Mientras la Nación celebra acuerdos de pisos salariales anuales con las federaciones docentes de representación en el país, los gobiernos provinciales y los sindicatos locales de las 24 jurisdicciones hacen sus pactos, con fuertes tironeos, muchos al filo del inicio del año lectivo.

En realidad, la discusión "fina" se da en las provincias, es decir donde están los gobiernos que tienen escuelas, alumnos y pagan a los docentes y fijan las condiciones laborales.

Y de allí partieron en estas semanas de aceleradas negociaciones salariales en las 23 provincias y la Capital algunas quejas de funcionarios, algo elevadas de tono, en el sentido de que "la Nación dispone que se hace con los maestros con nuestros dineros".

Al respecto, la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Educación, Alberto Sileoni, reiteraron con cierto aire pedagógico que "el gobierno nacional fija el "piso" de lo que un maestro que se inicia debe ganar en todo el país" y no menos de eso.

Los 1.740 pesos de marzo y los 1.840 pesos para julio de este año son los haberes mínimos del maestro de grado e inicial sin antigüedad, a pesar de que en muchas provincias -Santa Fe, y las patagónicas- ya había sido superado.

La paritaria con el ministro de Educación nacional y los cinco sindicatos de representación en todo el país comenzó en octubre, y discutió no sólo la pauta salarial sino la conformación de las sumas del sueldo y las condiciones laborales y de la aplicación de la reforma del nivel medio.

Pero, ¿quiénes tendrán a su cargo otorgar las mejoras, debatir la nueva escala salarial, las sumas "en negro" del sueldo, la aplicación de la nueva escuela media, el nombramiento de los miles de cargos docentes que se necesitan?, por supuesto que las provincias.

Los docentes de cada jurisdicción son quienes conocen sus necesidades, el estado de las escuelas, el costo de los alimentos, del transporte, de los materiales didácticos que muchas veces compran.

Respecto a este tironeo, algunos mandatarios locales cuestionan: "Doy un 23 por ciento de aumento y se me vienen encima el resto de los estatales", o "si el Estado auxilia sólo a 11 provincias del NEA y del NOA para que puedan pagar los aumentos, por qué no atiende otras situaciones cuando hoy estamos todos mal", sostienen otros.

Tras el acuerdo del mínimo salarial en la segunda quincena de febrero en la paritaria nacional, los sindicatos docentes de las jurisdicciones cuestionaron en primer lugar la "demora" con que se abrieron las mesas de negociación provinciales.

Desde el sindicalismo docente, la ex secretaria General de CTERA y ex diputada nacional Marta Maffei aseguró a DyN que en Argentina "nunca se logró un mecanismo de fijar el mínimo salarial sin conflictos, porque es necesario que el Estado nacional aporte más recursos y se revea el sistema de Coparticipación Federal".

Al respecto consideró necesaria una nueva fórmula. "Que el Estado nacional aporte el 60 por ciento y las provincias el 40%", dado que actualmente es a la inversa y además que "las jurisdicciones deciden muy poco".

Maffei también pidió "separar" del presupuesto educativo a las universidades que "se llevan el 68% de los recursos y para pagar los salarios, en detrimento de los otros niveles educativos que también hay que atender".

Y al igual que la actual titular de CTERA Stella Maldonado subrayó la urgencia de "pensar en un nuevo mecanismo de financiamiento educativo, ya que la Ley vencerá en diciembre".

Laura Hojman
DyN