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Tragedia de Cromañón

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¿RESULTANTE DEL CONTEXTO SOCIAL, CONSECUENTE CON LA CONCEPCIÓN NEOLIBERAL REFLEJADA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?
¿RESULTANTE DEL CONTEXTO SOCIAL, CONSECUENTE CON LA CONCEPCIÓN NEOLIBERAL REFLEJADA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

    En pocos días diremos que han pasado cinco años entre las tantas cuestiones que han tenido lugar en torno al hecho, desde el lento proceso de concientización de la magnitud de lo ocurrido hasta la interpretación plasmada en sentencias judiciales que resultaron una nueva herida para los sobrevivientes, familiares y amigos de los chicos fallecidos.

 

     Sin embargo, mas allá de lo jurídico, la trascendencia del hecho ha captado y sigue captando el interés de varias disciplinas, en un intento desesperado por explicar aquello que marcó un antes y un después en la cotidianeidad de nuestra sociedad,  perpetuando la herida abierta de la memoria nacional en torno al desamparo que experimentan cada vez mas nuestros compatriotas.

     El estado de anomia se define como aquél en que las normas sociales se quiebran o desvirtúan y esto conlleva a un colapso que se plasma en la incapacidad por parte del Estado para controlar la alienación de una comunidad o grupo de individuos.

     En la teoría de la anomia se determinan las ausencias de los límites necesarios que deben primar en cada comunidad, ausencias promotoras de diversas anomalías, entre las que cabe mencionar los desvíos conductuales de algunos de sus miembros.

     La clara dicotomía planteada por un neoliberalismo que irrumpe en la década de los noventa ahondando la brecha entre ricos y pobres, entre ideales y medios para conseguirlos, con un adoctrinamiento de frivolidad y acendrada concepción capitalista de ganar o ganar, lo mas que se pueda y a costa de lo que sea, desnuda toda su crueldad en hechos como el analizado.

     El tejido social se socava, la perspectiva de sociedad como conjunto de individuos que tienden progresivamente a la homogeneidad de oportunidades se pierde y el horror se instala como respuesta a tanta injusticia.

     La noche del 30 de diciembre de 2004, se había previsto el recital de la banda de rock “Callejeros” en el boliche República Cromañón situado en Bartolomé Mitre 3066 del barrio porteño de Once.

     Conforme a los testimonios obtenidos a lo largo de toda la investigación, alrededor de las 23 y 30 hs. el grupo musical se aprestaba a brindar el recital y hubo serias advertencias por parte del gerenciador del lugar y del propio líder de la banda en relación a la peligrosidad de los fuegos artificiales, pirotecnia que, paradójicamente, era promovida por el grupo.

     No bien iniciado el mismo, los efectos de una bengala lanzada por alguien del público, dieron origen al desastre. Dicha bengala impactó  de lleno contra unas telas colgantes del techo del local, comúnmente denominadas “mediasombra”, las que comenzaron a incendiarse de inmediato, provocando una humareda que hacía irrespirable el lugar.

     En medio del calor, el humo, la oscuridad provocada por el corte de energía eléctrica y el inexistente espacio entre las personas producto de la sobreventa de entradas que superó ampliamente la capacidad para la que había sido habilitado el lugar, el pánico se apoderó de los concurrentes allí atrapados quienes con desesperación procuraban encontrar una salida y lo único que generaron fue una estampida en la que muchos fueron aplastados, sufriendo lesiones irreversible y hasta perdiendo la vida.

     Las puertas de emergencia, por orden del gerenciador, siempre permanecían clausuradas, y ese día no hubo excepción a la regla.

     Las escenas del horror dieron cuenta de almas solidarias entrando y saliendo del lugar en un esfuerzo sobrehumano para rescatar a los que no lo habían logrado. Los gritos desgarradores de padres y familiares tratando de tener alguna noticia, búsquedas desesperadas, muchas veces infructuosas, terror, ambulancias que no alcanzaban, personal médico, bomberos, paramédicos, policías y voluntarios que no daban abasto, cadáveres apilados en el interior y otros que iban siendo ubicados en fila en el estacionamiento contiguo, sobrevivientes que deambulaban sin sentido producto del pánico, politraumatizados, desmayados, quemados, asfixiados.

     Lo que siguió es más que conocido, por lo que solo resta acotar que de esto nunca se vuelve, quedando ostensiblemente demarcada la línea entre el antes y el después para la sociedad en su conjunto.

