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Allá por el año 2006, varios medios independientes hablaban de una seria posibilidad de que la entonces primera dama y futura candidata a presidente padeciera una alteración mental conocida popularmente como “Trastorno Bipolar”.
Desde los estamentos del poder, se descalificó a todos y cada uno de aquellos que sugirieron aquella alocada posibilidad, al igual que el título de abogada, la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner pasó a ser tema prohibido para todo el mundo, incluido todo el arco opositor. Hoy, con una serie interminable de exabruptos y medidas rayanas con la demencia, son muy pocos los “kirchneristas puros” que apostarían una moneda —aún de la mal habida— a los resultados de un peritaje psiquiátrico que certifique la lucidez absoluta de la Presidente. Los más cercanos se hacen los distraídos y aquellos que no pueden eludir una respuesta —caso de los ministros Florencio Randazzo y el verborrágico Aníbal Fernández— recurren a explicaciones que son verdaderas faltas de respeto a la inteligencia de la ciudadanía; también a una oposición que peca de tibia, con la excepción de Elisa Carrió.
Que se deben guardar las formas es entendible y además correcto, pero es innegable que estamos ante delitos penales concretos, cometidos —y a cometer en el corto plazo— con enorme perjuicio de toda la ciudadanía. Por eso, para el bien de todos los argentinos, resulta vital que tanto legisladores como jueces, acepten abandonar las prácticas burocráticas, dejar de lado la tibieza y el no compromiso para trabajar en forma conjunta los poderes Legislativo y Judicial a efectos de analizar las conductas de muchos miembros del poder Ejecutivo actual y varios ex funcionarios. Es imperativo revisar también la conducta de varios jueces y fiscales, principalmente del Fuero Federal que operaron, acompañaron y avalaron serios delitos en franca connivencia.
Esta situación, por su urgencia y sus características de avasallamiento —guardando las diferencias— nos recuerda aquel episodio del desembarco Inglés en Malvinas, cuando del buque hospital “Uganda” los ingleses descargaban tropas pertrechos y hasta tanques de guerra, mientras nuestro canciller, el recordado Nicanor Costa Méndez, reclamaba airadamente ante la OEA y nuestra Inteligencia sacaba fotos.
Entre las mil y una especulaciones que ensayan los ex “K”, hay una que por descabellada no deja de ser compatible con las conducta del sector. La estrategia consistiría en instalar en un sector de la población la idea de un complot para destituirla, en medio del continuo avance sobre los otros poderes. La mecánica consiste en darle mucha exposición, continua acusación a todos los sectores, victimización y queja en cada paso, y ante cada micrófono.
Asimismo, se quiere instalar entre la gente humilde la loca pretensión de que, tanto la Constitución de 1853 como la reforma de 1994, fueron creadas para obstaculizar su acción de gobierno. El rol de niña caprichosa, presidiendo una República, pero exigiendo la suma de los poderes públicos, como si se tratara de la jefa de una tribu, a instancia de declarar enemigo de la patria a quien lo objete. Esto la ubicaría cómodamente en la categoría de inimputable, y bajo este paraguas jurídico, trataría de salvar las responsabilidades del ciudadano argentino-alemán Néstor Carlos Kirchner, a la vez que intentaría asumir para sí todos los delitos cometidos durante ambos mandatos.
El matrimonio, sabe sobradamente que, durante toda su gestión, a fuerza de atropellos y arbitrariedades, acumuló tantos enemigos como dinero. También sabe que hoy, con la nueva composición de ambas Cámaras Legislativas y con algún asomo de valentía por parte de varios jueces y fiscales que ahora se animan, tienen dos cuasi certezas: la primera, es que, como vienen gestionando, no llegan al final del mandato; la segunda, que tienen muy serias posibilidades de terminar presos; por eso el plan para la salida ya estaría en marcha.
Los próximos pasos a seguir, consistirían en acentuar las violaciones a la Constitución Nacional en forma cada vez más reiterada y torpe, para obligar a la oposición a promover el juicio político. Por allí podría aparecer documentación (historia clínica) de la que se hablaba en el año 2006 que certificaría la enfermedad de la presidente logrando así ser destituida, para luego refugiada en su insania salir indemne de la responsabilidades por los delitos que se le imputan.
Carlos Morán
