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El severo invierno que está golpeando al cono sur de América Latina se siente con más inclemencia aun en la Argentina, donde ha sido imposible mantener el suministro de gas que el mercado demanda. Esta no es la primera crisis energética que vive la Argentina. Si no, que le pregunten a los usuarios chilenos, que hace algunos años vieron como los envíos de gas natural se precipitaron a volúmenes ínfimos, pese a la letra de los contratos vigentes, que fueron desconocidos unilateralmente por instrucciones del gobierno argentino.
No es novedad que detrás de todo esto se encuentra el manejo tarifario, que desincentiva las inversiones en el desarrollo de nuevas reservas y en la expansión de la capacidad de producción y transporte de hidrocarburos.
La Argentina no es el único país que enfrenta dificultades energéticas. Chile, en gran medida por los cortes de gas argentino arriba mencionados, enfrentó una fuerte subida en sus costos energéticos en la segunda mitad de esta década. Brasil también estuvo al borde del apagón hace unos diez años. Y a fines del año pasado y principios de este, Colombia enfrentó una severa crisis energética causada por la sequía que se derivó del fenómeno de El Niño. En todos estos casos, las crisis dejaron en evidencia serias debilidades de sus modelos energéticos. Pero lo más rescatable fue que estas crisis llevaron a las autoridades de estos países a revisar sus planes energéticos, corregir las debilidades del modelo y mejorar su capacidad de respuesta.
Chile recurrió a la construcción de plantas de regasificación para eliminar su dependencia del gas argentino. Brasil desarrolló su modelo de asociación público privada, conocido como PPP por sus siglas en portugués, que ha permitido al país avanzar tanto en materia de infraestructura energética como de transporte. El gigante sudamericano también implementó un agresivo plan estratégico en la petrolera semiestatal Petrobras, que ha convertido a esta empresa en una de las más importantes del mundo en la industria y ha llevado al país al autoabastecimiento neto de hidrocarburos.
En el caso de Colombia, cuya matriz energética está muy concentrada en centrales hidroeléctricas, la sequía provocada por El Niño obligó a las autoridades a racionar el suministro de energía. Con la caída de la oferta de energía hidroeléctrica por la sequía, aumentó la generación de electricidad en plantas termoeléctricas, disparando el consumo de gas natural. Esto afectó el suministro a usuarios industriales y al sector vehicular. También se redujeron los envíos de electricidad y de gas natural a Venezuela —de algo más de 200 millones de pies cúbicos por día que se envían a través del gasoducto binacional inaugurado en el 2007 a unos 60 millones durante la emergencia— así como las ventas de electricidad a Ecuador. Ambos recortes, sin embargo, se realizaron dentro de lo estipulado en los contratos que regulan estas exportaciones energéticas a los países mencionados.
Como lo hicieron Chile y Brasil en su momento, Colombia está revisando su estrategia energética para evitar que sucesos como este se repitan. El país cuenta con un adecuado marco regulatorio —que se ha traducido en flujos crecientes de inversiones en este sector— y con empresas competitivas, tanto públicas como privadas, con lo que tiene sólidas bases para seguir desarrollando el sector. Una de sus apuestas es al gas natural, pero ante la incertidumbre sobre si se encontrarán reservas suficientes para sostener el modelo, empresas y gobierno estudian actualmente la implementación de sistemas de almacenamiento de este hidrocarburo que le dé la flexibilidad de importarlo en caso de necesidad. La estrategia pasa también por estimular las inversiones para convertir al país en un exportador de energía y no sólo como proveedor complementario, como lo es ahora con Venezuela y Ecuador (países que, paradójicamente, son miembros de la OPEP pero que enfrentan serios problemas de abastecimiento energético).
Las lecciones de Chile, Brasil y —ahora— Colombia, son claras. La única forma de evitar emergencias energéticas es aprender de las lecciones y revisar estrategias, diseñando sistemas competitivos y eficientes que reflejen el valor real de un bien clave como la energía. Es de esperar que la Argentina haga lo propio. Lo malo es que, como en otros aspectos de su economía, cuanto más tarde el país en corregir los errores, mayor será el costo que la Argentina y sus ciudadanos tendrán que pagar.
Raúl Ferro
Miembro del Consejo Consultivo de CADAL
Conocido es el hecho de que las empresas que se apropiaron de los hidrocarburos argentinos en la nefasta década de los ’90, con el proceso de desguace y privatización de las estatales YPF y Gas del Estado, no realizaron ninguna inversión en exploración, que es la única inversión de riesgo en esta industria y se limitaron a realizar una extracción depredadora y abusiva de los yacimientos ya estudiados por YPF. Ni siquiera respetaron aquellos que permanecían en reserva a fin de asegurar que siempre hubiera suministro. Y no puede decirse que en aquellos años no obtuvieran pingües ganancias. El petróleo y gas aquí obtenido a costos muy inferiores a los internacionales los exportaban cobrando la cotización internacional y escamoteándolos al mercado interno. De más está decir que no realizaron ninguna actividad exploratoria y, menos que menos, una explotación racional del recurso. Y esto es así porque el interés de una empresa privada es el lucro y ninguno otro. El interés de un uso racional y programado de un recurso estratégico como la energía solo es interés de los Estados, y es el único que lo puede garantizar ya que no tiene finalidades de lucro sino de posibilitar la disponibilidad del recurso que garantice el desarrollo nacional. Esto no sucedió en nuestro País, donde los distintos gobiernos dieron una suerte de piedra libre a las multinacionales y les renovaron o extendieron las concesiones por décadas y en condiciones más leoninas para la Nación. Estas multinacionales la única inversión que realizaron fue la construcción de ductos para facilitar el traslado a puertos de Chile u otros con vistas a su exportación. Pero en lo que se refiere a infraestructura no dejaron un solo dólar aquí, derivando todas sus ganancias al extranjero para desarrollar negocios en otros lados, tal como hizo la española Repsol. Todos conocemos esa historia y por ello nos cuesta mucho aceptar el sonsonete de que las empresas no invierten porque no se les asegura “rentabilidad”. Rentabilidad la tuvieron y cómo. Es más, aún hoy con “crisis” YPF le dejó a la Repsol una nada despreciable ganancia de 861 millones de euros en este primer semestre de 2010 (diario Clarín – iEco 30/07/2010). Pero a los argentinos nos falta energía. Tenemos una “crisis” por falta de exploración de nuevas reservas y su explotación, a nuestros productores y a nuestras fábricas se les escatima al punto de afectar la producción, a los ciudadanos se les priva hasta lo mínimo indispensable para calentarse y cocinar sus alimentos. Pero los españoles (y las otras multinacionales) parece que siguen obteniendo buenos beneficios, y que también continúan sin realizar las inversiones necesarias. Se citan los casos de Chile y Brasil. Una no tiene petróleo, por lo que no le queda más remedio que comprarlo en el exterior y el precio será el internacional con cualquier proveedor. Brasil por su parte, si bien localizó yacimientos en el subsuelo marino, no los puede explotar por ahora (y por varios años más) y sigue dependiendo del proveniente de Bolivia en su mayor parte. No es el caso de Argentina que posee hidrocarburos y en el territorio continental, y de bajo costo de obtención e industrialización. Pero de poco le sirve si los mismos han quedado al arbitrio y conveniencia de empresas privadas, multinacionales por demás. Quede en claro que nadie entregó el manejo de su energía como lo hizo Argentina. Gracias a ello, el petróleo que fuera el que asegurara el desarrollo del País y financiara la construcción de caminos y represas, hoy sirve para generar riquezas a extranjeros y falencias a los argentinos.