Mafiosos, patoteros, mentirosos, corruptos, sinvergüenzas... Todo eso, y mucho más, les ha dicho el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a los medios de prensa independientes de su país. Pero el mandatario no se ha quedado en los insultos; ha pasado a la acción.

Y libra desde hace tiempo una batalla que incluye distintas estrategias de acoso y hostigamiento contra periodistas y editores. En los casi cuatro años que lleva en el poder ha armado una sorprendente red de medios oficiales.

El Estado ecuatoriano pasó de tener una sola radio pública a controlar decenas de emisoras de AM y FM, canales de televisión, sitios informativos de internet y también diarios. Muchos de esos medios pertenecían a bancos que, por vía de una reforma constitucional, quedaron inhabilitados para mantener la propiedad de medios de comunicación.

 "Hubo una incautación de medios que pertenecían a los que el Gobierno denomina 'los banqueros corruptos'", explican voceros independientes.

Pero ahora Correa va por más: impulsa una ley de comunicación que, según periodistas ecuatorianos, implicaría una grave lesión a la libertad de prensa y, en definitiva, a la democracia en esa nación sudamericana.

Representantes de la prensa independiente ecuatoriana han alzado su voz, en estos últimos meses, para denunciar situaciones de atropello y alertar sobre peligros muy graves para la libertad de expresión en su país.

Hace pocos meses, el gobierno de Correa aplicó una clausura a Teleamazonas, la única empresa televisiva que todavía queda en manos de un grupo privado. Le imputaron "irresponsabilidad" en la emisión de ciertos contenidos.

Una de las acusaciones fue por haber difundido un hecho sobre la base de supuestos y presunciones; otra por haber emitido imágenes de una corrida de toros en horario de protección al menor.

Teleamazonas lo denunció como un acto de censura y fue a la Justicia, donde obtuvo un fallo favorable. Correa habló con furia de esa decisión judicial.

El presidente tiene, como su par venezolano, Hugo Chávez, un programa semanal —todos los sábados— en el que les habla a los ecuatorianos. En los últimos meses, desde ese espacio ha disparado munición gruesa contra la prensa independiente.

"Ha logrado instalar un clima de autocensura en las redacciones", dicen prestigiosos periodistas ecuatorianos alarmados por el clima que se ha instalado contra la prensa en su país. Ocurre que Correa ha señalado a columnistas con nombre y apellido.

A muchos les han buscado antecedentes familiares para estigmatizarlos. "Llegan a hurgar en la vida de los periodistas y logran meter miedo". Así describen representantes de la prensa ecuatoriana el marco en el que desarrollan su tarea. No se salvan ni los caricaturistas, a los que Correa ha dedicado uno de sus últimos reproches públicos.

Con dictamen favorable, el proyecto de "Ley orgánica de Comunicación" está a punto de ser votado en la Asamblea Nacional (Ecuador tiene un régimen parlamentario unicameral), donde el oficialismo cuenta con holgada mayoría.

Y para distintos observadores la norma le daría al Gobierno una herramienta para controlar, lisa y llanamente, la prensa. Uno de los puntos más controvertidos es el que propone la creación de un "Consejo de Comunicación e Información" que tendría facultades de regulación, supervisión y contralor sobre los medios de prensa. Ese organismo, por ejemplo, abriría un registro de medios en el que deberían anotarse todos, ya sean radiales, televisivos, electrónicos o impresos.

Entre otros requisitos, se les exigiría que presenten una declaración sobre su línea editorial. La ley —a su vez— establece que el posterior apartamiento de esa línea editorial habilitaría a los trabajadores del medio a considerarse despedidos en forma intempestiva. ¿Quién juzgaría en qué caso se ha producido una variación de la línea editorial? El Consejo controlado por el Gobierno.

Pero la ley también propone otros avances sobre los diarios, radios y televisoras. Establece, por ejemplo, que deberán observar "buenas prácticas periodísticas" y "ajustarse a un código de ética". Sería el Consejo (el Gobierno) el que se arrogaría la facultad de juzgar la conducta ética de los medios y los periodistas.

El proyecto también consagra el "derecho de rectificación", que va mucho más allá del controvertido derecho a réplica. En este caso, no sólo le otorga "a toda persona, colectivo o comunidad..." el derecho a contestar una información por la que se pueda sentir afectado, sino a "rectificarla".

Otro aspecto cuestionado del proyecto de ley es el que establece la obligación de que los cargos jerárquicos de las estructuras periodísticas sean ocupados por "periodistas profesionales".

Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, "esta disposición contradice a la Convención Americana que —expresamente— dice que la imposición de requisitos especiales para el ejercicio del periodismo, como la colegiación obligatoria de periodistas, es una restricción ilegítima a la libertad de expresión".

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha elaborado un completo informe con numerosas y puntuales objeciones a este proyecto impulsado por la administración de Correa. El estudio fue elevado el mes pasado al presidente de la Asamblea Nacional.

Montado sobre un fuerte flujo de ingresos que le garantiza el petróleo, Correa se ha convertido en un líder fuerte al que muchos comparan con Hugo Chávez. No parece casual que haya sido justamente el del venezolano el único apoyo internacional que recibió, hasta ahora, el proyecto de ley de comunicación que impulsa el mandatario ecuatoriano.

En los últimos meses, Correa ha subido el voltaje de una retórica cada vez más agresiva contra la prensa. No ha dudado, inclusive, en aplicar normas que penan el desacato para acentuar el hostigamiento judicial contra medios y periodistas independientes.

Un periodista ha sido condenado a tres años de prisión por un artículo de opinión. Otros dos han sido citados judicialmente tras una investigación sobre el hermano del presidente (un contratista del Estado).

Pero si eso ya habla de graves lesiones al ejercicio del periodismo, el proyecto de ley que la prensa ecuatoriana denuncia como un atropello le daría —probablemente— un golpe mortal a la libertad de expresión. Eso —al menos— es lo que por estos días denuncian, atemorizados, periodistas de esta nación enclavada en el norte de la América latina.

Franco Morán
NA