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Despenalización de tenencia de drogas

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DESESPERADA CARTA AL GAFI
DESESPERADA CARTA AL GAFI

    En 1974 la ley 20771 —de Represión del Tráfico de Drogas—, sin dudas la mejor y más importante de todas, sancionada el 26 de septiembre de 1974, dos años antes de que la Toxic Substance Control Act  (TSCA) de EEUU de 1976, modificara y perfeccionara la ley 17818/68, aumentando las penas de 1 a 6 años más multa por la tenencia de sustancias psicoactivas y  estupefacientes, aunque fueran para consumo personal. El penalizar la tenencia de drogas, aunque sea para consumo personal, resulta clave en la lucha contra las drogas y contra los narcotraficantes debido a  que los distribuidores proporcionan drogas gratis a gente joven, inexperta y sin recursos y, una vez que consiguen hacerlos adictos, cortan bruscamente ese suministro condicionándolo a que el nuevo adicto acepte hacerse él también nuevo distribuidor y así sucesivamente.

 

    Los tenedores de drogas para consumo personal eran internados en nosocomios especializados para su desintoxicación. Según algunas interpretaciones la ley 20771 contradice el art. 19 de la Constitución. El  autor de esta ley 20771 fue el  Dr Julio C. Gonzàlez, Secretario Tècnico del Presidente Juan D. Peròn y luego de la  Sra Marìa Estela Martínez de Perón, la Presidente de Argentina luego del fallecimiento del Gral Perón en 1974.

    No caben dudas de que en materia de legislación contra drogas y contra el lavado de dinero la Argentina fue pionera en el mundo y se adelantó más de 25 años al siglo XXI. 

    En 1976 la Argentina ratifica por ley 21422 el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes de 1973. En 1977 la ley 21556 modifica la ley 20771 y  prohibe también el consumo  de hojas de coca. En 1978 el decreto 648/78 prohibe el “coqueo” (acción de mascar hojas de coca) y la ley 22415, Código Aduanero, artículo 866,  combate el  contrabando de estupefacientes. En 1979 por medio de  la ley 22.015 se derogó la reserva que el decreto-ley 7672/63 había formulado con respecto a la Convención Unica de Estupefacientes de 1961. También en 1979 y para salvar la controversia creada sobre la interpretación del art 19 de la Constitución Nacional la Corte Suprema de Justicia  a través de una acordada establece que "….no es violativo de la garantía establecida por el artículo 19 de la Constitución la represión de la tenencia de estupefacientes aunque estuviera destinada para uso personal…."

    Sr Presidente, en 1979 fue  creada en EEUU la American Political Foundation (AFP). Tuvo como su primer tarea desarrollar el llamado Proyecto Democracia consistente en pensar y diseñar una Fundación capaz de desarrollar e implementar en las economías emergentes, con la colaboración de socios locales, democracias convenientes a los intereses de los EEUU. El Proyecto Democracia tuvo como antecedente inmediato un informe de 1975 realizado por la Comisión Trilateral (creada dos años antes, en 1973) que alertaba sobre el peligro de  una “crisis de las democracias” por la cual el “funcionamiento eficaz” del Estado podría verse  amenazado por un “exceso de democracia”. En palabras menos confusas esto significa que si  la minoría silenciosa de los EEUU, el 50% que no vota (según un conocido slogan de EEUU “los indigentes no deben votar”) se despertara, quisiera participar de la democracia y quisiera acceder al “sueño americano” que hasta el momento le está vedado, ello  “perjudicaría” el “funcionamiento eficaz” de la “democracia” que habitualmente funciona para incrementar los negocios de las corporaciones y del 50% restante de los ciudadanos que sí puede votar.