     Sin embargo, mucho más allá de todo lo que sabemos sobre tema, cabe preguntarse:

     ¿Cuál es el conjunto de ideas-fuerza que fundamentaron las creencias colectivas en  la sociedad argentina durante el período 1990 a 2004?

     ¿Qué políticas de Estado sostenidas por la corriente neoliberal instaurada en nuestro país en ese período fueron implementadas de manera generalizada?

     ¿Cómo respondió la sociedad argentina ante esas políticas?

     ¿Existe vinculación posible entre las ideas-fuerza influyentes en el colectivo nacional, las políticas de Estado y el suceso conocido como “Masacre de Cromañón?

     ¿Qué elementos de los planteados en la hipótesis anterior fueron los mas predominantes en el desencadenamiento del hecho estudiado?

     ¿Cuáles son los componentes psicodinámicos movilizantes comunes que sostuvieron y sostienen las conductas de los seguidores del grupo Callejeros?

     Al menos, como respuestas preliminares podría afirmarse que el conjunto de ideas-fuerza que fundamentaron las creencias colectivas en la sociedad argentina durante el período 1990 a 2004 fueron probablemente el rendimiento y la productividad trasladadas a la racionalidad y la ideología instrumental-empresarial, basada en la relación costo-beneficio, desde el gobierno para poder implementar el modelo. Privatizaciones para recortar el gasto público sin discriminar los daños sociales relacionados. En lo social se cultivó la idea del fácil acceso a lo material, sin esfuerzo laboral para conseguirlo.

     Las políticas mas distorsivas en materia social de Estado sostenidas por la corriente neoliberal instaurada en nuestro país en ese período fueron probablemente implementadas de un modo mas lesivo sobre los sectores sociales medios y bajos de la sociedad argentina, mientras los sectores socio-económicos altos multiplicaban sus riquezas.

     Es probable que la respuesta de la sociedad argentina ante esas políticas se haya orientado a un “dejar hacer” de los sectores medios en tanto su situación material se estabilizaba, y los sectores mas pobres contaban con planes sociales diversos que los mantenían calmos. Los sectores altos las promovían en consonancia con verse favorecidos en diferentes aspectos tales como prebendas impositivas o negocios sustanciosos con el Estado.

     Probablemente exista vinculación entre las ideas-fuerza influyentes en el imaginario colectivo, las políticas de Estado y el suceso conocido como “Masacre de Cromañón

     Como elementos predominantes es posible considerar todos los constitutivos del paradigma de la sociedad argentina en el período mencionado.

     Los componentes psicodinámicos movilizantes comunes que sostuvieron y sostienen las conductas de los seguidores del grupo Callejeros probablemente sean los encontrados al definir las características de los “jóvenes precarizados”.

     Desde los años 40 y 50, el modelo nacional-popular dominaba los ámbitos políticos, sociales y económicos del país. Este modelo cuidaba a los trabajadores, creando un fuerte sistema de protección de bienestar, dotándolos a los trabajadores de derechos sociales, participación política y elevando su nivel de vida.

     El modelo estatal integrador de estilo nacional y popular, fue el adoptado por nuestro país durante décadas, produciéndose su mayor auge en el período 1946-1955.

     Las características predominantes del mismo fueron: un Estado de fuerte presencia cohesionante a nivel social básicamente por su activo rol en políticas públicas y redistribución de la riqueza; sustitución de importaciones como modelo económico tendiente al desarrollo industrial en todas sus áreas y una sustancial mejora en el reconocimiento de los derechos sociales, cuyo principal ejemplo lo encontramos en la incorporación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional como segunda generación de Principios Constitucionales.

     El desplazamiento gradual de este modelo hacia una feroz economía de mercado o implantación del “Modelo Económico Liberal” a partir de la década de los ’70 con el advenimiento de los golpes militares, empezó a resquebrajar el tejido social, tornándolo inestable en todos sus aspecto, hasta deteriorarlo al extremo deplorable en que hoy se encuentran la salud, la educación, el empleo, la seguridad y muchas instituciones que perdieron la credibilidad de la ciudadanía por su bajísimo índice de funcionalidad y transparencia.

     El primer intento de concentración económica de unos pocos sectores en detrimento de la mayoría tuvo lugar durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón con el Plan del Ministro Rodríguez, mas conocido como “el Rodrigazo”.

