Finalmente se develó el “misterio”: el aumento salarial firmado por Hugo Moyano para los choferes de camiones se ubicó en 25 por ciento, pagadero en tres cuotas hasta la primera mitad de 2011, y en un punto menos para otras actividades del sector.

El porcentaje es inferior al obtenido por otros sindicatos, pero aplicado a los generosos salarios de los camioneros tiene un fuerte impacto.

A la par, es una cifra que no causa polémicas; le hace un favor a su socio, el Gobierno, al restar unos puntos a la inevitable equivalencia entre aumento de salarios e índice de inflación real, y es útil para la llegada a buen puerto de las tratativas para la actualización del mínimo no imponible para la aplicación del Impuesto a las Ganancias. Concesiones mutuas, como se dice.

Y apenas terminó de firmar el acuerdo, Moyano y la presidenta Cristina Fernández viajaron a Canadá y compartieron un foro donde se resaltó la política laboral del Gobierno.

La delegación argentina fue al país norteamericano después de hacer un anuncio con enunciados pero del que no se tienen mayores detalles: un nuevo régimen para los trabajadores rurales. Se explicitó con énfasis el objetivo de rejerarquizar la tarea del peón de campo.

En términos directamente políticos, le cayó como una patada en el hígado al dirigente de los rurales Gerónimo Venegas y, si se quiere por añadidura, para su aliado Eduardo Duhalde, hoy enemigo del kirchnerismo.

La prueba fue que Venegas puso el grito en el cielo: afirmó que desde el sector había partido un proyecto propio hace tiempo para consolidar los derechos del hombre de campo y que en esta ocasión, para el plan oficial, nadie consultó al sindicato.

Pero así como hay jugadas políticas que pueden generar réditos para el oficialismo, hay otras cuestiones que pueden surtir el efecto contrario.

Un caso claro es el de la Asociación Bancaria, un gremio que se declara kirchnerista pero que está atravesando uno de los peores momentos de su historia.

Su secretario general, Juan José Zanola, está preso desde hace largos meses en la causa de la “mafia de medicamentos”; en ese marco fue intervenida la obra social y ahora la Justicia designó un interventor en el sindicato para que audite todas las actividades para determinar si hubo anomalías.

Esta última medida surgió a partir de una denuncia sobre presuntas irregularidades en las últimas elecciones de autoridades gremiales presentada por la oposición a Zanola, liderada por el dirigente Raúl Fontana, quien reclamó nuevos comicios.

La causa que involucra a Zanola parece tener tentáculos muy extensos que ya están a punto de alcanzar a kirchneristas puros como el ex Superintendente de Servicios de Salud (SSS) Héctor Capaccioli —uno de los responsables de la recaudación de fondos de la campaña de Cristina Fernández— y allegados suyos, algunos de los cuales todavía son funcionarios.

El caso está salpicando muy cerca. La Fiscalía pidió algo que aún no hizo el juez Norberto Oyarbide: las indagatorias de Capaccioli —un dirigente de extracción sindical— y algunos funcionarios allegados.

Además, cada vez que aparece el nombre de Zanola se recuerda su adhesión al actual Gobierno. Cabe preguntarse entonces si la administración le ha soltado la mano al dirigente o está a punto de hacerlo. ¿Y lo hará con el ex superintendente y esos funcionarios si quedan más enmarañados en el tema?

Y quien también está siendo tironeado en la Justicia es el propio Moyano, envuelto en una disputa entre dos jueces: Oyarbide y Claudio Bonadío.

Bonadío le pide a su colega —hasta ahora sin éxito— que le envíe el material referido a Moyano que consta en la causa de los medicamentos, ya que investiga si la obra social de los camioneros estuvo involucrada en alguna anomalía con operaciones de la Administración de Programas Especiales (APE), que efectúa reintegros a los entes de salud gremiales por prestaciones complejas.

Como se ve, la mano de la Justicia también va posándose sobre el gremialismo, un sector que, más allá de sus tradicionales y alternativos ciclos de ostracismo y esplendor, siempre mantiene su cuota de poder y, por ello mismo, puede ser fuente de tentaciones y de sospechas. Y, en consecuencia, entrañar el riesgo de establecer un curioso corredor entre paritarias y tribunales.