    Para las economías emergentes “exceso de democracia” significaba que si la democracia en ellas llegaba a ser real en lugar de ser solamente formal como normalmente sucedía (salvo casos aislados como el del Presidente Juan D. Perón en Argentina) estas economías podrían llegar a pretender ser realmente soberanas y que las materias primas y los metales y minerales de sus territorios geográficos fueran utilizados por sí mismas para la industrialización propia en lugar de ser vendidas a los países industrializados a través de las corporaciones transnacionales y los Tratados de Libre Comercio como sucede en toda democracia formal.

    El 10 de mayo de 1982, antes de ser aprobado por el Congreso de EEUU,  Henry Kissinger presentó el Proyecto Democracia en el Chatam House (Londres), sede del Royal Institute of Internacional Affaires (RIIA), donde fue aprobado. También en 1982 los puntos del Proyecto Democracia fueron discutidos en Washington dentro del ámbito del Inter.-American Dialogue (Diálogo Interamericano), organismo creado en octubre de 1982 por David Rockefeller, Henry Kissinger y Cyrus Vance para atemperar, minimizar y hacer olvidar a fuerza de halagos,  estadías en el exterior,  concreción de buenos negocios y reuniones pagas (incluyendo a políticos y hombres de negocios argentinos), la traición efectuada seis meses antes por  EEUU a la Argentina en la Guerra por Malvinas.

    Esta aviesa y no prevista traición  había generado el repudio generalizado de los gobiernos de Hispanoamérica a EEUU al sentirse burlados como tontos por haber violado EEUU el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que el mismo EEUU impusiera a los países americanos en septiembre de 1947 en la Conferencia Interamericana de Río de Janeiro, y por el cual los países de América debían defenderse los unos a los otros ante un conflicto armado de uno de ellos contra otro país no-americano, independientemente de las causas del conflicto.
    El impensado y no previsto nivel de profesionalidad y poderío de las FFAA argentinas obligaron  a EEUU a  dejar de lado las apariencias y la retórica y violar abiertamente el TIAR para poder ayudar a las FFAA de su tradicional socio comercial Gran Bretaña en problemas y comenzar así un período de  desmilitarización de las naciones de Hispanoamérica.
    En lugar de ponerse  del lado de Argentina, como mandaba el Tratado, EEUU se puso del lado de Gran Bretaña, a pesar de ser un país europeo, junto a todos los países europeos que sí apoyaron sin dudar a otro país europeo, Gran Bretaña. Todos los países europeos impusieron sanciones comerciales y militares (prohibición de venta de armas)  al país americano (Argentina) y EEUU también lo hizo, votando junto a ellos en contra de Argentina en la ONU.  Para intentar resarcir su pésima imagen  con el resto de los indignados países hispanoamericanos, en primer lugar EEUU generó la infantil historieta engañabobos de marketing apta para films cómicos de Hollywood y no para Derecho Internacional, de que  la Guerra por Malvinas no había sido entre un país americano, Argentina, y otro país europeo, Gran Bretaña, sino que en realidad había sido una guerra entre “una dictadura” y “una democracia” (una fantasía inexistente en el TIAR) , una reiterada tendencia de EEUU que fija sus objetivos definiendo 1) qué quiero hacer y 2) cómo se lo presento (cómo se lo “vendo”) a los demás, y en segundo lugar creó, en el 2º semestre de 1982, el Inter.-American Dialogue.
    Según informa el investigador canadiense Daniel Estulín en su libro “La verdadera historia del Club Bilderberger”(Editorial Planeta, 2005) la guerra por Malvinas fue planeada en el Instituto Aspen de Colorado, EEUU, por  Kissinger Associates junto con lord Carrington.
    Un informe sobre el Proyecto Democracia, elaborado por 60 políticos de EEUU  y de Latinoamérica, fue emitido por el flamante Inter.-American Dialogue. El primero de los puntos del informe del IAD pedía  legalizar el consumo privado de drogas. El Proyecto Democracia cristalizó en  noviembre de 1983, un año y medio después de ser aprobado por Londres, cuando el Congreso de EE.UU. aprobó la ley (Nacional Endowment for Democracy Act, NEDA) que reconocía  oficialmente a la NED, la Fundación Nacional para la Democracia, como una Organización No Gubernamental (ONG) privada y proveía el financiamiento de sus actividades con fondos oficiales además de los privados. Luego el presidente Ronald Reagan firmó la “Directiva de Seguridad Nacional N° 77” que asigna a la CIA la instrumentación del Proyecto Democracia (NED) y sus objetivos en los países de Hispanoamérica.
    Obedientemente, los  gobiernos “democráticos” de Hispanoamérica, en un accionar generalizado, despenalizaron el consumo de drogas que estipulaban las legislaciones vigentes en sus respectivos países. En Argentina la NED funcionó satisfactoriamente, ya que en 1986, sólo tres años después  y a cuatro años de Malvinas, durante el gobierno del Dr Raúl Alfonsín, miembro emérito del Inter-American Dialogue, la Corte Suprema de Justicia  negó, contradijo  y violó vergonzosamente su propia acordada de 1979 (de sólo siete años antes)  y “determinó” que  la tenencia de drogas para consumo personal no es delito.
   