     El segundo intento se produjo con el Golpe Militar del 24 de marzo de 1976, donde la orden de exterminio de las clases sociales que se oponían tenazmente contra el modelo de miseria y dominación que se pretendía implantar, se cumplió de manera categórica con el saldo oficial de 30 mil compatriotas desaparecidos, el terrorismo de Estado, el disciplinamiento por represión, y el modelo económico de importación, con un claro objetivo de desmantelamiento de la industria nacional y la apertura de la patria financiera.

     El cierre de centenares de fuentes de trabajo provocó una desocupación masiva y clases medias que pasaban a ser pobres, y pobres que pasaban ser indigentes, a la vez, que el crecimiento exponencial de la especulación financiera  hizo crecer la riqueza de las clases mas acaudaladas.

     Este panorama evidenciaba entonces una brecha cada vez más insalvable entre ricos y pobres, y sus consiguientes oportunidades para acceder a la salud, a la educación y una mejor calidad de vida.

     El retorno a la democracia en 1983, trajo la intencionalidad de volver a la tendencia de igualdad de oportunidades sociales y laborales, esto es, disminuir en parte la brecha entre ricos y pobres cuya profundización había provocado, entre otros males, una inflación ya insostenible.

     Sin embargo, el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, se encontró demasiado débil ante las presiones de los voraces sindicatos peronistas, la amenaza constante de nuevos golpes militares y un país recién salido del pleno caos, por lo que no se logró el objetivo esperado.

     En el marco de esa debilidad, debió anticipar su alejamiento del poder y en su lugar asumió en 1989 un gobierno que autoproclamándose militante de la justicia social, profundizó el modelo liberal bajo la denominación de “Neoliberalismo”.

     Por esa época los índices de pobreza alcanzaban casi el 50 % y la tasa de indigencia se ubicaba próxima al 20 %, por lo que, una de las trampas por las cuales se abrió paso al modelo neoliberal fueron los argumentos de que la forma de hacer política social con recetas del peronismo ortodoxo y metodologías del radicalismo alfonsinista, habían inducido a la situación socio-económico planteada, haciéndose necesaria la implementación del nuevo modelo a efectos de subsanar viejos errores.

     Estos mecanismos resultaban ser el achicamiento del aparato estatal mediante las privatizaciones, lo que hipotéticamente disminuiría el gasto público y la apertura del mercado mediante la proliferación de comercios dedicados al conocido “todo por dos pesos”.

     Este nuevo escenario introdujo además en el imaginario popular, la errada concepción facilista del trabajo sin esfuerzo, el acceso de cualquiera a bienes materiales que, aún siendo burdas imitaciones de poderosas marcas del mercado, permitían la ilusión de volver a posicionarse socialmente a partir de la posibilidad de adquirir diferentes productos o servicios.

     La Argentina de la “pizza con champagne” estaba teniendo lugar, es decir, la alianza de las grandes corporaciones económicas y los gobiernos democráticos, bajo el barniz del populismo que alguna vez supo contener al pueblo.

     En cuanto a los factores socio-económicos determinantes durante el período 1989-1999, encontramos que tanto el  Plan de Convertibilidad consistente en la paridad peso-dólar uno a uno del Ministro Domingo Cavallo, las privatizaciones en el contexto de la denominada “Reforma del Estado”, la disminución de aranceles aduaneros para facilitar las importaciones, la concepción liberal del “Comercio exterior”, la restricción a la emisión monetaria, el incremento de la presión fiscal, la unificación de la Dirección General Impositiva, con la Dirección General de Aduanas y el Sistema de Recursos de la Seguridad Social conforme al Decreto 618/92, en una clara política de beneficio a los grandes Grupos Económicos que se quejaban por tener que pagar demasiados impuestos, reduciéndolos con esta medida a menos de la mitad, inclusive con la implementación de políticas de exenciones impositivas con la excusa de promover ciertas actividades económicas y la determinación de zonas francas, la supresión de los mecanismos de control estatal sobre los mercados, y la apertura a las inversiones extranjeras en Argentina, constituyeron un conjunto de medidas acordes con el objetivo previsto.

     Desde a perspectiva organizacional, la reestructuración del Estado argentino consistió en la reducción del gasto público por ejemplo a partir del traslado de los hospitales a las administraciones provinciales o municipales, pero sin los consiguientes recursos que éstos demandarían, lo que hizo que los gobiernos provinciales y locales aumentaran su gasto sin poder hacer frente al mismo, redundando con el tiempo en la situación crítica  que hoy presentan.

     Asimismo, en el plano de la descentralización administrativa, también se trasladaron gastos de escuelas a las provincias y municipios pero sin los recursos y hubo desregulaciones y privatizaciones de empresas públicas.

