En la década del 70 los buques factorías ingresados al caladero argentino, como actualmente en su mayoría, los operaban extranjeros, que jamás se radicaron tal como lo expresa la ley para acceder así a documentos de embarque argentinos. La metodología es dar la dirección de la empresa, un galpón en la Patagonia, y allí “viven domiciliados” una veintena de personas que en realidad viven en Europa o Asia, la impunidad que les brinda el poder económico hace que, ni Prefectura -que extiende los documentos- ni migraciones haga objeción, mucho menos los sindicalistas para el recupero de puestos de trabajo de sus afiliados, ello les sirve para engordar más su caja prebendista.

Los españoles y otros extranjeros que operaban y operan los buques gracias a capitanes argentinos presta títulos, y los Capitanes argentinos que pescan ellos, hoy como ayer todos arrojaron/an millones de toneladas de pescado al Mar Argentino, como lo hicieron antes los europeos en los países africanos que dejaron en la depredación sin peces con “Desocupación plena” y muertos de hambre. El Banco Mundial expone como ejemplo depredatorio y corrupto a Senegal. Aquí hoy como ayer, nada cambió; lo que sí cambio es la biomasa del caladero, ayer abundante, hoy en colapso. No hay control en las mallas de las redes, todo está arancelado en valor COIMA para los inspectores de muelle de la DNP provinciales o nacionales. En Mar del Plata por ejemplo, se paga para variar la especie, o sea si trajo merluza y su cupo se agota, paga y el inspector no ve merluza en el cajón a partir del pago, ve gatuzo o raya. Eso hace que los buques jamás completen el cupo de captura y traigan viaje a viaje el buque lleno de merluza, luego el Gobierno habla de la protección del recurso.

Hace pocos meses, Revista Puerto público un artículo bajo el titulo “Inflación cero”: el jefe del distrito marplatense de la Dirección Nacional de Pesca habría prometido dejar sin efecto el aumento de las coimas. “Atenéte a las consecuencias, ya vas a venir solito cuando entre el otro barco”, le dijo el martes pasado uno de los inspectores de la Dirección Nacional de Pesca a un conocido armador pesquero del puerto marplatense. La amenaza fue clara y directa, ante la negativa de éste y de un grupo de armadores que se oponen pagar un aumento del 50 por ciento en la coima que se paga por los kilos excedentes de merluza, entre lo real y lo declarado por cajón. Se pretendió elevar el monto de 20 a 30 centavos por kilo, sin previo aviso y sin el consenso de la contraparte empresaria. La discusión tuvo lugar en las propias oficinas del armador, ya que, desde hace tiempo, los inspectores agregaron a su lista de servicios al cliente el de cobranza a domicilio. Los armadores se reunieron con el jefe de los inspectores y cuentan que “puso paños fríos al asunto, asumió que algunos muchachos se estaban cortando solos y prometió retrotraer el precio de las coimas al valor vigente hasta la semana pasada”, en una especie de medida de no innovar decretada por éste y acatada por sus subalternos. Es decir, las coimas en el puerto de Mar del Plata seguirían como hasta el momento y los precios vigentes no sufrirían modificaciones, aún teniendo en cuenta la escalada inflacionaria que aqueja incluso a los coimeros. (Lea nota completa).

La depredación es impulsada también por la justicia

Mi interés por conocer a fondo la actividad pesquera me llevo trabajar en buques (palangreros) de anzuelos, los que arrojan entre 20 y 30.000 anzuelos, fue donde vi otro método depredatorio: cómo se arrojan al agua especies de merluza negra por ser estas de tamaño menor a 30 cm. Aprendí que si se pesca a una profundidad menor a 800 mts. se depreda la merluza negra y que los anzuelos debían tener una medida mayor a la utilizada, para evitar captura especies juveniles. Es destacable que este sistema se utiliza con mucho éxito arrojando los anzuelos al borde de las piedras del lecho marino, que es donde suelen refugiarse los peces de los arrastres de la redes. Este sistema de pesca es altamente impactante en la biomasa pues elige las especies mayores, los reproductores y arroja al mar los de menor tamaño, cabe señalar que los peces llegan aquí muertos no vivos, así que lo que va al mar entero sin triturar va a formar parte de la putrefacción del lecho marino. El Gambito para evadir el pago de cánones y la Convención para la Conservación de Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCRMVA) era declarar la merluza negra como róbalo de profundidad o abadejo austral, como ayer hoy es la misma metodología que se utiliza con años de impunidad.

Muy poco pescado que se arroja al fondo del mar sin triturar se lo comen otras especies que no sean los congrios y/o los cangrejos o centollas. Ningún pescado come a otro podrido, igual que nosotros… Por ello es que se dispuso la reglamentación del uso de trituradoras para el pescado que se arroja al mar, las cuales no se usan pues se ponen derivadores en las cintas de descarte evitando así triturar para apurar el descarte, provocando años de contaminación del caladero.

