Desde que el diputado Alejandro Rossi se animó a hacerse cargo del proyecto de ley para exigirles a los jueces rendir exámenes de aptitud, la batalla contra la Justicia se hace cada vez más cruenta, evidente y desembozada.

Desde el punto de vista de la técnica legislativa, ese proyecto es un engendro propio de quien ignora y desconoce los lineamientos básicos de esa disciplina, pero sí demuestra el atropello al que están dispuestos a llegar desde el kirchnerismo envalentonado por la ya destruída oposición en el plano legislativo.

En efecto, de aquella derrota del 28 de junio el kirchnerismo se recuperó como el Ave Fénix y hoy inclusive manda tanto en el Senado cuanto en Diputados. En la Cámara Alta tiene en jaque a su presidente provisional cuestionado permanentemente inclusive en el plano judicial, con batallas y escarceos ajenos a la política, reclamando a viva voz la renuncia del Presidente de la Nación, cosa nunca vista en nuestro país. Ello es consecuencia no de la judicialización de la política sino de la politización de la justicia, ya que todos los gobiernos, en mayor o menor medida, utilizaron como ariete a algunos miembros genuflexos del Poder Judicial: aquí se neutralizan decisiones ejecutivas o legislativas echando mano de algún magistrado amigo, y a los opositores se los contiene “y convence” con causas penales y con declaraciones de insania si fuere menester.

La técnica aniquiladora cuenta también con la utilización del Consejo de la Magistratura tanto para nombrar jueces complacientes como para eyectar a magistrados díscolos, y también ahora se puso en funcionamiento el disciplinamiento a través del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que es el órgano que maneja y controla la matrícula de los letrados, y su Tribunal de Disciplina, a las órdenes de quien se encaramara como presidente de ese Colegio, un impresentable que se codea con Aníbal Fernández, Diana Conti y otros ultrakirchneristas, ha encomendado la sistemática persecución de abogados que perturban a sus amos y cómplices, imponiendo sanciones y multas disuasorias.

Pero lo que es aún peor es que muchos jueces se prestan a este perverso juego, así el juez Bonadio al considerar mi denuncia contra la diputada kirchnerista espada en el Consejo de la Magistratura “liviana” pues sostuve que cometió apología del crimen y faltó a la ley de ética en la función pública al declararse stalinista, no sólo desincriminó su conducta al sostener que estaban dentro del derecho a la libre expresión, sino que me denunció ante el Colegio de Abogados sosteniendo que en mis denuncias “copiaba y pegaba” noticias aparecidas en distintos medios de comunicación, como si eso fuera suficiente para ignorar la noticia del crimen. Viene al caso decir que he promovido denuncias contra Néstor y Cristina Kirchner, Paco Larcher, Ricardo Jaime, Romina Picolotti, Julio de Vido, Aníbal Fernández (una de ellas cuando desobedeció abiertamente la orden del juez Sudera en el marco del conflicto del Sindicato de Aeronavegantes), los 4 secretarios privados K por el sideral aumento patrimonial que reconocieran en sus declaraciones juradas, además de las relacionadas con inconductas del piquetero oficialista Luis D´ELIA y la incalificable Hebe de Bonafini (tanto por librar cheques sin fondos como por sus constantes diatribas incitando a la violencia), entre otros miembros de la banda kirchnerista.

Ahora esa misma técnica persecutoria a través del control de la matrícula, hallaron los miembros de la Sala II de la Cámara de Casación Penal cuando, al rechazar el planteo de los notorios abogados de la Sra. Herrera de Noble, dueña de Clarín, dejando firme la decisión del juez Bergesio para que los hijos adoptivos comparen sus muestras de ADN con todas las muestras existentes en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand y no únicamente con las de las dos familias reclamantes de su identidad, en que los envió al Colegio de Abogados por –supuestamente- cometer prevaricato al defender los intereses de los hijos y ejercer la defensa técnica de la señora de Noble. Baste decir que esos letrados son unos de los más idóneos y reconocidos en la profesión, siendo evidente la presión y persecución en ciernes, más aún cuando “el art. 5 de la ley 23187 dice que “El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto que se le debe”, lo cual parecería ser letra muerta para estos jueces.

Para completar la tríada, la Procuración Fiscal de la Nación, a travaés de su titular el Procurador Fiscal Esteban RIGHI, prohibió a los fiscales avanzar en causas en las que se involucran a funcionarios del oficialismo, llegando al extremo –impensado en otras épocas democráticas- de prohibirle, por escrito, al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas que se inmiscuya en los expedientes vinculados a los funcionarios clientes del Estudio Jurídico regenteado por el hijo y la esposa del Procurador General, lo cual motivara la renuncia indeclinable del Dr. Manuel Garrido dejando a cargo al Dr. Noailles, aquél que no apeló la decisión del juez Norberto Oyarbide en que sobreseyera al matrimonio presidencial en la causa por enriquecimiento ilícito.

Del Dr. Taiano sólo recordaremos que fue el único Fiscal que no apeló en tres oportunidades consecutivas las decisiones desincriminatorias de los Kirchner, pero en los tribunales es conocido su afán persecutorio cuando investiga a personas comunes, es decir, sin el bill de inmunidad que les confiere ser funcionarios del oficialismo, en cuyo caso aplica la ley hasta las últimas consecuencias más gravosas.

El Viejo Vizcacha, en sus consejos a Martín Fierro, le decía algo así como: la ley, como las telarañas, atrapa a los débiles y se rompe frente a los poderosos, traduciendo en palabras simples una invariable verdad, por lo menos en la Argentina de hoy.

Así como el Diputado ROSSI, hermano del Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso Nacional, pide exámenes a los jueces, cada 4 años so pena de enjuiciamiento por desconocimiento de la ley, mutatis mutandis correspondería a todos los legisladores y funcionarios puestos “a dedo” rindan examen de idoneidad para desempeñar sus cargos, pues el art. 16 de la Constitución Nacional exige únicamente ese requisito para todo cargo público, y dudo que muchos pudieran acceder siquiera a un puesto de mínima responsabilidad por su carencia de capacidad que no se suple con su caradurismo o contacto con el poder que lo designa.

Por si algún desprevenido se ha olvidado, también fue Diputado Nacional el fallecido Julio Samid, hermano de “El Rey de la Carne”, el millonario evasor Alberto “Turco” Samid, recordado apellido por el insólito caso del “Diputrucho” el anciano Kennan colaborador del Diputado que lo supliera en una votación trascendental, como una más de tantas picardías cometidas con abuso de poder.

Hoy, cuando las chicanas siguen a la orden del día, sería bueno que no se les pague a legisladores, diputados y senadores que no trabajen o lo hagan con ineficacia, además de cargarles multas por injustificadas ausencias que perturben las funciones de un poder fundamental para la democracia.

Enrique A. Piragini