     Otro aspecto característico del plan fue la reforma laboral en términos de lo que se conoció como la política de “Flexibilización”, dando lugar a modalidades contractuales que posteriormente integraron el universo de lo que los laboralistas califican como los “Contrato basura”, en claro detrimento de los derechos de los trabajadores que perdiendo la protección que alguna vez supiera brindarles la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, otras normas modificatorias, mas los Convenios Colectivos de Trabajo, se encontraron inmersos en un sistema perverso constituído por normas favorables solo a quienes procuraban su explotación, sin estabilidad laboral, pudiendo perder el empleo hasta sin justa causa, percibiendo salarios magros y no contando con cobertura social de ninguna especie, a la vez que se los obligaba a tributar el nuevo impuesto: “monotributo”.

     El Estado fue entonces perdiendo autonomía en medio de una confusión entre lo público y lo privado, desvirtuándose básicamente su razón de ser.

     Al verse desbordado por la emergencia de la pobreza, debió buscar estrategias de contención social mediante planes de asistencia diversa que solo utilizaba en las poblaciones mas problemáticas en cuanto a su capacidad de movilización y alteración del orden público que pudiera poner en peligro la gobernabilidad. Nacen así el Plan Trabajar, el Plan Jefas y Jefes, los comedores barriales, las cooperativas de trabajo, etc.

     Asimismo, la otra parte del control sobre las poblaciones mas carenciadas estuvo en el conjunto de normas tendientes a reforzar el poder de policía del Estado, criminalizando protestas y reprimiendo cualquier intento de expresar el descontento.

     La economía capitalista mundial se enfrentaba a la crisis más profunda en 60 años como consecuencia de la sobreproducción de mercancías y de la contradicción entre el ansia desmedida de los capitalistas explotando al trabajador y el poder adquisitivo limitado masivo.

     La masiva sobreproducción de bienes y servicios que no encuentran compradores en el mercado, fenómeno que se profundiza por el limitado poder de compra de las clases media y baja, es la causa generadora de la crisis.  Esto se originó en la no planificación de la producción capitalista, la propiedad privada de los medios de producción en manos de un puñado de grandes multinacionales y bancos y su sed desmedida de beneficios a costa de la explotación de los asalariados.

     Esta crisis comenzó a fines de 1998 en los países emergentes de Latinoamérica y Asia que abrieron sus economías al comercio internacional e inversiones extranjeras aumentando así su dependencia externa.

     Se realizó, por un lado, en una reducción generalizada de los aranceles aduaneros a las importaciones más baratas de las potencias imperialistas, lo que llevó a la ruina de un sector muy importante de la economía nacional de todos estos países y, por otro lado, en la privatización masiva de las empresas públicas, que a partir de entonces quedaron en manos de las multinacionales y bancos extranjeros.

     El saqueo de los países latinoamericanos y de otras partes del mundo por parte de las multinacionales agravó aun más las profundas contradicciones que genera el propio capitalismo. El intercambio desigual de mercancías baratas, materias primas y productos semielaborados, producidas por los países menos desarrollados a cambio de mercancías más caras como maquinaria y tecnología, productos elaborados, etc., procedentes de los países capitalistas más desarrollados deterioró fuertemente a las economías de los países más débiles durante décadas, creando las bases para una deuda externa que se tornó cada vez más insostenible.

     Las multinacionales forzaron la caída en los precios mundiales del petróleo y las materias primas aumentando sus beneficios mientras grandes sectores de las sociedades latinoamericanas caían en la miseria absoluta.

     A través del FMI, el Banco Mundial y la OMC, obligaron a los países emergentes a privatizar las empresas públicas. Las privatizaciones implicaron que sectores estratégicos de la economía que mantenían el empleo y permitían ciertas dosis de proteccionismo para el mercado interno, desaparecieran o vieran sensiblemente recortado su peso económico y el número de empleos directos e inducidos que generaban.

     Además, la necesidad de ofrecer condiciones favorables a los inversores como altas tasas de interés, paridad de las monedas al dólar, etc. agravó  el endeudamiento que ya era demasiado elevado de la mayoría de las economías latinoamericanas.

     Los distintos gobiernos de los países emergentes, al adoptar esta forma de economía política, se vieron obligados a abrir los mercados nacionales a los productos que deseaban las multinacionales, a reducir sistemáticamente los gastos sociales y a atacar los niveles de vida y derechos de los trabajadores y demás sectores populares, para recibir la ayuda financiera del FMI. Todo esto preparó el posterior escenario de una crisis económica profunda e inestabilidad política desencadenada en Argentina en 2001.