El Juzgado Federal Nº2, Mar del Plata, causa 15956, permanece lleno de pruebas y filmaciones de lo arriba relatado hace años, certificadas por la Prefectura, durmiendo en clara muestra de la Justicia prebendista y adicta al poder político. Hace un tiempo un empleado de Tribunales marplatenses me decía en una charla “Usted impulsó varios nombramientos a jueces, camaristas y jueces subrogantes”… Cuando le preguntaba porque, me explicaba que gracias a mí, muchos los habían premiado con Juzgados, tal el caso del Juez que exonero a Felipe Solá el ultimo día de su subrrogancia Federal, Facundo Caparelli. Felipe Solá lo nombraría juez de un juzgado en creación en clara contraprestación al favor de liberarlo de una causa imposible de soslayar por el peso de la prueba aportada desde mi denuncia y apoyada por las auditorias de la AGN-PTN-SIGEN-UBA.

 “Ahora entiendo por qué cuesta reestructurar la industria pesquera.” Este es el título de una nota de la Presidente en su Blog. Sunday, February 21, 2010 at 11:19am

Lo que sigue es textual del blog de la Presidenta: “El 29 de septiembre de 2004 el juez subrogante del juzgado Federal de Mar del Plata, Facundo Caparelli, cerró con su firma, a última hora del último día de su permanencia en ese juzgado, la causa 2.751 caratulada Maturana s/denuncia, un expediente que acumuló diez cuerpos durante más de cinco años y que podía haber llevado a la cárcel a casi cuatro decenas de funcionarios de la Secretaría de Ganadería y Agricultura y Pesca durante la gestión de Carlos Ménem, con Solá a la cabeza y Ménem como su jefe político, por la responsabilidad que tuvieron en el otorgamiento indiscriminado y abusivo de permisos de pesca, la precarización del sector pesquero y el incumplimiento de las leyes nacionales de pesca.

¿Qué fuerzas poderosas llevaron a Caparelli a estampar su firma con el sobreseimiento de Solá y otros 39 imputados, justo a última hora del último día de su gestión como subrogante en el Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata? La incógnita duró menos de veinticuatro horas, ya que en la mañana del 30 de septiembre de 2004 se conoció la postulación del Dr. Facundo Caparelli en una terna promovida por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires para el cargo de juez penal provincial. ¿Y quién era el promotor del ascenso de Caparelli? El principal favorecido con el fallo del día anterior, Felipe Solá, por entonces gobernador bonaerense.

El escándalo se asomó a las puertas de la Gobernación. El mismo juez que el 29 de septiembre lo sobreseyó, el 30 era promovido con un ascenso a juez penal provincial. Un grupo de diputados del ARI pidió el inmediato juicio político a Solá por “presunta connivencia” y la entonces diputada nacional Marta Maffei avanzó un paso más dijo que “Solá tendría con Caparelli una relación de prestación y contraprestación de favores”. También calificó el fallo del juez como “una vergüenza” y “absolutamente endeble porque se trata de una causa en concurso real, y por lo menos debe ser efectiva por diez años”. La causa había sido abierta en 1999, ya en el final del mandato de Menem y cuando el festival de permisos de pesca era casi de dominio público.

En los diez cuerpos del expediente que el juez Caparelli desestimó, hay evidencias ostensibles de irregularidades. Así por ejemplo:

• En diciembre de 1994, con Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Argentina “menemista” firmó un acuerdo con la Unión Europea por cinco años y renovable automáticamente por dos, que inició un virulento proceso de devastación y depredación de los recursos pesqueros en el Mar Argentino.

• Tan fuerte es el interés de la Unión Europea por la pesca en el Mar Argentino, que impulsa subsidios por 300 millones de dólares, ya que los principales caladeros de Europa presentaban una fuerte devastación. Si se tiene en cuenta que los buques pesqueros arrojan al mar 50 toneladas por día de pescado apto para el consumo humano, en 30 días podrían alimentarse 5 millones de personas.

• Ya en 1995, a un año de la puesta en vigencia del acuerdo de cooperación pesquera de la Argentina con la Unión Europea, la sobrepesca ya pasó a ser gravísimo problema. Por ejemplo, la merluza superó en un 44 por ciento a la captura máxima permisible (unas 398.000 toneladas)

• También se pueden constatar masivas triangulaciones de permisos de pesca en abierta violación a las leyes 24.315 y 24.922; empresas “piratas” que pescaban ilegalmente especies para las que no estaban autorizadas y cometieron toda clase de tropelías; buques “cedentes”, que siguieron pescando sin haber sido dados de baja como estaba previsto según la ley; maniobras de transferencias de permisos de pesca de buques de menor porte a otros de mayor calado y buques congeladores que aparecen convertidos en “fresqueros”.

