Ayer, quien escribe estas líneas ratificó y amplió la denuncia sobre manipulación de resultados de los estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos y el cobro indebido de indemnizaciones por parte de algunos nietos recuperados que no son tales.

Lo más llamativo es que la denuncia fue presentada ante la Excma. Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal el día 14 de julio pasado, resultando sorteado (una vez más) el juzgado nro. 7 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide, quien recién despachó la presentación el día 2 de agosto señalando fecha para ratificarla el día 9 del corriente.

Desde el escrito inicial se sostuvo por este letrado que era innecesaria la ratificación por tratarse de delitos de acción pública, no obstante lo cual, el juez que demostró tanta diligencia para actuar en otras causas con celeridad inusitada, como por ejemplo la toma de la Comisaría 24ª, en la causa por escuchas ilegales donde está procesado Mauricio Macri, y aletargadamente en otras como los aportes ilegítimos a la Campaña Cristina Presidente,  en la denominada “mafia de los medicamentos”, o en la que está imputado Ricardo Jaime, dispuso citarme como testigo varios días después del inicio del expediente.

En la fecha este abogado sostuvo que ratificaba lo presentado y firmado, y a la vez amplió la denuncia dejando constancia que se tomó conocimiento de los hechos ilícitos por una persona que aceptó hacerse pasar por nieto recuperado, cobrando un porcentaje de la suculenta indemnización que se repartieron sus cómplices, sugiriendo se convoque a los 105 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo para realizar nuevas pruebas de estudios genéticos ante las sospechas de irregularidades.

La persona que aceptó participar del ilícito le manifestó a este abogado que lo hizo en la sede de las Madres de Plaza de Mayo, suponiendo que las Abuelas ignoraban esta clase de inescrupulosas maniobras.

Obviamente, y no obstante la reiterada exigencia del tribunal por identificar al arrepentido que brindó dicha información, quien escribe se opuso a poner en riesgo su integridad, amparándose en el secreto profesional, ya que ninguna autoridad en el país podría garantizarle seguridad, máxime cuando todos los organismos de control están en manos de aquellos que directa o indirectamente han tolerado esta clase de fraudes que han costado millonarios fondos del estado, abusando de una hipócrita política de derechos humanos.

Enrique Piragini