El título del presente trabajo y de esta sección afirma de manera explícita -utilizando ciertas licencias académicas sobre lo que realmente es un “cartel”-, que el negocio del narcotráfico y toda la gama de delitos que de él emanan o lo acompañan, está gobernado por una red criminosa doméstica que ningún gobierno ha intentado seriamente perforar y neutralizar durante las últimas décadas.

La historia de la relación entre función pública y actividades criminales se remonta a los primeros años del siglo pasado, aunque el tipo y magnitud de negocios haya cambiado y evolucionado. Sobre todo, a partir del surgimiento del narcotráfico y su expansión en la región y en nuestro país.

A partir de ese momento, fue construyéndose el tejido criminoso que ha contaminado progresivamente las principales estructuras del poder político del país, a lo largo de todo el territorio nacional.

La provincia de Buenos Aires, por ejemplo y como este autor mencionó en numerosos documentos y reportajes, tuvo entre los más poderosos intendentes -por lo general caudillos de los principales partidos políticos desde comienzos del siglo pasado-, a los beneficiarios del dividendo de delitos como la “trata de blancas”[1] y el juego clandestino. Desde luego esos intendentes, fieles a la estructura piramidal del poder, elevaban a las instancias superiores, es decir a los gobernadores, la parte más importante de las ganancias obtenidas.

El reparto del botín incluía también paralelamente a una importante nómina de partícipes necesarios, con el objeto de mantener en secreto las actividades criminales de las cuales hacían usufructo los políticos de turno, miembros de la legislatura provincial y municipal, policías, jueces y funcionarios de la administración pública.

Las otras provincias del país no diferían demasiado del modelo provincial bonaerense, paralelo a su vez al de la ciudad de Buenos Aires.

Una vez culminado su período en el gobierno de turno o sus destinos en los otros poderes, o en altos cargos policiales, por ejemplo, transmitían el control de los ingresos y el manejo de sus arcas (hoy llamadas “cajas”) a sus sucesores en los cargos. Permanecían sí las llamadas “líneas”[2], que aseguraban (y siguen haciéndolo) la continuidad de los negocios dentro de los escalafones de la función pública, pero esta vez a beneficio de sus nuevos jefes.

Pero existe una gran diferencia entre la situación mencionada a lo largo del siglo pasado desde sus comienzos y las décadas siguientes con los tiempos actuales. El cuadro actual está representado por la irrupción y desarrollo a nivel global, internacional y regional de los riesgos y amenazas representados principalmente por el terrorismo religioso y secular, criminal y/o político según el modelo, pero alimentado en casi todos los casos por el crimen organizado transnacional liderado por el narcotráfico. Además, crecen rápidamente los procesos de convergencia entre la criminalidad organizada con fines basados exclusivamente en la lógica del lucro, con las formaciones terroristas que tienen como base principal la lógica política. Y, como si fuera poco, intersectando sus agendas con las de gobiernos patrocinadores del terrorismo y/o cómplices o beneficiarios del negocio del narcotráfico, situación que suele estar impregnada por redes criminales asociadas casi siempre a altos niveles de corrupción de sus instituciones. Si hay un ejemplo bastante aproximado de todo esto, bastaría con mencionar a Corea del Norte, país que hace uso hasta de sus derechos soberanos para desarrollar actividades clandestinas de carácter criminal.

La Argentina es actualmente y desde hace mucho tiempo lo que la tipología define como un “Estado regulador del narcotráfico”, tal vez al estilo del México preexistente a la caída del régimen encabezado durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El capítulo argentino en lo que a la existencia del “Estado regulador” se refiere, sólo puede describirse en términos generales, más por los efectos visibles del narcotráfico para uso doméstico y la drogodependencia que este genera, que en un diagnóstico fidedigno independiente que jamás se ha realizado.

Podría tal vez replicarse en la Argentina lo que en la década de los años sesenta del siglo pasado fuera expuesto a la luz pública por el hoy conocido como “modelo de Thomas Schelling”[3] sobre el crimen organizado en los EE.UU. El ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas 2005, llegó a la conclusión décadas atrás de que la mafia en los EE.UU. fue concebida como un cobrador autorizado de las rentas asociadas con la franquicia administrada por los departamentos de policía en ciudades estadounidenses. Tal vez cabría agregar al “modelo Schelling” una necesaria mención a los jueces, fiscales, legisladores, gobernadores, alcaldes y políticos corruptos de su país, que a su vez interactuaban con los “departamentos de policías” mencionados y que facilitaron y/o protegieron las acciones criminales de las mafias estadounidenses.

Mencionado ese aspecto central del modelo de Thomas Schelling, el concepto descripto podría aplicarse al perfil completo del narcotráfico y sus apoyaturas y cómplices en la Argentina.