• Para 1996, la merluza Hubbsi representó el 81% de las capturas, un 48% más que la captura máxima permitida. Ese mismo año, Solá firma otra polémica resolución por la cual se autoriza a personal extranjero para ocupar puestos de trabajo en buques nacionales, en flagrante violación a lo dispuesto por la Ley Federal de Pesca, que disponía que el 75% del personal arriba de un barco debía ser de nacionalidad argentina.

• Para 1997, Solá aumenta en 97.000 toneladas las posibilidades de captura y, mediante argucias legales, 16 de los 25 barcos que debían darse de baja siguieron con su actividad depredadora en el mar argentino.

Toda esta documentación, avalada por informes de la SIGEN, la AGN y la UBA, fue ignorada de plano por el juez Caparelli. Así también, el dato de que tres buques (el Marcalá I, el San Jorge Mártir, y el San Andrés Apóstol) estaban directamente vinculados –a través de testaferros– con Felipe Solá.

Pero si se vuelve a la escandalosa resolución que terminó en cinco minutos con cinco años y medio de pruebas, se puede encontrar una línea argumental muy interesante. El juez sostiene que en la causa contra Solá (y los otros 39 imputados) “no se ha podido conocer que su patrimonio, cotejado con el existente a lo largo o al final de su gestión (N. de R.: se supone que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del menemismo), implicara un excesivo incremento con relación a sus ganancias o a su sueldo”.

Eso significa, que para el juez Caparelli los sueldos como ministro durante 1991-1996 y 1998-1999, y como gobernador entre 2001 y 2007, le permitieron concretar inversiones que no figuraron en sus sucesivas declaraciones de bienes, como:

• El campo de catorce hectáreas, ubicado en la ruta 28, km. 7,5, en el final de la calle Gonzalo Tanoira, en General Rodríguez, con un valor de mercado 2.800.000 dólares, a razón de 20 dólares el metro cuadrado. El campo cuenta con una cancha de polo y la posibilidad de aterrizar en helicóptero. La titularidad de la “casa de campo” sería de una sociedad de hecho integrada por el polista Gonzalo Pieres, Carlos de Narváez (hermano del diputado nacional), José Chediack y María Helena Chávez, la tercera esposa de Solá. La misma propiedad donde vive en la actualidad el matrimonio Solá, figura como domicilio del Club del Polo Pilar Chico S. R. L. y de La Ellerstina S. A., conformando una zona superexclusiva para las inversiones inmobiliarias vinculadas a clubhouse de polo.

• La propiedad rural denominada “La Chacra” en la localidad bonaerense de Ugarte, ubicada sobre la ruta 51 –que une la localidad de 25 de Mayo con la ruta 5– y donde vive una parte de su familia materna. El casco de la estancia tiene seis viviendas y se puede ver desde la ruta 51.

• La estancia “Las Artes” en la localidad de Mercedes.

• El campo “Las Marías”, en Cañuelas, también en una zona de fuerte impulso inmobiliario en los últimos quince años por el desarrollo de clubes de polo.

• También a nombre de Solá figuran tres vehículos: un Subaru Senda, 4 puertas; un Toyota Hilux 4x4; y un Toyota Corolla Fielder XEI rural 5 puertas. Además de reconocer la propiedad de una casa antigua en el barrio porteño de Balvanera, donde tiene instalada su oficina política.

Un incremento patrimonial sorprendente, aun para su ex esposa, Teresa González Fernández, con la que convivió durante dieciocho años (desde 1985 hasta 2004) en un departamento en la Recoleta.

¿Podría afirmar con tanta contundencia hoy el juez Caparelli que no es posible advertir cambios patrimoniales que ameriten seguir investigando a Felipe Solá? La respuesta es tan obvia como la afirmación de que el festival de otorgamiento de licencias de pesca en los 90 terminó por depredar la fauna ictícola del Mar Argentino.

Tan evidente como la tranquilidad con la que este verano fumaba puros, otorgaba entrevistas y disfrutaba de la compañía de su bella esposa en el exclusivo spa de Mar Las Dunas, en Punta del Este, a 1.100 dólares la noche”.

Hasta aquí la transcripción textual de la nota de Cristina. Es dable mencionar que esta causa antes de “llegar” el subrogante Caparelli al Juzgado, la tuvo en sus manos el Juez Farah quien no tomó medida alguna al respecto desde su cargo titular de Magistrado, desestimando dictámenes de la UBA y SIGEN en referencia a las ilegalidades que denunciara en la causa de mención. El Dr. Farah fue posteriormente nombrado camarista.