     Cuando empezaron los síntomas de saturación por exceso de bienes y servicios en los mercados mundiales y se intensificó la lucha entre las distintas burguesías nacionales por coparlos y captar capitales, los países emergentes fueron los primeros en pagarlo. Brasil era el principal comprador de los productos argentinos. El real brasileño se depreció sensiblemente con respecto al dólar mientras el peso argentino se mantenía atado a éste.

     Los exportadores argentinos vieron caer su competitividad y redujeron la actividad y el empleo. Muchos trasladaron sus inversiones al propio Brasil y a otros países. El desempleo crecía vertiginosamente.

     La convertibilidad no fue la causa de la crisis sino un reflejo de la debilidad y dependencia del capitalismo argentino que, a medida que la crisis de sobreproducción que afectaba a la economía productiva iba desarrollándose, la agravaba hasta extremos insoportables.

     El capitalismo argentino estaba entre la espada y la pared: siendo una de las economías que más dependen de capitales extranjeros, para seguir atrayéndolos (o para que no huyesen los que habían llegado), debía mantener la paridad con el dólar e incluso ofrecer tipos de interés cada vez mayores, llegando al absurdo de financiar el pago de los intereses de la deuda con más deuda. La vinculación del peso a un dólar cada vez mas fuerte agravaba tanto este problema como el de la competitividad de las exportaciones.

     Finalmente, el endeudamiento llevó al colapso financiero al Estado y a las empresas porque, además, la profundidad de la recesión durante el 2000 y el 2001 recortaba cada vez más la actividad económica: caída brutal del consumo como resultado del desempleo y los recortes salariales, desplome de la producción industrial y la inversión.

     El resultado de ese colapso de la actividad económica, agravado por la evasión de impuestos y capitales, fue la bancarrota financiera del Estado que se añadió a la crisis de sobreproducción y a la de la deuda.

     La suma de todos estos factores provocó una espiral descendente que llevó a la economía argentina al mayor colapso de su historia.

     El “corralito” fue, inicialmente, un intento de evitar una crisis de liquidez, de dinero cantante y sonante, en los bancos que provocara la bancarrota completa de la economía argentina ante la retirada masiva de dinero de los mismos.

     En la práctica fue un robo descarado del dinero de millones de pequeños ahorristas, capas medias, jubilados y trabajadores, después de toda una vida de esfuerzo y trabajo duro, a los que además se condenaba a cargar el peso de la inevitable inflación y depreciación del peso sobre sus espaldas.

     Esta medida se unía a una precarización en las condiciones de vida de los trabajadores y las capas medias que ya había llegado a límites insoportables.

     Primero, bajo el gobierno peronista de Menem y después con el de la Alianza con De la Rúa se aplicaron las mismas políticas anti-asalariados. Estas políticas provocaron luchas muy importantes de los trabajadores, de los desocupados que organizaron el movimiento piquetero, de los estudiantes, etc. Sólo bajo el gobierno de la Alianza se convocaron ocho huelgas generales que dieron una buena medida de la combatividad y la disposición a la lucha de los trabajadores argentinos.

     La última de ellas el 13 de diciembre del 2001 que tuvo un acatamiento masivo en la industria y el transporte.

     Las elecciones de octubre de 2001 ya evidenciaron el enorme malestar existente. Lo único que por el momento lo mantenía sin explotar era el papel de contención de los dirigentes de los tres sindicatos ofreciéndole al gobierno después de cada huelga general una nueva tregua.

     La principal característica de estas elecciones fue el “voto castigo” (abstención y nulos) de trabajadores, jóvenes y capas medias, que ya reflejaban su enorme descontento con la situación.

     Otro aspecto muy importante de los resultados electorales fue el crecimiento de la izquierda, que en el gran Buenos Aires reunió un 27% de los votos, reflejando la búsqueda de una alternativa revolucionaria por parte de sectores importantes de la juventud y la clase obrera.

     La instauración del “corralito” por el gobierno de De la Rúa y la reducción de salarios, jubilaciones y pensiones, unido al hambre y miseria creciente entre las masas desocupadas, generaron directamente la explosión del 19 y 20 de diciembre.

     El intento de De la Rúa de frenarla mediante la represión y el estado de sitio (hubo 30 asesinados) indignó todavía más a las masas.

