Estimulantes tipo anfetamina

La definición hace referencia a un grupo de substancias sintéticas que comprenden un grupo de anfetaminas (primariamente anfetamina, metanfetamina y metcatinona) y a las que están vinculadas al grupo del “Extasis” (MDMA[1] y sus análogos).

Los estimulantes mencionados pueden ser fabricados en aquellos lugares donde puedan encontrarse los precursores necesarios para cada proceso. Así, los laboratorios suelen estar instalados en sitios cercanos a los mercados de consumo y, al respecto, afirma el UNODC que un tercio de los países que cumplen con sus informes han informado de secuestros de esos laboratorios en sus territorios. Entre ellos se encuentran por primera vez (2008) la Argentina, Irán, Brasil, Guatemala y Sri Lanka, .aunque en menores cantidades que otros países como EE.UU., la República Checa, Australia, China, Eslovaquia, Holanda, Canadá y México. Sin embargo, los 8.432 laboratorios secuestrados en 31 países no resultan representativos en cuanto al número aproximado de unidades descubiertas y neutralizadas, ya que aquellos miembros informantes declaran generalmente los casos más importantes. No suelen dar tampoco mayores detalles, como calidad de la droga, cantidades aproximadas de fabricación, ciclos de producción, etc.

Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, la Argentina quedó convertida en un importante centro regional para la importación y reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y comercialización de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se utiliza medicinalmente, para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales, etc. Fueron sí ilegales las operaciones comerciales deliberadamente conectadas con un sistema perverso, montado específicamente para usar localmente y/o contrabandear dicha efedrina como precursor químico, utilizado ilegalmente para fabricar estupefacientes de origen sintético por parte de los narcoterroristas mexicanos.

En el caso argentino, se fabricaba y/o enviaba de contrabando la materia prima y/o las substancias estimulantes tipo anfetaminas a otros países, en los cuales su venta está estrictamente vedada como sucede en México desde hace años. El Informe 2010 citado del Departamento de Estado, sugiere que el país continúa siendo una ruta de transbordo de efedrina ligada al tráfico ilícito en México y los EE.UU.

Tal como ha sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea en la Argentina y otros países como Chile el control de la fabricación de estupefacientes y substancias psicotrópicas, es que la mayoría de estas últimas tienen usos lícitos en la industria química y farmacéutica. La industria argentina, y en menor medida la chilena, cuentan con establecimientos tecnológicamente muy avanzados; aptos no sólo para la fabricación de precursores utilizados en el procesamiento de drogas ilegales tradicionales como la cocaína y la heroína, sino también las substancias estimulantes tipo anfetamina.

Los siguientes cuadros, publicados en abril de 2000, demuestran la importante cantidad de substancias de uso dual, cuya “distracción” permite alimentar los laboratorios que forman parte del sistema de procesamiento ilegal de narcóticos. La reciente experiencia argentina, actualmente bajo investigación, demuestra hasta que punto integran tales instalaciones -sea de facto o asociadas con personas físicas, o jurídicas reales y/o de fachada-, las redes transnacionales del tráfico de estupefacientes y substancias psicotrópicas[2].

 Sustancias de uso dual utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas[3]

Substancias opiáceas

El UNODC calcula que más de 15 millones de personas consumen mundialmente opiáceos ilícitos (opio, morfina y heroína), pero que la heroína -su forma más letal- prevalece sobre las dos restantes, sumando además los riesgos de contagio de HIV/SIDA, Hepatitis y otras enfermedades transmitidas por la sangre, debido al uso de jeringas compartidas por parte de muchos adictos[4].

La comercialización ilegal de opiáceas y especialmente la heroína a escala mundial, es uno de los negocios mejor organizados y más redituables, con un valor anual estimado de mercado que asciende a la suma de 55 billones de dólares estadounidenses. El valor de mercado también anual para todas las drogas opiáceas (se entiende siempre que ilegales), podría sumar a la cantidad precedente 10 billones más de la misma moneda[5]. Además, una estimación aproximada del número de traficantes involucrados en las redes que permiten trasladar el producto a través de países y regiones hasta llegar a los consumidores finales del mercado, afirma que la cantidad supera el millón de personas[6].