Desde luego, haría falta un esfuerzo titánico, encarado por un equipo interdisciplinario independiente del poder político y de los gobiernos de turno, para preparar un diagnóstico sobre el grado de infiltración de las instituciones estatales y de todos los sectores del país, por parte del crimen organizado vernáculo y transnacional.

Cualquier modelo sustitutivo del “Estado regulador” debería estudiar y analizar la experiencia del modelo mexicano que, al derrumbarse y fracturarse, causó la guerra brutal que se desarrolla en la actualidad; más allá de que la Argentina sea un país geográficamente distante del principal mercado mundial de las drogas ilegales, como es EE.UU.

De cualquier manera, el “Estado regulador” del narcotráfico pudo surgir en la Argentina como resultado de la desaparición de aquella dirigencia que integraba sus instituciones, sin mantener compromisos con intereses vinculados a esta flagrante actividad criminal. Esta elite fue lenta pero inexorablemente reemplazada por un sistema encabezado o permitido por quienes reciben un usufructo directo de los negocios ilegales, sea por su carácter de infiltrados, por corruptos, o bien por temor, ignorancia culposa, etc. Son estos elementos contaminados y contaminantes el principal muro que impide el estudio y adopción de las políticas de Estado necesarias para modificar el cuadro de situación actual. Cualquier política de Estado y la estrategia nacional que contemple en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, deben perentoriamente incluir las medidas necesarias para que la caída del “Estado regulador” no deje espacios vacíos sin controlar. Espacios que, como en México, dieron lugar a la guerra que libran organizaciones criminales extranjeras o locales por la conquista del negocio del narcotráfico luego del vacío que ocasionó, entre otras causas, el derrumbe institucional del PRI.

De cualquiera, cualquier intento serio para desmontar el “Estado regulador” del narcotráfico en la Argentina, podría cobrar numerosas vidas de funcionarios públicos, personal de las fuerzas policiales y de seguridad, periodistas, de instituciones privadas e individuos que decidan encarar tan sensible y peligrosa tarea.

Si se suman a los tradicionales dividendos por la trata de blancas y el juego clandestino los nuevos delitos incorporados a lo largo de las últimas décadas, como los tráficos de alcaloides, de armas, de personas, de venta de órganos para transplantes y de negocios de un Estado azotado por la corrupción, sin que casi nadie termine encausado y condenado, esto permite argüir una vez más[4] que la Argentina está sometida a una mafia autóctona de características realmente tenebrosas. Mafia que no ha podido ser penetrada y ni siquiera combatida hasta ahora ni por las más grandes organizaciones criminales internacionales, como las italianas, a pesar de la importante colectividad de ese origen, que conjuntamente con la española constituyen las dos principales simientes de la nacionalidad argentina.

El grado de corrupción que permite el desarrollo de todo tipo de negocios ilegales, ha llegado al punto de facilitar que las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, hayan incluso realizado en territorio argentino (nadie puede asegurar que eso no continúe) el control de calidad final de la pureza de sus productos. También, debe reiterarse, importando desde el exterior substancias como la efedrina, para transbordarlas luego ilegalmente con un altísimo margen de ganancia hacia países como México, o bien utilizarlas para fabricar estimulantes con destino al mercado doméstico.

Todo ello, al amparo de un sistema legal absolutamente laxo, y de algunas autoridades que parecen alentar -desde los antros de la corrupción imperante de la cual forman parte-, que la Argentina llegue a parecerse a modelos de países en que la violencia relacionada con el narcotráfico está a la orden del día.

La organización que operaba el negocio de la efedrina, importada de países productores desde la Argentina para luego ser reembarcada a México, utilizaba una impresionante red de laboratorios y farmacias habilitadas, complementada por sociedades comerciales previamente adquiridas o creadas ad hoc.

El negocio de la efedrina que conecta a firmas y ciudadanos argentinos con organizaciones criminales mexicanas involucradas en algunos de los nodos del sistema de tráfico, es solamente una pequeña “punta del gran iceberg” de la corrupción imperante en la Argentina. En suma, la misma que facilita el tráfico de alcaloides, de personas, el comercio ilegal de medicamentos genuinos y falsificados; la clarificación de dinero de negociados escandalosos a lo largo de muchos años; la defraudación y estafas a obras sociales y otros delitos asociados al campo de la medicina de alta complejidad.

Los jueces intervinientes en las causas en curso que se tramitan en la Justicia argentina sobre los delitos mencionados, tienen en sus manos la oportunidad histórica de iniciar en la Argentina una serie de procesos al estilo “manos limpias”, tal como ocurrió en Italia hace años contra la mafia de ese país. Investigaciones judiciales que permitan combatir frontalmente y conjuntamente toda forma de crimen organizado y al sistema corrupto que lo protege en esferas de los poderes e instituciones estatales y provinciales.

