El Gobierno intensifica los ataques contra los principales diarios del país.

Los Kirchner pretenden que los dueños de los dos diarios más importantes del país, Clarín y La Nación, sean juzgados por delitos de lesa humanidad, según la querella presentada por su Gobierno. Se les acusa de haberse apropiado en los setenta de la sociedad Papel Prensa gracias a las presiones de los militares contra los legítimos propietarios. Los dos grupos denuncian el intento de criminalizar a sus ejecutivos como parte de la batalla gubernamental contra los medios críticos. Uno de los magistrados y el fiscal que juzgaron a los responsables de la dictadura militar aseguran que los Kirchner usan la cuestión de los derechos humanos en beneficio propio.

La batalla entre los Kichner, Clarín y La Nación, por el control de la única empresa productora de papel periódico de la Argentina ha reabierto el debate, por un lado, sobre el apoyo de buena parte de la sociedad civil al golpe militar y su silencio durante los llamados años de plomo y, por otro, sobre la "reinterpretación" de la historia por parte de los Kirchner, acusados de utilizar la política de derechos humanos en su beneficio.

El Gobierno acusa a los máximos responsables de los dos diarios de haberse hecho con Papel Prensa en noviembre de 1976 gracias a las presiones que ejercieron los militares sobre Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, dueño inicial de la empresa. Papaleo fue secuestrada y torturada en marzo de 1977 y asegura que esas presiones existieron. La querella pide el procesamiento de la propietaria y al presidente del grupo Clarín, Ernestina Noble y Héctor Magnetto; el director de La Nación, Bartolomé Mitre, y a los hermanos Peralta Ramos, ex dueños del diario La Razón.

Los portavoces de los dos medios mantienen que la compra de Papel Prensa se hizo de manera legal. Su versión es apoyada por el hermano de David Graiver, Isidoro, quien asegura que la venta se realizó en un momento muy complicado para las empresas del grupo, cuando David Graiver acababa de morir en un accidente de avión y "en las mejores condiciones que pudimos obtener, en libertad y sin torturas, que se produjeron meses después".

"Una cosa es que la gran mayoría de los medios de comunicación de la época se mantuviera en silencio frente a la dictadura militar, como, por otra parte, hizo un sector también importante de la sociedad civil y otra, acusarles de participar en la comisión de delitos de tortura", explica a EL PAÍS Ricardo Gil Lavedra, actual diputado radical, que fue uno de los seis jueces que condenaron a los máximos dirigentes de la dictadura, durante el Gobierno de Raúl Alfonsín.

Gil Lavedra, abogado de prestigio, reprocha a los Kirchner "malversar" la cuestión de los derechos humanos y defender una visión sesgada de la historia. "No se puede presentar como víctimas de la represión, como algunos pretenden, a los guerrilleros que murieron en el ataque a una comisaría y que mataron a soldados", afirma. "El Gobierno quiere a toda costa hacerse con Papel Prensa y no duda en utilizar la cuestión de los derechos humanos para alcanzar su objetivo", se irrita.

Cristina Fernández ha arremetido también contra el fiscal Julio Strassera, que llevó el caso los máximos responsables de la dictadura, porque aseguró que durante aquellos juicios jamás se habló de Papel Prensa. "Strassera es un ser despreciable que como fiscal negó habeas corpus a secuestrados", acusó la presidenta. "Muchos fiscales denegamos habeas corpus en ese momento. Era la legislación vigente", replicó Strassera. "Acá quienes no hicieron nada por los derechos humanos son los Kirchner (...) Ellos se fueron a hacer plata a Santa Cruz".

Papel Prensa, que abastece al 75% del mercado es propiedad de Clarín (49%), La Nación (22%) y el Estado (27,4%). Los diarios denuncian desde hace meses que el Gobierno intenta adueñarse de la firma. El Gobierno intenta, por su parte, impulsar una ley para declarar la producción de papel diario "cuestión de interés público".

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/20100923elpepiint_9/Tes