Aunque ahora busque relativizar sus dichos, Martín Redrado amenazó con dar a conocer “las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares” o, visto desde un costado menos simpático, de aquellos que mientras aplauden por un lado, por otro fugan divisas del país. Es obvio que la explosión de Redrado, que sucedió menos de una hora después de haber digerido un clip televisivo que le dedicó la televisión pública el domingo por la noche frente a la sonrisa mordaz de Néstor Kirchner, ha sido toda una apretada política hacia el Gobierno, o si quiere moral, antes que penal, como para demostrar que el espíritu “noventista” que recién ahora se le descubre a él también está presente en muchos kirchneristas de doble estándar.

Lo que ha pasado también es que, en la suma de desaciertos sobre este caso, basados en la idea de que el presidente del Banco Central es equiparable a un ministro, desde el Gobierno, incluida la Presidenta de la Nación, se le ha dado tanta trascendencia al asunto de la eventual denuncia del otrora hijo pródigo, que se ha contribuido a sumarle a las declaraciones una connotación penal que no parecía tener en origen.

Las palabras “encubrimiento” o “mentiras” en boca del jefe de Gabinete, por su parte, han buscado desactivar tardíamente la bomba con la que amenazó Redrado, lo que el ministro Amado Boudou ha calificado como un “mensaje mafioso”. En el Gobierno son conscientes que el ahora despreciado “golden boy” no se va a atrever a vulnerar el secreto bancario ni mucho menos a acusar de ilícitas las operaciones que se cursaron con la anuencia de la autoridad monetaria, ya que la estantería se le vendría en contra.

Tamaña ofensiva verbal se explica únicamente, entonces, desde el costado de embarrarle ideológicamente la cancha al Gobierno, y sobre todo a aquellos que mientras hacen gala de kirchnerismo explícito para agradar al matrimonio, se ocupan de manejar sus negocios bajo la más pura tradición argentina de hacer convivir a empresas pobres con empresarios ricos. Así se construyó Punta del Este.

En la Argentina no es delito comprar hasta cierta cantidad dólares, con CUIT o documento en mano. Los márgenes están determinados por circulares del Banco Central y las empresas y los individuos pueden hacerse de hasta dos millones por mes, con algunas excepciones que permiten saltar este tope, aunque en ocasiones el propio BCRA ha pedido aclaraciones cuando las operaciones superaban los 100 mil dólares, sólo para ensuciar la demanda de quienes buscaban atesoramiento o girar dividendos.

En tiempos de graves turbulencias cambiarias (pelea Gobierno-campo, fin de las AFJP, crisis subprime y elecciones 2009) el Central de Redrado encabezó operativos conjuntos con la secretaria de Comercio Interior y la AFIP destinados a “convencer” a compradores voluminosos para que gradúen sus operaciones o para que directamente las cancelen.

Por las infracciones cambiarias a estos topes, el BCRA prevé sumarios y el Régimen Penal impone multas o penas de hasta ocho años de prisión.

Sin embargo, nadie irá preso. Ni siquiera el propio Redrado. Un allegado al funcionario a plazo fijo confirmó que, con sus declaraciones, éste había asumido una postura política, ya que “de haber tenido pruebas de algún ilícito, el Central tendría que haber recurrido a la Justicia”, argumento en línea con el que la Presidenta se despachó a gusto contra las mortificaciones de quien fue, durante cinco años largos, uno de los economistas de cabecera del matrimonio.

Hugo E.Grimaldi
DyN