la calle. En esos casos, el Estado ¿no los discrimina?

    Pero hagamos una breve historia de la “trayectoria” de María José Lubertino.

    La funcionaria, titular del INADI, financió con fondos públicos la marcha de transexuales, gays, lesbianas y travestis por el orgullo gay que terminó con pintadas y daños materiales en el edificio de la Catedral Metropolitana, e incluso tuvo un stand durante la marcha homosexual.

    Sin embargo, nunca aceptó la denuncia que dice que los Jubilados son discriminados por el gobierno.

    Gracias a la función pública, María José Lubertino adquirió una casa en la calle Costa Rica al 4400 en el lujoso barrio porteño Palermo Hollywood.

    Dicho inmueble costó la bonita cifra de 835.000 Dólares.

    Otra de las actividades y fuente de ingreso de María José Lubertino es a través de su “fundación” llamada “Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos”.

    Un dato curioso es que la sede de esta “fundación”, que además recibe un subsidio del gobierno nacional, se encuentra en el primer piso de Callao 741, propiedad de María José Lubertino.

    Pero como dijimos al principio, Lubertino tiene una manera muy particular de ver las cosas. En la edición Nª1621 de la revista Noticias, se publica una nota donde dice: “La titular del Instituto antidiscriminación considera que está bien que el Gobierno discrimine a NOTICIAS con la pauta oficial.” Donde Lubertino declara, textualmente: “A veces existe una dinámica absolutamente extorsiva del medio de ustedes con el Gobierno con relación a este tema. Son extorsivos”. “Todo el eje de la discusión de Perfil pasa por si tiene o no pauta.”

    Volviendo al principio, y a la última “originalidad” —por llamarla de alguna manera— de Lubertino, esta vez solicitó la nulidad de la resolución 515/2009 del Ministerio de Desarrollo Urbano, que encomienda a la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA) "las licitaciones para el diseño y construcción de los túneles de la avenida 9 de Julio y el Parque Central Norte".

    En dicho amparo pide, entre otras cosas, que "se realice una audiencia pública para consultar a la ciudadanía", y que los llamados a licitación "violan derechos ciudadanos y mandatos constitucionales y los lineamientos del Plan Urbano Ambiental, omitiendo la presentación del correspondiente estudio de impacto ambiental y su discusión en audiencia pública", además de que con el proyecto de túneles viales se busca privilegiar “el tránsito pasante, ya que no tendría salidas, y correría por debajo de las líneas de subte A, B, C y D”, pero lo más ¿insólito, disparatado, irracional, desopilante? es donde asegura que esta obra es "para privilegiar el uso del automóvil en detrimento de políticas de inclusión y equidad".

    Y como frutilla del postre, agregó: "¿Cómo puede ser que Macri diga que no tiene dinero para el subte y encare un emprendimiento como éste?, Sería un gasto innecesario para los requerimientos que tiene la ciudad”.

    A todo esto, Pablo Tonelli, procurador general de la ciudad, dijo: “Me llama la atención que alguien se oponga a una obra pública para el progreso y mejora de los ciudadanos. Es una lástima que no haya presentado sus objeciones al gobierno de la ciudad para que lo podamos analizar”.

    Evidentemente, lo que no debe saber Pablo Tonelli, es que Lubertino no debe entender mucho sobre DDHH, y mucho menos sobre vialidad y urbanismo, y que su función en el INADI es más o menos como la de la inmensa mayoría de los funcionarios kirchneristas, meramente decorativa.

Pablo Dócimo

(1) https://periodicotribuna.com.ar/articulo.asp?Articulo=3343