El sideral volumen de dinero ilegal generado por el tráfico de drogas, de armas, de personas y de otros delitos altamente complejos asociados o no con estas actividades criminales, constituye asimismo una herramienta para corromper a los Estados y debilitar a sus sociedades. La situación se agrava gracias a la carencia de una respuesta global e internacional adecuada y debidamente coordinada, que cuente además con un plexo legal -tanto mundial como propio de cada país en particular-, que permita perseguir, encausar y castigar debidamente a las organizaciones delictivas y a sus integrantes.

La República Argentina enfrenta actualmente muchos riesgos y amenazas, al igual que otros países del continente, incluyendo a los EE.UU., que por el momento son parte del problema más que de la solución a las amenazas relacionadas con el narcotráfico y la violencia criminal que este genera.

Deberían sinceramente preocupar en la Argentina signos propios -aunque en una etapa primigenia-, de las guerras que se libran en países como México y Colombia, pero no solamente entre las organizaciones criminales y las fuerzas militares y de la ley de ambos países. También, entre los cientos de organizaciones (mal llamadas “carteles”, ya que carecen actualmente de las cualidades de tales) que luchan sangrientamente, sobre todo en México, para apoderarse de los territorios y corredores que conducen al apreciado mercado de las drogas ilegales que son los EE.UU.

Pero lo verdaderamente importante, es que quienes se benefician gracias a la corrupción dentro de un “Estado regulador” del narcotráfico, jamás podrán tener otro objetivo que defender el modelo existente.

La corrupción puede provocar al organismo social de un país un daño equivalente a la salud de un ser humano afectado por el SIDA. No lo mata directamente, pero abre camino a todo tipo de infecciones que pueden acabar con su propia existencia. Hay Estados ya fallidos, cuya supervivencia depende de un tratamiento urgente y exhaustivo de los males que carcomen su vida institucional, que ponen en peligro la continuidad histórica del país aquejado.

A la carencia de un basamento legal unificado se suma en la Argentina la irrupción de doctrinas penales constructivistas y abolicionistas, cuya influencia en ciertos estrados judiciales ha causado que muchos ciudadanos estén prisioneros dentro de sus casas enrejadas cuál cárceles, mientras la delincuencia se adueña lenta pero inexorablemente de las calles.

Si bien se realizan periódicamente en el país procedimientos exitosos, que culminan con secuestros de grandes cantidades de narcóticos y la detención de criminales vinculados a esta actividad, se trata por lo general -la excepción confirma la regla- de cargamentos destinados a mercados del exterior.

No hay mayores registros de allanamiento y secuestros de las drogas que se expenden fácilmente y hasta se consumen en todo tipo de lugares públicos, gracias sin duda a la protección que reciben a lo largo y a lo ancho de la inmensa red de protección que cobija a la narcocriminalidad.

El Gobierno Argentino, que mantiene en su seno posiciones contradictorias -como en el caso del contencioso histórico entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de La Nación y la SEDRONAR-, debería tener asimismo muy presente las exigencias y recomendaciones efectuadas por los principales organismos internacionales.

Las autoridades de nuestro país deberían contribuir más activamente con el interés del Consejo de Seguridad de la ONU, que alienta a los Estados Miembros a aumentar su cooperación para reforzar la fiscalización de estupefacientes y poner así freno a la circulación de las drogas. Esto incluye cooperar en el manejo de la seguridad en las fronteras, destacándose la necesidad de adoptar medidas perentorias -con el apoyo de los agentes internacionales pertinentes-, para luchar contra la clarificación de las ganancias obtenidas mediante actividades delictivas, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sus precursores.

Sería realmente también de primordial importancia que los tres poderes del Estado comenzaran alguna vez a articular entre sí y con todo el arco político y la sociedad en su conjunto, un plan estratégico destinado a erradicar no sólo el contrabando de narcóticos, estimulantes y precursores hacia el exterior, sino también el consumo de drogas en la Argentina, a menos que se quiera convertir al país en una réplica de otros en que la narcoviolencia parece imperar sobre las fuerzas del orden.

Lamentablemente y a la luz de lo que puede observarse cotidianamente, una acción eficaz de la Argentina en la lucha contra el narcotráfico cuenta con baja probabilidad de ocurrencia; por la carencia de una estrategia nacional y de un plexo legal adecuado para abordar el desafío del narcotráfico; y también porque en este país el drama se amplifica gracias a que los grandes “padrinos” de este tenebroso negocio están históricamente enquistados y/o amparados en y por los más altos niveles del Estado Nacional.

En definitiva, un “Estado regulador”, dominado por el “Cartel de la Gran Aldea” del narcotráfico argentino.

Horacio Calderón