     La burguesía argentina, por primera vez en su historia,  veía caer a un gobierno electo como consecuencia directa de una insurrección popular en las calles y tuvo que buscar de apuro  un nuevo gobierno. El desfile de presidentes posterior fue un reflejo de su debilidad, derivada del ascenso revolucionario de las masas.

     Los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre del 2001 no fueron resultado de una explosión de rabia espontánea, y mucho menos un movimiento apolítico de las capas medias limitado a pedir la devolución de sus ahorros, como pretenden algunos; sino el resultado de la combinación de la experiencia de lucha acumulada por los trabajadores y desocupados a lo largo de los últimos años y de la incapacidad de la burguesía argentina para llevar adelante el país.

     En lo que respecta a las ideas-fuerza del modelo noventista, vemos que en el plano de la educación se instalaron ideas-fuerza tales como la eficacia, la eficiencia, el rendimiento, la productividad y se trasladaron la racionalidad y la ideología instrumental-empresarial, basada en la relación costo-beneficio, desde el gobierno para poder implementar el modelo.

     En lo laboral la idea fuerza fue privatizar rápidamente, deshacerse de empresas que eran consideradas ineficientes y generadoras del déficit fiscal y la deuda, traspasando no solo la administración de las empresas, sino a su personal también, de los cuales podían prescindir en cualquier momento dado que el marco regulatorio del trabajo había sido modificado por eso y para favorecer a grandes corporaciones extranjeras inversoras en el país.

     En lo social el modelo introdujo las ideas de “modernización”, de “innovación” de un “Estado mas productivo” a partir de las reformas, de la posibilidad de acceso de la población a la adquisición de bienes y servicios y su consecuente mejora en el nivel de vida.

     Previo a implementarse en Argentina, el neoliberalismo tuvo su prueba piloto en Chile durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet en 1973, en Gran Bretaña y Estados Unidos en la década de los 80´s con Margaret Tatcher y Ronadl Reagan respectivamente.

     La oleada de “golpes de Estado” acaecidos en toda Latinoamérica durante la década de los 70´s tuvo como única finalidad la inserción del modelo neoliberal en detrimento del “Estado de Bienestar”, mediante el denominado “Plan Cóndor”.

     En el Estado de Bienestar, éste cumplía su rol arbitrando entre el conflicto capital-trabajo y de actor preponderante en la economía generando empleo y distribuyendo la riqueza de manera mas equitativa entre las clases mas necesitadas.

     La implantación de este modelo, no solo dejó muertos, desaparecidos, exiliados e incrementó la pobreza y la marginalidad, sino que además se encargó de destruir la industria nacional, redujo el gasto público en salud, educación y seguridad, derivando esos recursos a la obra pública, mayoritariamente innecesaria e inconclusa, malgastando el presupuesto nacional mientras los militares y familias vinculadas a los mismos, se enriquecían con las comisiones cobradas por permitir el ingreso de ciertos grupos económicos.

     Asimismo, se nacionalizó la deuda pública beneficiando a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo sobre quien recayó la misma, se contrajo deuda por empréstitos financieros con un dólar bajo en la intencionalidad especulativa financiera, mientras se derivaban esas rentas financieras a cuentas bancarias del exterior.

     Las clases urbanas y suburbanas eran disciplinadas por inflación y el desempleo.

     En 1989, Carlos Menem asume la Presidencia de la Nación en un marco democrático, elegido por el pueblo, retomando el mismo modelo económico instaurado por los gobiernos militares de facto. Continuó con la política de un dólar bajo, se disminuyeron los aranceles a las importaciones, se promulgó la Ley de Convertibilidad o “un dólar un peso”, se destruyeron varias Pymes nacionales devoradas por los grandes capitales extranjeros  que invertían en el país.  

     Con relación a las políticas públicas tuvieron lugar diferentes fenómenos como la desregulación en el marco de la cual se disolvieron los entes reguladores de precios; la reforma la seguridad social generando hospitales con excelente capacitación pero sin insumos para la atención, la incomodidad de los pacientes de tener que acudir a las 4 de la madrugada a hacer la filas para conseguir turnos con un mínimo de espera de un mes y medio; huelgas del personal medico o administrativo como respuesta a los ajustes en el gasto público; modificación de los convenios colectivos de trabajo; reducción del poder de los sindicatos; normas laborales flexibles para fomentar el modelo y favorecer a los grandes grupos económicos que constituyéndose en monopolios invertían en el país a cambio de prebendas fiscales; la venta de activos nacionales como YPF a empresas extranjeras con ayuda del Banco Mundial, con el objeto de equilibrar el déficit público y contrabalancear la crisis fiscal generada por las exenciones a los grandes grupos económicos, de manera muy rápida y a un precio mucho mas bajo de lo que se cotizaban esas empresas en el mercado.