Tiempo después al ver que las causa en las que soy querellante no había forma que aun rebosantes de pruebas, la Justicia procesara a nadie me di cuenta que los fiscales las dejaron caer pues aducen la falta de impulso del querellante cuando la obligación del Ministerio Público es seguirlas, dada la cantidad de prueba documental aportada incluso en allanamientos ordenados por el Juez a buques en puerto en mi presencia. Las pruebas no tienen ningún valor, las consecuencias de la depredación científicamente probadas tampoco. Nada conmueve al Poder Judicial para respetar las leyes y hacer justicia, no importa la contundencia de la prueba que se presente, lo suyo es inventar discusiones magistrales sobre quién es el dueño de la acción y de paso dejar caer causas que meterían presos a sus jefes políticos, cualquier cosa por un puesto y una 4x4 y perpetuidad.

Habiendo así probado cada una de mis denuncias y ante la imposibilidad desde mi lugar de conseguir un castigo que ejemplificara al sector pesquero para lograr una real sustentabilidad decidí “dejar en paz” a magistrados y fiscales y camaristas, los cuales son parte del daño actual a los recursos y trabajadores más pobres del filete, hoy pauperizados. Si la justicia hubiera actuado en tiempo y forma sin estar ligada a lineamientos políticos, la realidad de la pesca Nacional seria hoy otra.

En la puja por el 2011, vemos al Ing. Felipe Sola pretendiendo ser presidente, a los delincuentes que beneficio con permisos ilegales millonarios, apoyándolo, al recurso merluza en emergencia y colapso y a Cristina que en su Blog bajo el titulo “Ahora entiendo porque cuesta reestructurar la Industria pesquera” de fecha Sunday, February 21, 2010 at 11:19am se da por enterada. Uno de los suyos, el Dr. Horacio Verbitski escribió en su columna de Página 12 en febrero de 2009, en el apartado “Un hombre encantador”, sobre esta causa que de haber existido justicia, llevaba a Felipe Sola a la cárcel junto a su entorno. Quiere decir que si los “voceros periodísticos K” fustigaron a Felipe Solá, fue otra muestra simple de que lo hacían, porque no pertenecía a la tropa “kirchnerista”. Pero mientras Felipe Solá estaba bajo su protección, las causas ya iniciadas, estuvieron cajoneadas, y luego a la basura por decisión judicial, nadie del Gobierno tuvo la voluntad de seguir las mismas, dada las irregularidades del fallo, y estaban a tiempo y aún lo están. El Dr. Esteban Righi no ordenó la prosecución y la Cámara Federal Marplatense hizo oídos sordos del escandaloso fallo, que demuestra al país que la pesca nacional está destruida por la inacción ex profeso de la Justicia, la Justicia adicta al poder político y la poca moral de los funcionarios que tuvieron las mismas en sus manos permitiendo impunidad. ¿Por qué el gobierno no siguió las causas de Felipe? Porque implica autocondenarse, reconocer la misma operatoria que continua con los mismos protagonistas y sistema.

Pero no sólo la pesca nacional está en colapso, sino la Nación toda pues donde hay tantos intereses, coimas millonarias, poder político enredado en la pesca, minería y petróleo la Justicia nunca llega, todo sigue igual. Así es como en este país hay cada día más pobres y Mar del Plata sigue al tope del desempleo nacional y el empleo precario.

Para llegar a esta situación de corrupción estructural e institucional hacen falta muchas voluntades que incoen estos actos e impulsen mayores prebendas al ROBO NACIONAL IMPUNE. No es casual que políticos, funcionarios y sindicalistas oculten sus declaraciones juradas en contra de las leyes pues todos son parte de lo mismo y nadie quiere ser investigado y explicar cómo hizo para pasar de pobre a rico. La triste realidad nos muestra una situación pesquera atroz. El Dr. Leandro Despouy, Director de la Auditoria general de la Nación, denunció “falencias en el control y falta de transparencia de parte de la Secretaría de Pesca de la Nación sobre los buques que pescan merluza y calamar”, agregando que “los recursos pesqueros sufren una alarmante depredación”.

La Presidente no desconoce la Convención Interamericana contra la Corrupción en el art. XI Inc C la define: “Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, por parte de la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para sí o para otra persona, cualquier beneficio o provecho, haya o no detrimento del patrimonio del Estado”.

El articulado anticorrupción de la Convención Interamericana es el aplicado desde la UNASUR por lo tanto el matrimonio presidencial no lo desconoce, solo lo soslaya favoreciendo a empresas Extranjeras y Nacionales en desmedro de recurso Naturales Públicos de Tercera Generacion articulando así la falacia de su discurso a la aplastante realidad de los hechos.

Roberto V. Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador