La negativa oficial a reconocer el proceso inflacionario que se viene perfilando desde fines del año pasado ya es cada vez más difícil de sostener. La admisión de una realidad inocultable ya no es patrimonio de consultores y políticos de la oposición, sino que incluye a oficialistas como Hugo Moyano, José Pampuro y Juan Manuel Urtubey, con lo que el engaño queda más en evidencia.

Después de más de tres años de falsificación estadística, cualquiera dispone de los argumentos que el propio gobierno le sirve en bandeja. Acaba de degustarlos el vicepresidente Julio Cobos, quien parece olvidar que no tuvo problemas en aceptar su candidatura a mediados de 2007, a sabiendas de que la información de la Dirección de Estadísticas de su provincia estaba siendo alterada por el mismo espacio político que aceptaba representar: en cuestión de pocas horas, la inflación de Mendoza se transformaba del 3,1 al 1,5 por ciento por obra y gracia del INDEC.

Obviamente que a la hora de criticarlo, el ministro Florencio Randazzo no pudo traer a colación esa situación. Y no sólo por razones políticas. Prefirió condenar su irresponsabilidad, al tiempo que insistió en negar la existencia de la inflación. Lo hizo el 1 de abril, fecha celebrada en Brasil y Portugal como "Día de la Mentira".

El patético festival de eufemismos en el que los voceros del Gobierno salen a reemplazar "inflación", la palabra tabú, por "reacomodamiento", "tensión", "readecuación" más los próximos hallazgos que seguramente saldrán a luz con el trascurso de los días, plantea el dilema acerca de si el propósito es desalentar mayores expectativas inflacionarias -todos los gobiernos se valieron del mismo recurso, aunque de una forma muchísimo menos descarada-, se encuentran en tal estado de confusión que creen sinceramente en lo que dicen o, simplemente, mienten.

La tercera de las opciones tiene su mejor base de sustentación en los 38 índices mensuales de precios al consumidor que el INDEC viene dando a conocer desde enero de 2007, momento en el que se dio el puntapié inicial de la destrucción del sistema estadístico nacional. Para evitar caer en otra serie de eufemismos como "manipulación", "intervención" o "alteración", nada mejor que citar sin ningún aditamento el artículo 17 de la ley de creación del INDEC: "los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración y sufrirán además las sanciones que correspondan conforme con lo previsto por el Código Penal".

De cara a las negociaciones paritarias, tanto los trabajadores cuanto los empresarios -obviamente desde diferentes perspectivas- chocan con el mismo dilema: al no contarse con una medición oficial fidedigna de la inflación en el país, se torna más que difícil saber a qué pauta de incremento salarial atenerse. Con el 23 por ciento acordado por los docentes o el 23,5 por ciento de los bancarios, ¿los trabajadores ganan, pierden o salen "hechos"? La comparación de esos porcentajes con los que el INDEC presenta como la inflación real carece de sentido, a no ser que se admita que en los últimos tres años los trabajadores tuvieron un espectacular incremento de su poder adquisitivo y los empresarios accedieron gustosamente a otorgar incrementos salariales que triplicaron el aumento de precios.

Pero con reconocer que los números oficiales no son creíbles no alcanza, si no se sabe a ciencia cierta cuáles de los cálculos privados son los más confiables o más cercanos a la realidad.

Sobre la base de las estimaciones de varias consultoras, hace ya bastante tiempo que se impuso como una verdad revelada que la inflación para todo 2010 rondará el 25 por ciento. Es el "porcentaje mágico" que repiten a diario analistas y políticos, a quienes convendría realizar algunas advertencias al respecto.

En primer lugar, no se entiende cómo en un proceso de aceleración de la tasa mensual de inflación (reconocido hasta por el propio INDEC, a juzgar por las cifras de los últimos cuatro meses), la proyección para todo el año se mantenga inalterable. Desde octubre de 2009, cada mes cerró con una inflación mayor a la del anterior, en un marco de tal aceleración que para todas las consultoras el índice de febrero fue por lo menos el doble que el de octubre del año pasado.

En este caso resalta la progresión indicada por Buenos Aires City, cuya responsable del área estadística es Graciela Bevacqua, la primera desplazada por la intervención en el INDEC: 1,3 por ciento en noviembre, 1,8 en diciembre, 2,3 en enero y 2,9 por ciento en febrero. Ese cuatrimestre anualizado da una inflación del 27,9 por ciento, pero el porcentaje podría ser mayor si se tiene en cuenta la tendencia ascendente que se da mes a mes. Si se tomara el trimestre diciembre-febrero, la tasa anualizada sube al 31,9 por ciento, con el primer bimestre de 2010 alcanza al 36,1 y con febrero al 39,8 por ciento.

La seguidilla de índices en ascenso muestra otro elemento preocupante en el hecho de que febrero tuvo en todos los casos (INDEC incluido) un porcentaje superior al de enero, a contramano de la tendencia de la serie histórica que refleja un descenso de un mes al otro por cuestiones estacionales. Las excepciones del último cuarto de siglo fueron 1989, 1991 y 2002. En el primer caso, se desembocó en una hiperinflación que llegó a los cinco dígitos. El segundo fue frenado por el plan de Convertibilidad y el tercero fue la consecuencia inmediata de la devaluación y la espiral inflacionaria fue "corregida" mediante una brutal reducción del salario real, el canje de depósitos bancarios por bonos a cinco y diez años y la caída más profunda de la actividad económica que se haya registrado.

Como atenuante, debe indicarse que los porcentajes de la actualidad se encuentran afortunadamente lejos de todos los casos citados, en especial de los dos primeros. Como agravante, en esta oportunidad el Gobierno no reconoce -o dice no reconocer- el problema. Ya no se trata de si las políticas son las adecuadas o no, sino de desconocer la existencia de la inflación, al punto de no querer pronunciar la maldita palabra. Y si el problema ni siquiera es admitido, difícilmente pueda ser solucionado. Más que a Keynes, sería conveniente recurrir a Freud.

Marcelo Bátiz
DyN