     La privatización de los servicios públicos como el de telefonía, gas, electricidad, combustibles (petróleo YPF), incrementaron sensiblemente el precio de los servicios provistos.

     En ese contexto, Argentina quedó relegada a ser un "predominio del mercado", suprimiéndose cualquier intento de construcción de alguna forma de Estado-Nación consolidada.

     Esta "democracia de mercado" quiso constituirse como la "etapa superior del capitalismo", la cual, según los ideólogos de la doctrina neoliberal y posmoderna dominante durante los años ochenta y noventa, aseguraría el mejor estadio al cual las comunidades modernas podrían aspirar. Sin embargo, su estruendoso fracaso se hizo sentir con la crisis del 2001 cuando la contradicción capital/trabajo y regulación/planificación - libertad de mercado fue llevada al extremo por el neoliberalismo y lo tornó insostenible.

     De la utilización de la política tradicional por el capital, y del capital por la política tradicional, surge el gran proceso de corrupción en el sistema de gobierno argentino en sus diversos niveles territoriales. Prueba de ello son por ejemplo las grandes multinacionales que en sus países de origen se comportan de acuerdo a determinados valores éticos y legales, obligadas por el contexto de un Estado de derecho relativamente regulador, y adoptan en nuestro país otras conductas ligadas en muchos casos a mecanismos de corrupción tanto económicos como políticos.

     Estas conductas, más difíciles de llevar adelante en los países centrales, son altamente funcionales a la persecución de máximas ganancias  - objetivo este casi excluyente en una empresa dentro de una lógica de mercado -. Esto permite, a su vez, que los grupos políticos tradicionales también se monten en un sistema de corrupción autóctono, con tal que no interfiera, y por el contrario favorezca, este nivel extraordinario de ganancias.

     De esta manera, el neoliberalismo ha llevado al capitalismo en la Argentina a su máxima expresión, convirtiendo en mercancía a la política, un bien de cambio o de uso según convino a la clase gobernante.  

El imaginario social noventista 

     Cornelius Castoriadis fue quién acuñó la expresión “imaginario social” por primera vez, y el mismo es empleado como sinónimo de “mentalidad”, “conciencia colectiva” o “ideología” como forma de designar las “representaciones sociales”.

     En la década de los noventa, este imaginario social se sustenta en un estilo particular de hacer política, donde la ausencia de ley, de límites definidos, como consecuencia de la trasgresión de un sistema de gobierno caracterizado por “los excesos”, produce una sociedad que no encuentra fácilmente un anclaje significante.

     Esto, impide dar cohesión a un universo simbólico y de identidades, terminando esta sociedad, por organizarse alrededor de la devoción de los objetos de consumo, es decir de los  “fetiches”.

     Carlos Menem es elegido Presidente de la Nación por vastos sectores populares quienes lo imaginaban de un modo idealista, como el heredero de los sueños del peronismo de los 50´s vinculado con la “justicia social”, sin embargo, al asumir su cargo hizo lo diametralmente opuesto, confesando con los años que si él hubiera anticipado en su campaña la verdad, nadie lo hubiera votado.

     Menemismo resulta entonces sinónimo de un “hacer política” subordinando los intereses nacionales a los capitalistas de las clases dominantes locales, extranjeras y organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. No se trataba solo de una dependencia externa, sino de una articulación compleja entre los intereses del bloque burgués predominante en Argentina y los de los amos financieros del mercado mundial, que hicieron que aquéllos aplicaran el modelo económico que los intelectuales orgánicos, el "Consenso de Washington”, crearon para remodelar el mundo en función de sus intereses.

     El engaño entonces, se hace operativo gracias a la explotación de los intereses particulares porque nadie trabaja por el bien común, sino para satisfacer sus necesidades personales.

     Los resultados de la democracia capitalista de Menem fueron: un Estado democrático vaciado de toda sustancia real, clientelismo político, un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo, castración del Congreso Nacional, pasividad de la ciudadanía, desorganización y encapsulamiento de partidos políticos y sindicatos, intimidación a la prensa, enorme corrupción gubernamental, ejercicio del gobierno mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia y el indulto a genocidas de la última dictadura militar convalidando la impunidad.

