Es notable la gran cantidad de accidentes de tránsito que terminan con la vida de las personas u ocasionando lesiones gravísimas e irreversibles. Cada día son más los vehículos de transporte público automotor que aparecen involucrados en estos lamentables sucesos.

Por tal motivo me permito sugerir revisar tan grave cuadro de situación y buscar soluciones.

En toda colisión donde aparecen automotores, a semejanza de lo que acontece con otros medios de transporte, podemos mencionar dos factores fundamentales: el humano y el material.

Nadie desconoce que los choferes, tanto de camiones como de ómnibus y taxímetros, viven al día con sus magros salarios y la desaforada carrera por la supervivencia los lleva a dedicar horas robadas al descanso y al esparcimiento. Tanto los conductores de taxis como de colectivos de transporte público son exigidos hasta el límite de su tolerancia física y mental. Esta es una de las causas más comunes en los luctuosos sucesos de los cuales resultan involuntarios protagonistas.

Otro de los motivos que coadyuva a generar estrés en los conductores es el estado de calles y avenidas cada vez más colapsadas por rodados y transeúntes, que no se soluciona con algunos carriles exclusivos, máxime cuando a ello se suma la falta de respeto a las reglas y normas de tránsito, que operan como concausas.

Pero el factor material es el que, a mi ver, más gravita en estos “accidentes” relacionado con la antigüedad de los vehículos y -el más importante- la falta de inversión en mantenimiento de los automotores. Y este tópico no es privativo del transporte público, ya que también aqueja a la gran mayoría de propietarios de vehículos particulares que no pueden afrontar los costos de mantenimiento de sus rodados pues tienen otras prioridades insoslayables de supervivencia. Respecto a los empresarios del transporte, no sólo no reinvierten sino que usufructúan los generosos subsidios que paga el estado a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, por lo que ni cuidan a su personal ni a su parque automotor, ya que nunca faltará un generoso funcionario que a cambio de un porcentaje les facilitará mayores prebendas y beneficiosos planes para renovar su flota.

Y una combinación fatal de estas especies de factores materiales y personales nos lleva a un tercer aspecto que opera como facilitador y generador del caos que afecta al sector: la falta de controles estaduales sobre dicha actividad. En efecto, se han relajado tanto los controles del estado de las unidades automotores que es fácil advertir vehículos en deplorables condiciones que continúan utilizándose en la vía pública, no sólo arrojando gases tóxicos generadores de polución sino que los conductores del transporte público de pasajeros admiten que sólo pueden frenar con la caja de velocidad pues los vehículos no tienen ni pastillas ni líquido de frenos.

La ong que presido, que bien vale recordar no recibe aportes económicos de ninguna naturaleza lo cual garantiza la más absoluta imparcialidad, ha encuestado a conductores y talleristas mecánicos, y en ambos casos son alarmantes los resultados obtenidos:

 a. En los vehículos de transporte colectivos de corta, media y larga distancia, la inversión en mantenimiento es prácticamente CERO, y en taxis y remises sus propietarios reconocen que redujeron sus cuidados en más del 75% limitándose a reparaciones meramente estéticas que les garanticen superar las revisiones de SACTA para no perder sus licencias, relegando revisiones mayores al momento en que dejaren de funcionar sus unidades.

b. El estado, nacional, provincial y comunal, no controla más las condiciones de funcionamiento de los automotores, ni públicos ni privados, limitándose su intervención a la actividad recaudatoria de infracciones y multas que de ninguna manera cumple fines educativos ni disuasivos.

Un detalle a tomar muy en cuenta frente a este delicado tema es la falta de implementación de la tarjeta SUBE cuya implementación no se ha cumplido en tiempo y forma no obstante las promesas del gobierno. La razón de ello es que a través de la tarjeta SUBE resulta fácil determinar la cantidad de usuarios de las diversas líneas de transporte que reciben millonarios subsidios y muchas de esas empresas no tienen ni la cantidad de unidades ni de usuarios que declaran para obtener esa ayuda del estado, todo lo cual agrava las condiciones de inseguridad que vivimos los ciudadanos virtualmente desamparados. Resulta llamativo que no trasciendan los reiterados accidentes que se vienen sucediendo en el transporte ferroviario, como si los mismos ya no acontecieran, pero sólo están opacados por los luctuosos acontecimientos que han tomado estado público en los últimos días en que murieran atropellados inocentes transeúntes cuyos deudos deberían reclamar no solamente a los responsables directos del accidente sino también al Estado responsable de la inoperancia de sus funcionarios.

Enrique Piragini