Como paradoja en este país autodefinido como “federal”, donde todo sucede o transita en Buenos Aires, pareciera que en los preocupantes y persistentes conflictos docentes en varias provincias, algunos gobiernos también estarían dispuestos a “bajar” a la Capital a pedir la resolución del problema.

Por estos días, también funcionarios y sindicalistas docentes de Tierra del Fuego tuvieron que sentarse a negociar con el ministerio de Trabajo nacional de por medio, para llegar a un acuerdo -imposible en la Provincia- y empezar el año lectivo.

Gobiernos como Jujuy, Neuquén y Tierra del Fuego, casualmente donde tienen lugar las más fuertes huelgas docentes, en algunos casos sin inicio de clases desde hace dos semanas, hicieron los cálculos del monto que representan los pedidos de mejora salarial de los sindicatos, y argumentaron que “no es que no queremos, no podemos”.

Gobernadores y ministros de Educación y Economía provinciales aseguraron que sin el auxilio financiero a la Nación, no podrán satisfacer los reclamos del magisterio, que afecta también a miles de chicos y jóvenes argentinos, de escuelas públicas y privadas, que se ven impedidos de su derecho a educarse.

Esta suerte de “honestidad brutal” sería impensada dos décadas atrás, cuando los gobernadores vivían alineados al reparto de la coparticipación federal, según contaban supeditada a la aplicación de la cuestionada reforma educativa, entre otros “deberes”.

Llegó a necesitarse la sanción de un fondo especial de recursos para 11 provincias, mayormente del noroeste, NOA, y el noreste, NEA, argentinos para atender la aplicación de la reforma, la capacitación docente y las mejoras salariales, en esas provincias históricamente abandonadas y autopostergadas, en muchos casos.

Hoy, algunos funcionarios de esas once provincias y de otras que no integran ese Fondo, cuestionan que ese monto de recursos por “insuficiente”, para mejorar los salarios ante el costo de vida que afecta a los maestros, muchos de ellos mujeres y jefes de familia.

La reciente pauta o “piso” salarial que fijó la paritaria nacional para el maestro se inicia, de 1.740 en marzo y 1.840 en julio, no logró sin embargo emprolijar y corregir las desigualdades y dispersión salarial que persiste en el país.

El problema no es ese “piso”, que las provincias patagónicas ya lo superaron largamente por el costo de vida en esa región y también en casos como Santa Fe, que lo fijó en 1.800 pesos el inicial en 2009.

El verdadero “nudo” continúan siendo los diversos sueldos básicos, ese laberinto de escalas que subsiste con sumas remunerativas, no remunerativas, bonificables, remunerativas y no bonificables y que siguen produciendo las desigualdades.

Por ejemplo, el sueldo básico actual del maestro en Jujuy es de 591 pesos, y se pidió llevarlo a 691 pesos, cuestión que el gobierno de Walter Barrionuevo no lo puede otorgar sin dinero fresco de Buenos Aires.

Sus vecinos, los docentes de Salta, alcanzaron un básico de 840 pesos en marzo, mientras que a nivel nacional supera los 1.200 pesos.

Respecto al conflicto de los docentes neuquinos de ATEN, que realizan paros semanales, el secretario de Educación provincial Ernesto Seguel señaló que el aumento del 30% que reclaman implica “1.000 millones de pesos adicionales a la masa salarial”.

Agregó que “la alternativa que nos queda en un momento en el que estamos tratando de sanear las cuentas es la ayuda del gobierno nacional que ya estamos tramitando”.

Varias jurisdicciones están a la espera del Plan de Asistencia Financiera (PAF), que todavía no fue aprobado para ninguna provincia y, en el caso de Neuquén, implicaría un respiro de 500 millones de pesos.

En ese marco, los 25 ministros del Consejo Federal de Educación (CFE), que encabeza Alberto Sileoni, planeaban firmar un compromiso en su próximo plenario en esta Capital, a fin que en los casos en que no se garanticen los 180 días de clases por huelgas docentes, se descuenten los días a los maestros.

Pareciera que esta medida no va a prosperar, en este marco de reiteradas visitas de funcionarios a Buenos Aires en demanda de “salvavidas” financieros, para garantizar el dictado de clases.

Laura Hojman
DyN