Las fuentes de tal economía clandestina están concentradas en Afganistán, Myanmar, México y Colombia, que suministran al mundo casi todo el opio y la heroína que se consume.

Afganistán, país por el que circulan numerosos grupos terroristas con alcance global, lidera la producción de opio con un 90%, según datos que se mantienen sin alteración en años recientes, situación que no escapa a la consideración de los actores estatales y no estatales, globales y regionales, con intereses en este país en guerra. Y, por qué no, en el pingüe negocio de la droga, incluyendo la clarificación de los voluminosos montos de dinero que proceden de esta actividad, utilizados en parte para financiación de todo tipo de ejércitos irregulares, vinculados a la insurgencia y al terrorismo o a los “señores de la guerra”, a la corrupción en el aparato estatal afgano, al enriquecimiento personal de funcionarios y figuras políticas, etc.

Por otra parte y en lo que concierne a la Argentina como país de tránsito de heroína colombiana hacia los EE.UU., principalmente, debería tenerse en cuenta la magnitud de la necesaria red de conexiones que las organizaciones de narcotraficantes mexicanas y colombianas necesitan mantener en todo su territorio para asegurar tan lucrativo negocio. Operaciones que se suman al resto de substancias vinculadas al negocio del narcotráfico: cocaína, precursores químicos y de substancias psicotrópicas, marihuana, etc.

El impresionante volumen del dinero ilegal en circulación de origen criminal, ya clarificado o en negro, permite sin duda sospechar del importante porcentaje de divisas que muy probablemente termina en las manos de los cómplices directos y facilitadores de la corrupción vernácula argentina.

Los efectos negativos de la relación entre las instituciones del Estado y la corrupción vinculada a los negocios vinculados al narcotráfico en la Argentina, se demuestran en el campo de toda la “gran aldea”, en que las drogas ilegales están al alcance de cualquiera sin mayores impedimentos. Como dice el P. Di Paola el Estado está “ausente”; una parte de él, claro está, porque hay otra que es cómplice o partícipe necesario, si uno se ajusta aunque más no sea al libre juicio y al sano razonamiento cuando ve tamaña cantidad de droga circulando impunemente por las calles del país.

Pocos funcionarios abordan seriamente la relación simbiótica que existe en la Argentina entre la corrupción que genera el narcotráfico y muchos de sus colegas dentro de los tres poderes del Estado. Sólo se observan trifulcas públicas que se generan precisamente cuando uno o varios de ellos quedan involucrados en escándalos públicos, como en los casos de la financiación de la ultima campaña presidencial, de la importación y reventa a México de la efedrina, la falsificación de medicamentos para enfermos en estado terminal, etc.

Ante el calibre de la simbiosis mencionada, no debería extrañar que poco o nada se haga para dotar a la Argentina de un plexo legal adecuado para combatir el narcotráfico en todas sus formas, incluyendo el de la clarificación de dinero de cualquier origen, pero especialmente al vinculado con esta actividad criminal.

Según el informe 2010 del Departamento de Estado sobre “lavado de dinero”[7] y a diferencia por ejemplo de Brasil y Bolivia, la Argentina no es un país de importancia primaria, ni tampoco un centro financiero regional importante o del tipo offshore[8].

El citado documento estadounidense aclara sin embargo, en relación al lavado de dinero proveniente del tráfico de narcóticos, corrupción, contrabando y evasión de impuestos, que cree que esto ocurre a través del sistema financiero y “a pesar de los esfuerzos del Gobierno Argentino” para pararlo[9]. Claro está que ese tipo de publicaciones suelen estar un tanto atrasadas frente a la dinámica casi vertiginosa de los negocios que conciernen al narcotráfico y al “lavado de dinero” derivado de esta actividad criminal.

Es que “los esfuerzos del Gobierno Argentino”, como demuestran las advertencias del GAFI ya abordadas, parecen haber permitido una brecha en el sistema financiero que permite la clarificación de dinero ilegal, más allá de su procedencia. La presidente del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, ha prometido adoptar las medidas necesarias para corregir tal situación y, del cumplimiento de su palabra o lo que hagan sus sucesores, dependerá si el país ingresa o no a una “lista gris”, acompañando a otros observados por incumplir sus compromisos internacionales.

