El escándalo en el Banco Nacional de Datos Genéticos no tiene desperdicio. Después de extraerles múltiples muestras a los hijos adoptivos de la Sra. Herrera de Noble, algunas obtenidas con cierto abuso de autoridad innecesaria, se ha dicho que no se pudo establecer la cadena de ADN.

Esto no es un dato menor, ya que tanto las dos familias reclamantes de la identidad de los jóvenes Noble Herrera como el gobierno nacional, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y cuanto hiperkirchnerista se arrastra por nuestra tierra se rasgan las vestiduras por conocer la verdadera identidad de los hijos de la dueña de Clarín, exigieron que los estudios se realizaran en dicho ente y no, como corresponde, en el gabinete del cuerpo médico forense.

Mayúscula fue la sorpresa cuando el propio BNDG que ahora depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional emitió dicho informe dando cuenta de la imposibilidad de arrojar un resultado cierto con las prendas secuestradas en el traumático procedimiento forzoso impuesto por la jueza Sandra Arroyo Salgado De Nisman.

Parodiando un programa infantil, ahora, ¿quién podrá socorrernos? seguramente dirán en la Quinta Presidencial de Olivos y en la Casa Rosada. Me encantaría un documental que plasmara en el celuloide (bueno, es un decir) las caritas de sorpresa de los presidentes Kirchner, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el Ministro del Interior Florencio Randazzo, el de Justicia Julio Alak y el encumbrado Senador Picheto, entre tanto funcionario KK, y obviamente sería de antología retratar el rostro de las Hebe de Bonafini y Estela “Autopromocionada candidata al Nobel” Carloto, cuando conocieron el obtuso resultado de las pruebas genéticas.

Algo raro está pasando

Barrunto para mi coleto que algo muy extraño está sucediendo, pues me resulta inexplicable que los abogados de Clarín, conocedores de un caso puntual y concreto en que se demostrara la falencia del BNDG en cuanto a seguridad en los resultados y el cuidado en la extracción y guarda de las muestras para someter a estudio genético, no lo hayan invocado, echando mano de un antecedente de yerro menos significante como es el caso de Manuel Duarte.

En una carta publicada por el diario Clarín, Gabriel Cavallo, abogado de la dueña del matutino criticó la “falta de profesionalidad” de la presidenta de la institución Belén Rodríguez Cardozo en esta causa y recordó el caso Manuel Duarte.

Se trata de un chico de 15 años que fue asesinado en 2005 en Miramar. El joven había desaparecido luego de salir de su casa a visitar a un amigo. Al año siguiente se hallaron restos fósiles de un cuerpo y la Justicia envió las muestras para cotejar el ADN con sus padres. Pero mientras el Servicio de Huellas Digitales Genéticas decía en 2006 que los huesos pertenecían a “Manolo”, un análisis del Banco Genético realizado en 2009, lo negaba. Según relató la abogada de la familia Duarte, el fiscal pidió una nueva pericia al Laboratorio de Genética Forense de Policía Científica de San Martín que confirmó el primer resultado. En la causa, la actual Directora del BNDG, Belén Rodríguez Cardozo explicó: “En la reiteración de la pericia se pudo constatar que el tubo interno del equipo que contiene el material óseo para su molienda, no había sido esterilizado totalmente”.

Llamativamente el defensor de la Sra. Herrera de Noble omite toda consideración a un caso emblemático, conocido por los abogados de Clarín por cuanto así se lo hizo saber la propia actora, a la sazón por mí patrocinada, en el cual se demuestra documentadamente que en el BNDG no hay seguridad jurídica, pues se pueden manipular las muestras. El mismo matutino publicó esta nota al respecto:

Clarín, Jueves 22, Octubre 2009: “Manipulación de una muestra de ADN en un juicio por filiación. Comprueban irregularidades en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand”.

Claudia Ortega tuvo una hija en 1993. Estaba sola cuando dio a luz: su pareja la había dejado cuando el embarazo empezaba a avanzar. Un año después, la señora inició un juicio de reconocimiento de filiación al padre de su nena. La Justicia ordenó, entonces, que se le hiciera a su ex un estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que funciona en el Hospital Durand. Y ahí sucedió algo que parecía inimaginable: en el BNDG se cambió la muestra de ADN del padre, con lo que los análisis concluyeron que no existía la filiación que la madre reclamaba. "Quedé shockeada porque yo estaba cien por ciento segura de quién era el padre. Fue indignante porque todos me cargaban y me preguntaban quién era el papá de mi criatura", recordó Claudia a Clarín.

Ahora, 15 años después, aquella manipulación de la muestra de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos quedó completamente probada. La Justicia acaba de dejar firme un fallo en el que se condena al Gobierno porteño -el Durand pertenece a la Ciudad- a pagar $ 50.000 en concepto de indemnización por los daños sufridos por la hija de Claudia Ortega, hoy de 16 años. Por pedido de la madre, no se difunde el nombre de la adolescente.

En su fallo, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal consideró probada la deficiencia en el funcionamiento y organización tanto del área de recepción e identificación como en lo que hace a la seguridad de la extracción y conservación de muestras para análisis genéticos.

La Defensoría Oficial (tiene la obligación legal de intervenir para preservar los intereses de los menores) había reclamado la condena contra la Ciudad al sostener que hubo conducta culpable del Banco Nacional de Datos Genéticos por manipular la muestra de ADN con impericia o negligencia y haber retrasado el emplazamiento cierto de la nena en el estado de familia que le corresponde, con la correspondiente angustia y mortificación. Enrique Piragini, el abogado que representó a la señora Ortega en el último tramo de la causa, reconoció que aún hoy tiene fuertes sospechas de que "la muestra fue cambiada a propósito con el único fin de perjudicar a mi clienta". Y agregó: "De acá se infiere que en la Argentina el estudio de ADN puede arrojar un resultado incierto. No es un estudio confiable".

Después de que el primer análisis de ADN dio negativo, Ortega reclamó nuevos estudios periciales para probar que su ex pareja era realmente el padre de la nena. Esos análisis, que se hicieron en otros centros especializados, afirmaron que existía un 99,99% de probabilidades de que el hombre fuera el padre. Así, en 1998 se ordenó al padre biológico de la nena que se hiciera un nuevo examen en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Esta vez la conclusión fue que existía una probabilidad del 99,998% de que el hombre fuera el progenitor. En su informe, el Banco Nacional de Datos Genéticos agregó que "el ADN extraído de la muestra hemática" con fecha "02/11/98 no es el mismo que obra en este BNDG de la muestra extraída el 21 de noviembre de 1994 para la realización de la pericia de filiación".

En 2000, Ortega inició una demanda por daños por la manipulación de la muestra. Recién en abril de este año, la Sala I de la Cámara lo Civil y Comercial Federal -integrada por los jueces María Susana Najurieta, Martín Diego Farrell y Francisco de las Carreras- encontró probada la "existencia de daño en la menor". Y en consecuencia condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a abonar a la adolescente una indemnización de 50.000 pesos más sus intereses.

El Gobierno porteño interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, pero éste fue declarado inadmisible el pasado 20 de agosto. Aunque la sentencia ya está firme, la adolescente aún no cobró la indemnización, según informó el doctor Piragini.

En consecuencia, quedan abiertas las puertas de las conjeturas, ejercicio sumamente interesante en estos tiempos tan extraños.

Enrique Piragini