     Durante ese período emerge  una nueva clase social conocida como los “nuevos pobres”, cuyo origen se encuentra  hacia fines de 1980 cuando los sectores medios estaban siendo afectados de manera creciente por las ininterrumpidas crisis y cambios económicos de la era alfonsinista que arrastraba problemas estructurales de sus antecesores de facto.

     Estos sectores empezaron a ubicarse en un proceso de caída que los llevó a tener ingresos por debajo de la línea de la pobreza, y a comienzos de los noventa este proceso se profundizó y quedó mas en evidencia.

     Sin embargo, a causa de la “convertibilidad”, se produce la estabilidad económica y de precios, lo que tranquilizó a la sociedad en su conjunto y dio mayores posibilidades de consumos a las clases medias al poder pagar la adquisición de bienes en cuotas. Esto llevó al consumo desmedido, a una cierta ostentación y seguridad material.

     El concepto de “fetiche” es anterior al estudio antropológico de las religiones en las comunidades denominadas “primitivas”. Muchos grupos tribales creen que ciertos objetos inanimados poseen poderes. Llevado este concepto a la  expectativa de consumo de los noventa, ésta se vio claramente plasmada en el discurso político y social menemista que reivindicaba, además del valor de los objetos, el valor de los servicios en la calidad de vida, por lo que el proveedor de servicios no podía estar ajeno a nuevas formas de consumo de servicios y a una creciente revalorización del cliente, uno de los argumentos que avalaron las privatizaciones.

     Asimismo, tanto los medios como los especialistas en Marketing terminaron por constituírse en nuevos formadores de opinión que orientaron la vida y costumbres de la clase media,  en sus ansias por encontrar patrones capaces de brindar signos de certidumbre frente a un mundo tan desconcertante que amenazaba con excluir a aquellos que no consiguieran adaptarse.

     La cultura del trabajo fue reemplazada por la cultura del consumo sostenido por el crédito fácil y el acceso a productos y símbolos de moda a nivel mundial.

     Dicho consumo no sólo debía hacerse, sino también mostrarse.

     Una parte de la clase media argentina que se vio favorecida por estos cambios en esta década no sólo empezó a consumir bienes estrictamente vinculados con la publicidad sino también con aspectos relacionados a la enseñanza del consumo. Se buscó apelar al deseo excediendo los ámbitos publicitarios mostrando y educando a la sociedad a través de notas reproducidas en medios de comunicación que mostraban estilos de vida construidos a partir del gusto y de ideales de consumo fundados en la imagen o en los envases.

     Este “capitalismo cultural” caracterizado por estas nuevas formas de comercialización, en las que  la relación entre objeto y símbolo se invierte: la imagen no representa al producto, sino que éste representa a la imagen, muestran cómo el capital es acumulado de un modo tal que se vuelve imagen y exhibición. La exhibición funciona aquí como mecanismo de relación entre los sujetos, evidenciando una “sociedad menemista” apoyada por el espectáculo: la “belleza y la juventud”, la “cultura del narcisismo”, incluídas en un contexto social caracterizado por la degradación del trabajo y la búsqueda de satisfacción en el ámbito de la vida privada.

     Es en este contexto empieza un proceso de empobrecimiento general acompañado por el desarrollo de una ideología neoliberal que se dirigía a legitimar el abandono por parte del Estado del cumplimiento de sus funciones básicas, esto es, la prestación de los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, etc.

     Este empobrecimiento no sólo tuvo lugar en términos económicos sino también en términos sociales y éticos ya que la hegemonía de esta ideología fue introduciendo de a poco un estilo de pensamiento basado en la supervivencia del más apto según las reglas del mercado.

     Sin embargo, algunos autores sostienen que aún no existe una explicación satisfactoria de la totalidad de las causas que permitieron  ese enorme retroceso en la voluntad de resistencia a la opresión, y hasta una especie de complacencia masoquista con ella, la falta de crítica al discurso de la utopía creyéndose ingenuamente contar con todas las respuestas y posibilidades y libertades para elegir. El imperativo del “gozar” superó ampliamente a la moral basada en el sacrificio. Carentes de ideologías e ideales, los sujetos pasivos de la década se dejaron llevar por el goce del consumo en un conformismo del “todos roban, pero éste al menos nos deja gozar”.

     Como corolario a esta forma de pensamiento la sociedad se volvió mas violenta, mas pobre, mas impune, con mayores índices de víctimas de delitos, un incremento alarmante de  drogodependientes, bajísimo nivel educativo, un agonizante sistema de salud e impunidad (Continuará).

Nidia Osimani

 

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