Las transacciones ilegales en la Argentina -siempre según el Departamento de Estado- se realizan a través de negocios no bancarios y profesionales, tales como la industria del seguro, asesores financieros, contadores, escribanos, fondos fiduciarios y empresas reales o “fantasmas”, que resultan mecanismos viables para clarificar fondos ilícitos[10].

Agrega que la evasión de impuestos es el crimen derivado más frecuente en las investigaciones argentinas de “lavado de dinero”. También, que la Argentina tiene una larga historia de capital “volador” y evasión de impuestos y que sus ciudadanos poseen billones de dólares fuera del sistema financiero (tanto offshore como en el país), aunque reconoce dinero legítimamente ganado que no ha sido declarado impositivamente.

Al igual que el GAFI, EE.UU. sospecha de la ley de repatriación de capitales aprobada por el Gobierno argentino, en el que ofreció una amnistía impositiva a personas que repatriaran activos offshore no declarados durante una ventana de seis meses desde el 1º de marzo al 31 de agosto de 2009.

Dicha ley prohibía a las autoridades financieras investigar la procedencia de los fondos declarados y los críticos a la misma demostraron gran preocupación de que esta iniciativa pudiera facilitar el “lavado” de fondos.

En realidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) requirió a las instituciones financieras en mayo de 2009 que realizaran informes sobre transacciones sospechosas efectuadas por participantes del programa. La UIF recabó declaraciones por un monto aproximado a los 4.700 millones de dólares estadounidenses, que es una pequeña fracción de los activos de ciudadanos argentinos en el exterior. Pero lo interesante del caso fue también que la mayor parte del monto señalado pertenecía a fondos existentes en el país y no repatriados desde el exterior.

Durante los próximos meses, se verá en qué medida o no la Argentina cumple con las indicaciones del GAFI, pero lo cierto es que el país esconde estructural e históricamente una economía subterránea que resulta imperativo corregir, si se desea alcanzar los estándares internacionales de calidad institucional.

Pero tampoco es posible plantear soluciones viables para descubrir a los cómplices del narcotráfico que operan en la función pública y en el sector privado, como en la industria química, laboratorios, etc., si no se cuenta con un diagnóstico adecuado sobre la naturaleza de dicha relación ilícita.

Resulta importante preguntarse además sobre el número aproximado de personal al servicio del narcotráfico extranjero que opera en la Argentina, con el objeto de trasladar los cargamentos desde que ingresan al país y hasta sus puntos de transbordo. Especialmente luego que el UNODC afirmara en su Informe 2010 -con referencia a las substancias opiáceas-, que supera mundialmente el millón de personas.

La Argentina, en lo que a la posible producción local se refiere, es uno de los países que, siempre según el Informe 2010 citado, reportó secuestros de cápsulas (poppies) de adormideras, de cuyo corte sale el látex seco del cual procede el opio, y sus más importantes derivados como la morfina, la heroína y la codeína.

Según el UNODC[11], aunque con cifras muy antiguas ya que se remontan a 2005, el consumo de opiáceas en la Argentina desde los 15 a los 64 años de edad, arroja un estimado anual del 0,16%.

En la Argentina resulta altamente dificultoso determinar la cantidad y segmento de consumidores de la heroína, en razón de que el comercio de esta droga suele ser muy clandestino, acompañado además por el secreto que guardan los mismos adictos. Es conocido por tendencias registradas en otros países, que numerosos adictos a las substancias estimulantes tipo anfetamina, e incluso de cannabis, suelen probar luego con las opiáceas, pero especialmente con la heroína. Sea inyectándose o inhalando el humo de la esta última droga calentada sobre papel aluminio, o bien fumándola en forma de cigarrillos.

En consecuencia, no puede establecerse siquiera aproximadamente la dimensión real del problema sobre el consumo argentino de heroína. Sin embargo, la existencia de clínicas particulares especializadas para el tratamiento de adictos a esta droga, sugiere que podrían existir muchas más personas afectadas en el país, que no cuentan con recursos para pagar su rehabilitación en instituciones privadas.

“PACO”

El consumo del llamado “paco” -que ha aumentado de manera vertiginosa durante los últimos cinco años- no ha llamado aún la atención de tan importante organismo como el UNODC, a pesar del efecto destructivo en un importante sector juvenil de los sectores más pobres ya mencionados de la Argentina.

Entre la documentación más importante consultada, el Departamento de Estado de los EE.UU. menciona brevemente la existencia del “paco” en la Argentina, en su edición 2010 del “International Narcotics Control Strategic Report, Vol I. Drug and Chemical Control”. Como tomando partido a favor de una de las posiciones que existen sobre la composición de esta nociva substancia[12], el informe menciona “una droga barata, fácilmente disponible y mentalmente debilitante, «Paco», (un derivado de la producción de cocaína), que es consumida en los vecindarios pobres de la Argentina” (sic).

La controversia sobre su composición, que incluye errores como compararlo con la PBC, contrasta con el reconocimiento del alto daño que produce en los sectores más afectados. A las constantes denuncias de la SEDRONAR, la voz del “Equipo de Sacerdotes” se alza por sobre todas las restantes, ya que nadie mejor que ellos, que arriesgan sus vidas en el terreno a toda hora, luchando contra el tráfico y el consumo de esa droga, para denunciar la inmensidad de la grave situación actual.

La “Federación de Organizaciones no Gubernamentales para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA)”, que reúne 47 instituciones del país dedicadas a ese mismo objeto, afirma por su parte que la cantidad de consumidores se quintuplicó en tres años.

También, que ha aumentado sensiblemente el número de menores que buscan atención por su adicción al “paco”.

Resulta imperativo determinar científica y de manera fehaciente la composición química del “paco”, si es que hay una uniforme, lo cual resulta dudoso; sobre todo por la variedad de residuos que integran el compuesto. Asimismo, sus diferencias con la “pasta base”; no sólo para terminar con las interminables discusiones dentro de ministerios, secretarías y organismos del mismo Poder Ejecutivo, sino también para establecer su procedencia y todos los eslabones que integran la cadena de comercialización hasta el consumidor final.

La fórmula del “paco” -discusión interminable-, sugiere para algunas fuentes (abundan las anónimas de calificados médicos toxicólogos y bioquímicos en hospitales públicos) que no tiene vestigios de sulfatos de cocaína como la “pasta base”, ni tampoco hidrocarburos. Siguiendo con este razonamiento y sus conclusiones, afirman otros, resulta probable que el “paco” contenga cocaína alcaloide puro, aunque de muy mala calidad, mezclada con residuos de todo tipo (v. gr. talco, azúcar impalpable, restos de anfetaminas, etc.) y cenizas.

Las dudas que surgen del intríngulis generado en torno a establecer el origen del “paco”, incluyen la existencia -desde ya no comprobada- de intenciones solapadas o razones ocultas, para velar al conocimiento público que esta droga es un producto fabricado en nuestro país. Vale decir, una substancia que sería la “basura” (es difícil encontrar otra palabra) obtenida durante el proceso de elaboración del clorhidrato de cocaína, en territorio argentino, a partir de la “pasta base”. Su bajísimo precio final al consumidor sugeriría al menos prima facie que no hay agregados costos de traslado desde, por ejemplo, países limítrofes. Si esto último resultara cierto, implicaría claramente un flagrante ocultamiento sobre el verdadero índice del crecimiento de la elaboración del clorhidrato de cocaína en la Argentina. Revelaría además la existencia de “zonas liberadas” para permitir una amplia libertad de acción al narcotráfico y no ya exclusivamente a las redes de distribución de drogas ilegales y puestos de venta al por mayor y al menudeo en todo el territorio nacional, sino también en procesos vinculados a la producción local de estupefacientes.

El problema más grave lo tienen los consumidores, los adictos más comprometidos y no pocos pacientes en estado terminal o muy baja probabilidad de recuperación, que no conocen ni están en condiciones de distinguir si consumen “paco” o “pasta base”. Duda que ellos o sus familiares trasladan a los profesionales médicos que los atienden y de ahí la bajísima calidad de los datos estadísticos.

Pero, en definitiva y más allá de todos los aspectos abordados hasta esta parte del trabajo, lo que surge claramente son las tendencias crecientes en la Argentina, en todo el fenómeno multifacético y multidimensional que concierne al pútrido negocio del narcotráfico y a todos sus delitos conexos y derivados. (Continuará).

Horacio Calderón