El obrar debido, ético, eficiente y cuidadoso que se exige a todo funcionario público está contemplado en instrumentos jurídicos internacionales y en numerosas normas nacionales, provinciales y municipales.

La creciente preocupación por el avance del flagelo de la corrupción en los diversos órdenes gubernamentales, llevó a que en abril de 2007 la OEA y la OCDE firmaran un acuerdo con el objeto de fortalecer los mecanismos de lucha en América.

Para ello, se identificaron las áreas temáticas vinculadas con la modernización del Estado -empleo público y administración, presupuesto y gasto público, participación ciudadana, etc.- y las medidas preventivas de actos corruptos y conflictos de intereses en materia de transparencia y responsabilidad; fortalecimiento de esfuerzo anticorrupción en áreas de mayor riesgo, como contrataciones y administración pública y el llamado “lobbying”.

Uno de los mayores expertos en temas de corrupción, el académico Robert Klitgaard ha sostenido que no se pueden diseñar funcionarios y ciudadanos incorruptibles, pero sí promover la competencia, cambiar incentivos o corregir los sistemas que engendran corrupción.

Por eso, el reconocimiento normativo, es insuficiente para preservar y recuperar los valores de la gestión pública. Y si bien en un primer momento se adoptan medidas concretas que permiten identificar los organismos, procedimientos y los actos vulnerables y proclives a corromperse, ello tampoco es suficiente.

Detrás de las instituciones, de los procesos y de las decisiones, está el funcionario público, cuya responsabilidad es un requisito axiológico del Estado de Derecho actual.

El comportamiento del personal público implica cumplir sus funciones con profesionalidad, eficiencia, ética, imparcialidad, adoptar la conducta debida, la que se merece la sociedad demandante de servicios, de obras o de derechos que efectivamente se concreten.

De ahí, que las responsabilidades por la actuación irregular, no pueden ubicarse en un contexto jurídico formal, sino que deben traducirse en sanciones administrativas, penales, formulación de cargos patrimoniales.

Cada una de las responsabilidades a las que está sujeto el personal público (penal, disciplinaria, patrimonial, civil y en algunos supuestos política) protege distintos bienes jurídicos y tiene objetivos diferentes y, en consecuencia, deben respetarse sus ámbitos de aplicación, sus procedimientos y procesos.

Sin embargo, en la práctica, los mismos se diluyen por diversas razones: la exclusión de los funcionarios de rangos más altos de determinadas responsabilidades (por ejemplo, la disciplinaria), ineficacia de los métodos de rendición de cuentas y de los sistemas de determinación de algunas responsabilidades, como el caso de la patrimonial en la Nación, cuyos resultados -en términos de reintegro de los daños económicos a la hacienda pública- son nulos.

En definitiva, responsabilizar es un acto de justicia, del que la sociedad es acreedora principal. Transparencia, ética, buen ejemplo y responsabilidad son notas sustantivas y distintivas de toda república democrática y un deber de los gestores de intereses públicos.

Miriam Mabel Ivanega*
*Profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral