En el día de ayer, se radicó una picante denuncia penal ante el Juzgado Federal Nº 7, a cargo del doctor Norberto Oyarbide, en la cual se asegura que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), doctor Patricio Juan Griffin,  son responsables de la falta de control que existe en el ámbito de las Cooperativas en la República Argentina.

El Doctor Alejandro Sánchez Kalbermatten, formuló dicha querella en orden a estos hechos que en principio podrían constituir los delitos de encubrimiento agravado (Art. 277 del Código Penal), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 y 249 del C.P) y violación de tratados concluidos con naciones extranjeras (Art. 220 del C.P).

A partir de la causa conocida como “Mafia de los medicamentos”, la luz cayó sobre  las Cooperativas de Crédito que en realidad operan como “cuevas de enjuague” de dinero proveniente de corrupción, facilitando el lavado de dinero y el narcotráfico, y otros sucesos delictivos.

Ante la incapacidad que manifiestan quienes en realidad debieran controlar a estas entidades, el Ministerio de Desarrollo Social, cartera a cargo de la Dra. Alicia Kirchner y de quien depende orgánicamente el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (I.N.A.E.S), y también la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P), se encuentran en un claro encubrimiento del accionar ilícito de las Cooperativas y Mutuales.

    Cédula correspondiente a la denuncia contra Alicia Kirchner

El texto de la denuncia presentada es el siguiente:

Que por mi propio derecho y en mi carácter de ciudadano argentino de profesión Alejandro Sánchez Kalbermatten, abogado, vengo a formular denuncia criminal en orden a los hechos que en principio podrían constituir los delitos de encubrimiento agravado (Art. 277 del Código Penal), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 y 249 del C.P) y violación de tratados concluidos con naciones extranjeras (Art. 220 del C.P).

La acción se dirige contra:

La titular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Dra. Alicia Margarita Kirchner, el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (I.N.A.E.S), Dr. Patricio Griffin y todos los integrantes de su Directorio: Arquitecto Daniel Omar SPAGNA (por el Estado Nacional), Señor Ricardo Daniel Velasco (por el Estado Nacional), Dr. Roberto E. Bermúdez (Vocal por Cooperativas), Ingeniero José Hernán Orbaiceta (Vocal por Cooperativas), Teniente Coronel (R) Señor Ernesto Enrique Arroyo (Vocal por Mutuales) y Contador Público Nacional Víctor Raúl Rossetti (Vocal por Mutuales). Los integrantes del Consejo de Administración de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Ltda (F.A.C.C) cuyo Presidente en ejercicio es el Señor Luis Ángel Puig. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P), Dr. Ricardo Echegaray.

En las Cooperativas la organización y prestación de servicios constituye su objeto institucional y la finalidad concreta de la entidad. Esta característica tan peculiar es la que la diferencia de otros tipos asociativos en los cuales el desarrollo de su actividad es solo un medio para obtener ganancias. El objeto social de las Cooperativas es conceder créditos teniendo como base el capital constituido por las aportaciones de capital de sus asociados, no pudiendo tomar fondos de terceros.

Las Cooperativas integran un sector de la economía solidaria que cubre las necesidades crediticias de sectores medios y bajos cuyos requerimientos financieros no son atendidos por otras formas jurídicas. Esto configura un elemento fuertemente distintivo que justifica y amerita el tratamiento tributario diferencial respecto del impuesto a las ganancias, pero ello no puede ser, como sucede hoy día, en que se transforme en patente de corzo para hacer cualquier cosa, como lo es, indudablemente, el lavado de dinero liso y llano que ocurre en la gran mayoría de las Cooperativas en nuestros días, y que quedara de manifiesto en la causa rotulada como “la Mafia de los Medicamentos”.

Asimismo es de tener presente que las Cooperativas cumplen funciones complementarias con el Estado Nacional en áreas de interés nacional, por lo cual su desarrollo y fomento debería ser un objetivo prioritario de todo gobierno. Al respecto cabe mencionar que en países desarrollados se considera a estas entidades como un elemento fundamental a la hora de implementar políticas de desarrollo. En la Argentina de hoy el descontrol reinante hace que lejos de tener estos fines altruistas, las Cooperativas y Mutuales tengan una finalidad opuesta a la que inspirara su creación como herramienta social y solidaria.

Las Cooperativas de Crédito no se encuentran comprendidas por la ley de entidades financieras Nº21.526 y por lo tanto están fuera del control del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A), y encontrándose reguladas por la Ley de Cooperativas 20.337, están bajo el control del I.N.A.E.S.

El I.N.A.E.S (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social) es el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que ejerce las funciones que le competen al Estado Nacional en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.

Ahora bien, ante el famoso Decreto Nro. 1367/04 que mandó incluir a las Mutuales de Ayuda Económica bajo la órbita del B.C.R.A, se iniciaron los autos caratulados: “Federación de Entidades Mutualistas Brigadier Estanislao López y Otra c/BCRA”, logrando que se dictara la medida cautelar que, aún hoy en vigencia, impide la intervención de dicho Banco Central en todas las Mutuales asociadas a la Federación.

Si bien el I.N.A.E.S dictó la Resolución Nro 2775 por la que se crea un grupo de Trabajo bajo la órbita de la Secretaría de Contralor del citado Organismo que tiene por objeto trabajar para constituir “La Superintendencia de Entidades de la Economía Solidaria”, cuya constitución permitirá actuar a las Mutuales dentro de un marco de seguridad jurídica debiendo informar sobre el servicio de tarjeta de crédito; lavado de dinero, impuesto sobre débitos y créditos; normas de facturación, lo cierto es que todos estos intentos de “controlar lo que hoy resulta un verdadero descontrol” cae en saco roto, ya que en concreto nada se hace, ni tampoco se impide seriamente que las Cooperativas y Mutuales sigan haciendo cualquier cosa menos alguno de los objetivos que inspiraran su creación, que dista de ser de la auténtica actividad que se despliega a diario en las mismas.

De este modo el I.N.A.E.S nada controla, el Ministerio de Desarrollo Social del cual depende el Instituto ninguna resolución toma y la hipotética y anunciada Superintendencia de Entidades de la Economía Solidaria esta “en formación”, siendo que el B.C.R.A no puede actuar por la medida cautelar mencionada. De allí la proliferación creciente de Cooperativas que sólo sirven, en su mayoría, para lavar dinero espurio.

¿Quién controla el lavado de dinero en la actualidad?

La respuesta es nadie, ello a pesar de ser la República Argentina parte en Tratados Internacionales, los cuales, ante esta situación, viola sistemáticamente con alguna motivación que se desconoce a ciencia cierta pero se presume con fuerte convicción.

Por otra parte la disputa con las Mutuales que actúan como Bancos es de antigua data. El B.C.R.A. había intimado a varias de ellas para que se transformaran en entidades financieras por juzgar que no operaban de acuerdo con sus principios Mutualistas. Estos son los que les permiten brindar “ayuda financiera” a sus asociados, es decir, otorgarles créditos a tasas más bajas que las que ofrecen entidades bancarias, simplemente porque no están obligadas a pagar impuestos que sí deben tributar los bancos.

Las Cooperativas y Mutuales sólo son controladas por el I.N.A.E.S, un ente que se limita a enviar veedores a sus asambleas (no siempre) y recibir sus estados contables (casi nunca). Pero no está preparado para vigilar otros movimientos como los que se están ventilando como efectuados por las Cooperativas Vernet, Crédito Sur, Amigal, Talcahuano, Madecor Ltd, Oma Financiera, Decafin, Cooperativa Fiduciaria O Balbin, etc, -casi todas mencionadas en el dictamen del Fiscal Luís Horacio Comparatore en las Causas 1787/07, 16.132/09 y demás acollaradas, todas radicadas ante el Juzgado Federal Nº5 del Magistrado Dr. Norberto Oyarbide, y que diera cuenta un informe de Telenoche Investiga de los periodistas Daniel Malnatti y Mario Masaccesi los pasados jueves 03 y viernes 04 de junio de 2010 por Canal 13, los cuales debieran recabarse por oficio de estilo.

En consecuencia los servicios prestados por las Cooperativas que resultan contranatura por contravenir los estatutos respectivos y la norma que rige tales actividades (Nº20.337) con créditos usurarios, cesiones de facturas y cheques de cualquier origen, financiamiento de actividades oscuras o no lo suficientemente formales, transferencias electrónicas con cuentas diversas a nombre de terceros, etc, lo que facilita y promueve el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

El Señor Juez Federal Nº5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide dijo enigmático ante la prensa para respetar el secreto de sumario de la causa en Cooperativa Vernet: “se encontraron papeles negociables que había sido utilizados por Lorenzo para canalizar el dinero procedente de obras sociales (por la supuesta venta de medicamentos adulterados) a nombre de terceras personas”. Inmediatamente, el fiscal del caso Luis Comparatore aceptó el pedido del juez de ampliar los delitos investigados de adulteración de remedios a lavado de dinero, tal como informara el diario Clarín oportunamente. Además se pidieron las indagatorias de varios integrantes de las Cooperativas “fantasma” que se encuentran citadas en voluminosas declaraciones indagatorias, testimoniales, y en profusa prueba, lo que conduce a justificar esta denuncia para ver porqué una actividad tan rentable para las Cooperativas y Mutuales han salido del cauce que deben seguir, no siendo controladas, supervisadas ni auditadas por nadie. Y la mejor prueba de que ello es así es lo que remarqué anteriormente…

La permisión de este tipo de cosas pasa por el Ente Regulador que en el caso es I.N.A.E.S, amén de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito que mínimamente tendría que realizar gestiones para no emparentarse con este tipo de “cuevas” y no incurrir en encubrimiento, delito punible previsto y reprimido por el Art. 277 del Código Penal.

Los delitos atribuidos a los imputados en autos, consisten en encubrimiento, abuso de autoridad, incumpliendo y violación de los deberes de funcionario público y violación de Tratados celebrados con Naciones extranjeras.

No existe ningún justificativo válido ni legítimo para que quienes tienen a su cargo realizar los controles sobre este sector de Mutuales y Cooperativas, que en la República Argentina mueve casi más dinero que los Bancos, aunque en negro, eludan su función, siendo uno de los primordiales objetivos de esta pesquisa descorrer el velo y verificar el grado de corrupción que se esconde tras estas aparentadas “Cooperativas” y “Mutuales”, la actividad específica que desarrollan, la cantidad de dinero que se evade, a la vez de mitigar los efectos perniciosos del lavado de dinero que se escurre en dichas organizaciones en su mayoría criminales, y castigar a todos sus responsables.

El delito de incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público integra y complementa el abuso de autoridad llevado a cabo por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, del I.N.A.E.S, de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Ltda (F.A.C.C) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P) en sugerida connivencia con la Oficina Anticorrupción, que hace la vista gorda y no cumple con las finalidades de su creación, conforme venimos evidenciando en esta y otras presentaciones judiciales.

La falta de control sobre este sector Cooperativo que mueve millones de divisas por día, implica un flagrante encubrimiento de una situación por demás irregular, que beneficia a diversos funcionarios públicos, a la vez que va de contramano con cualquier política de transparencia y colisiona de manera directa con los compromisos internacionales asumidos por la Republica Argentina. La República Argentina es parte de tratados internacionales y por tal motivo tiene distintos representantes nacionales ante FATF - GAFI, GAFISUD & LAVEX, CICAD, OEA, etc. quienes se encargan de impartir “Políticas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo”.

Disponga de inmediato y con carácter urgente, la intervención judicial del I.N.A.E.S. y demás medidas que considere pertinentes para la obtención de información vital y necesaria para el esclarecimiento de los delitos endilgados a los co-imputados, evitando así que los denunciados puedan, en virtud de su autoridad y cargo, desvirtuar o de algún modo alterar el escenario probatorio.

Carlos Forte