El 21-09-89 fue sancionada la ley 23737, promulgada el 10-10-89, actualmente vigente, que  incluye 47 artículos sobre lavado de dinero y decomiso de  bienes y ganancias ilícitas (el art 46 deroga los art 1º al 11º de la ley 20.771), que tipifica la tenencia simple, la tenencia para consumo personal y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y que pena la tenencia personal pero atenúa la pena cuando por su escasa cantidad es evidente que está destinada al consumo personal.
    Al revés que con la ley  20771 de 1974, los consumidores no son detenidos ni internados ni compulsivamente desintoxicados al ser detectados como tales sino que, con leves penas de prisión en suspenso, son “orientados” y/o “prevenidos de los peligros de la droga” (de hecho abandonados a su suerte o a la ayuda de las ONGs, ya que estadísticamente  8 de cada 10 padres, suponiendo familias bien constituídas, no saben tratar ni dialogar con sus hijos el problema de la droga) a fin de reducir el Gasto Público.
    Dado que habitualmente los drogadictos nunca pueden dejar de ser consumidores por sí solos (según estadísticas oficiales sólo el 3% de ellos lo logra luego de diez años de adicción), la cadena de tráfico delictivo no puede ser interrumpida puesto que su adicción y su falta de recursos los deja a merced de los narcotraficantes que les proveen las drogas y aceptan distribuir en pequeñas cantidades a fin de recibir gratis la droga que su adicción requiere.

 

Héctor Bardi

 

3 comentarios Dejá tu comentario

  1. los paises donde se aplicaron estas politicas represivas que afectan mas a los consumidores que a los traficantes (gran evidencia de que son un fracaso total) son curiosamente los paises en donde mas incremento el consumo de sustancias ilegales. ¿no les da verguenza esta farza de articulo?

  2. El traspaso del discurso de seguridad nacional y de la “Guerra contra las Drogas” se produjo en el año 1974 con la sanción de la ley 20.771 que hasta 1989 reguló la cuestión en nuestro país. El proyecto de la citada norma nació en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación que estaba por aquellos días a cargo de José López Rega, quién fue fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), el grupo parapolicial que fue precursor del Terrorismo de Estado en nuestro país. En el mensaje del Poder Ejecutivo mediante el que se remitió el proyecto de ley se expresó en forma muy clara respecto a cual era la naturaleza del bien jurídico a tutelar en la citada norma. Estos dos párrafos exteriorizan la política del gobierno constitucional y luego de la dictadura militar de vincular “droga” con “subversión”, tanto en la oferta cuanto en el consumo de drogas. Según rezaba la exposición de motivos, el control penal de las drogas era necesario para tutelar la “seguridad nacional” y la “defensa nacional”: “el tráfico ilegal de estupefacientes debe ser perseguido hasta su aniquilación”. Esa ley era basura, como toda norma que prohíbe y no soluciona nada de fondo. El negocio de la cocaína no va a desaparecer por una ley.

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