La lucha contra la pobreza y la exclusión social es y debe ser una política de Estado, ése es el gran desafío que la Iglesia pretende inculcar a la dirigencia argentina de cara al Bicentenario patrio, que sitúa en el período 2010-2016.

Por esto, los obispos católicos exigen la sanción de leyes, y no sólo decretos, tendientes a privilegiar la contención social de los sectores más vulnerables, el empleo digno, una educación “para todos” y una más justa distribución de la riqueza.

El reclamo volvió a hacerse oír esta semana en la audiencia que la cúpula episcopal encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio mantuvo con la presidenta Cristina Fernández.

Apenas un gesto de convivencia y diálogo, para dar un ejemplo en medio del clima de confrontación permanente, que dicen los obispos advertir en la clase política.

Un ideario jubilar fundamentado en el diálogo, la justicia y la solidaridad, y no de intereses partidarios o sectoriales, que la Iglesia también transmitió a la Corte Suprema, pero en particular a Julio Cobos y Eduardo Fellner, titulares del Senado y la Cámara baja, respectivamente.

Esa preocupación de la Iglesia por la situación social y por el rol legislativo está grabada a fuego en el último documento “La patria es un don, la nación una tarea”. El mismo que Bergoglio le entregó en mano a Fernández de Kirchner.

“Es el momento de privilegiar la sanción de leyes que respondan a las necesidades reales de nuestro pueblo, y no de detenerse en opciones fijadas por intereses que no tienen en cuenta la naturaleza de la persona humana, de la familia y de la sociedad”, reclamaron los obispos en esa declaración del 10 de marzo.

Pero quien enarbola ese objetivo es precisamente uno de los autores del texto episcopal, el obispo Jorge Casaretto, titular de la Pastoral Social, quien considera que “ninguna” ley puede ser más importante que la discusión para luchar contra “el gran problema” de la pobreza, que insiste en juzgar “escandalosa” en el país.

El prelado ya alertó esto en pleno debate por la ley de Medios, que finalmente pudo imponer el gobierno, y lo volvió hacer ahora en medio de la puja legislativa-judicial por los DNU.

No obstante, Casaretto prefiere no insistir en la polémica por las estadísticas de la pobreza, que él mismo abrió el año pasado cuando alertó que rondaba el 40 por ciento, muy lejos del 15 por ciento que afirmaba el gobierno tomando como base los datos del Indec.

Para el obispo la deuda social está pendiente, pero sobre todo vigente.

“El tema de la pobreza merece un paquete de leyes que garanticen políticas de Estado y pongan en marcha políticas sociales, educativas y de empleo”, asegura Casaretto. En tanto, el Gobierno esgrime como un éxito de su gestión el decreto presidencial para extender la asignación familiar por hijo. Una decisión para luchar contra la pobreza bendecida por la Iglesia, aunque con reparos.

Los obispos se quejaron en noviembre de que haya salido por decreto, y no por ley. Un síntoma, dijeron, de que la Casa Rosada tiene, una vez más, dificultades para dialogar y lograr consensos.

Casaretto dijo entonces que el marco institucional de una ley hubiera contribuido a avanzar en una política social que trascienda al gobierno de turno.

Sin embargo, el beneficio es altamente valorado por la Iglesia, que ahora, al igual que la Amia, sumó a uno de sus referentes -Gabriel Castelli, director nacional de Cáritas Argentina- a un equipo de estudio, conformado en el Ministerio de Desarrollo Social para mejorar la aplicación de esa asignación.

Empero, la intención de colaborar de la Iglesia pueden volver a chocar con los apuros del Gobierno, que no descarta, trascendió, dictar otro decreto para modificar el plan de asignación universal, a fin de incluir como beneficiarios a los monotributistas de las categorías más bajas y al personal temporario. 

Guillermo Villarreal
DyN