En 1994, el Senado avanzó, con tres votos en contra, sobre una ley que le daba a la futura empresa privada de correo servicios monetarios secretos.

Me pareció una locura que en un país que no hay ‘secreto bancario’ haya una empresa privada de correo que pueda dar servicios monetarios secretos.

Iniciamos por ello una campaña en contra de este proyecto en Diputados en 1995.

Todos los legisladores —con 4 excepciones— la querían votar y nadie quería leer la ley. Había sido girada solo a una comisión, Comunicaciones, de donde salió aprobada por unanimidad, 7 peronistas, 5 radicales y un Modin.

No hubo dictamen de minoría. Todos estaban de acuerdo.

Aparecieron, como siempre, unos que decían estar en contra de la ley y que todos sabíamos que negociaban con Alfredo Yabrán un pedazo del reparto. Ese era este mendocino José Raúl Ongaro.

Eran tipos raros, que cuando yo les decía que lo peor de la ley eran los “servicios monetarios secretos” hacían como que no entendían. Los otros, los verdaderos pequeños prestadores postales, decían que Ongaro trabajaba para Yabrán y que era socio del hijo del Brigadier José Juliá, muy próximo al empresario postal.

La orden de Menem a Jorge Matzkin, Cesar Arias, Carlos Soria, etc., era sacar la ley como dé lugar. La UCR por unanimidad la había aprobado. Rarísimo todo. Por cosas mucho menos importante hay dictamen de minoría, discusiones. Aquí todo casi pasa desapercibido.

Y un día tenía que conocerse de a trozos la verdad.

Si uno manda un cheque o una transferencia bancaria por el equivalente a 5.000 dólares, uno es investigado y el banco tiene la obligación de pedirle copia de una factura para que uno explique por qué envía ese dinero. Pero los servicios monetarios del correo no tenían tope.

No podían ser demorados. Ni desviados de su ruta. Ni interceptados por autoridad monetaria, ni averiguar quién le manda dinero a quien, ni cuanto manda. Eso decía el texto de la ley.

En una durísima discusión dentro del bloque de diputados del PJ, un diputado que ahora tiene un cargo en la Suprema Corte, dijo que era secreto porque “si una persona es homosexual y quería enviarle dinero a su pareja necesitaba privacidad”.

Yo conteste que entonces había que ponerle un tope: $5.000 pesos. Lo mismo que en el sistema bancario, y fue rechazado.

En diciembre de 1995, yo estaba en Washington y estaban por hacer otro intento de hacer pasar la ley. Le envié un fax al entonces presidente Carlos Menem a Olivos. “Por favor vete ese artículo de la ley, en el mundo se va a interpretar como un “Money laundering welcome” (Bienvenido lavado de dinero).

Menem en febrero de 1996 saco un decreto que decía: “Los servicios monetarios secretos del correo serán de hasta $1.000 pesos”.

Ese decreto de Menem paso desapercibido, algunos grandes diarios ni lo publicaron, El Cronista, si.

Menem le puso un broche que oro a la discusión, él quería darle el correo a Yabrán, pero a los abogados contratados por Yabrán para redactar el texto de la ley se les había ido la mano.

Qué bueno que ahora se pueda contar la historia. Aquí estamos todos. Juliá, Ongaro, Paul Starc, todos los políticos que querían votar la ley; los que no la queríamos votar. Los periodistas que defendían a Yabrán sin decirlo, atacando a los que nos oponíamos a esa ley.

Esa orgía de corrupción terminó. Aquí estamos todos. Deberíamos volver a contar la historia con más detalles, y con los papeles en la mano.

La verdad se toma un tiempo en aparecer, pero al final siempre aparece.

Eduardo Varela-Cid
Diputado de la Nación (MC)