El Consejo de la Magistratura es un órgano  que está encargado de confeccionar las ternas de candidatos a jueces nacionales y federales, para que sean designados por el Presidente de la Nación en acuerdo con el Senado, a la vez que cumple funciones en la supervisión y remoción de los jueces nacionales y federales.

           Sus miembros duran cuatro años en el cargo. El 17 de noviembre de 2006 asumieron los miembros actuales y deberán desempeñarse hasta 2010. 

La oposición buscará esta tarde a las 15 horas en la Cámara Baja, obtener quórum propio para abrir el debate en el recinto de la Cámara de Diputados del proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, luego de fracasar un acuerdo con el oficialismo y elevar de 13   a 18 la cantidad de integrantes del cuerpo.

Las reformas consisten en la conformación de un Consejo de la magistratura integrado por 18 miembros:

-  4 magistrados (incluido el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación),

- 6 legisladores (3 senadores y 3 diputados) de las tres primeras minorías. No es obligación que los designados tengan   el título de abogado,

- 4 abogados, (dos más que en la actual composición)

- 3 académicos (2 abogados y 1 de las ciencias sociales y humanidades), y

- 1 representante del Poder Ejecutivo (no tendrá derecho a voto para el proceso de selección y de remoción).

La reforma tiene como objetivo reducir el número de representantes del oficialismo y terminar así con el poder de veto y obtener celeridad en las investigaciones contra los jueces ya que las mismas podrán durar como máximo un año; se busca evitar que se mantengan abiertas como una herramienta de amenaza.

Es dable mencionar que en los primeros tres años de la era kirchnerista el Consejo de la Magistratura destituyó a 8 jueces, absolvió a cinco y sancionó a 18, mientras que otros diez magistrados renunciaron justo antes de ser removidos. El principal argumento del kirchnerismo cuando modificó la composición del órgano judicial en el año 2006, fue concederle mayor eficacia y transparencia. Sin embargo, un estudio comparativo del período (2006-2009) con el del período previo (2003-2006), demuestra que el funcionamiento fue más deficiente: se destituyó a sólo un juez, hubo menos sanciones y absoluciones y quedaron más juzgados vacantes, sólo aumentó el número de empleados.

El episodio en que el oficialismo impidió el apercibimiento del cuestionado juez Norberto Oyarbide al no ser sancionado por la Magistratura, parece haber sido el punto máximo de intolerancia al amiguismo K.

Lamentablemente, así como otros avances que salieron del Congreso, tales como el 82% móvil para los jubilados y la aprobación de la eliminación de superpoderes del Poder Ejecutivo para mover partidas presupuestarias, esta modificación que si bien cuentan con la mayoría de la oposición, también corre el riesgo del veto con el que amenaza la Presidenta.

Equipo de Política
Tribuna de Periodistas