Con seguridad y metáforas de peluquería, Cristina Kirchner dio de baja la intención de impulsar una reforma constitucional para restablecer en la Argentina la reelección indefinida, pero en verdad ese es un debate que tarde o temprano volverá.

 En verdad, cada vez que como ahora se habla de modificar la Carta Magna, salen a la superficie las múltiples opiniones que hay en torno no sólo a las posibilidades de reelección de un gobernante sino también del propio sistema de gobierno.

 Pero arranquemos por el principio. La idea de propiciar una reforma constitucional comenzó a rodar hace ya varias semanas dentro del denominado ultrakirchnerismo ante las buenas perspectivas para las elecciones de octubre y la imposibilidad de Cristina Kirchner de buscar su reelección nuevamente en 2015.

 Incluso, algunos voceros la vincularon a la decisión presidencial de desdoblar las elecciones en las distintas provincias con el fin de que el supuesto mejor desempeño presidencial sobre el de los gobernadores permita sumar por arrastre la mayor cantidad de diputados y senadores nacionales.

 Sucede que para alimentar la ilusión de una reforma constitucional se requieren nada menos que los dos tercios de la totalidad de los miembros de ámbas cámaras, número casi utópico para el oficialismo actual.

 Sin embargo, el kirchnerismo apuesta a una buena elección el 23 de octubre que le permita fortalecer su tropa legislativa, pero también a otro mejor desempeño en los comicios de medio término de 2013 o a un acuerdo entre partidos como ocurrió en la reforma constitucional de 1994.

 Es cierto que la jefa de Estado aún ni oficializó su participación en la próxima contienda y que esa batalla todavía no está ganada —pese a que la mayoría de las encuestas le dan buenas posibilidades, pero de estas cosas ya se habla, y mucho— tanto en el oficialismo como en la oposición.

 Volver al 49

 "Hablar de esto ahora es una entelequia", se atajó Claudio Heredia, el subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, pero desgranó en diálogo con Noticias Argentinas otro de los argumentos que podrían entrar en el futuro debate si el tablero lo permite.

 "Antes de hablar de una reforma hay que discutir la vigencia de la Constitución de 1949 que fue dejada sin efecto por una dictadura en 1956. Cuando se reformó la Constitución en el 49 contenía la reelección indefinida, con lo cual no haría falta discutir ese punto. Habría que discutir por qué no está vigente la del 49 votada por constituyentes y abolida por una dictadura", sostuvo Heredia, número dos de Carlos Zannini, "arquitecto jurídico" del Gobierno.

 El aspirante a diputado nacional por la Ciudad por el proyecto que encabeza Carlos Tomada, sacó a la luz un debate que cada tanto desempolvan los peronistas y que el año pasado incluso mereció la realización de unas jornadas en la Facultad de Derecho de la UBA sobre la Constitución del 49.

 Esa ley madre estableció lo que se conoce como el "constitucionalismo social", a tono con el ideario peronista, y fue dejada sin efecto por la denominada revolución libertadora a partir de disputas que habían surgido en su debate sobre si se necesitaban los dos tercios del total de los constituyentes o sólo de los presentes, como finalmente se aprobó.

 Si bien en 1994 se estableció una nueva constitución que permitió la reelección consecutiva y estableció la figura del jefe de Gabinete de ministros, Heredia señaló que está latente la posibilidad de volver a discutir la vigencia de la del 49.

"En el derecho penal se llama la fruta del árbol prohibido: lo que está nulo acá hace nulo todo el resto", sostuvo.

 Presidencialismo o parlamentarismo

 Otra discusión que suele apasionar a juristas, constitucionalistas y cientistas políticos es si conviene mantener el sistema presidencialista de gobierno o pasar a uno semipresidencialista o mixto, o parlamentario.

 En la reforma de 1994 se buscó atenuar el presidencialismo con la incorporación del jefe de Gabinete de manera que fuera el "fusible" ante alguna crisis de gobierno y la reducción del mandato de seis a cuatro años.

 Pero en los hechos, todos las administraciones usaron al jefe de Gabinete como un ministro más y la reducción del mandato fue en verdad un acuerdo político entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín que propició la reelección del riojano.

 En las últimas horas el propio juez de la Corte Eugenio Zaffaroni volvió a plantear la necesidad de pasar a un sistema parlamentario y Eduardo Duhalde se expresó en igual sentido.

 "Yo creo que por una razón lógica, de racionalidad republicana, el sistema presidencialista está agotado. De modo que me parece casi indefectible que un día vamos a ir a un sistema parlamentario", sostuvo Zaffaroni.

Otras voces encumbradas como las de los ex presidentes Raúl Alfonsín y el propio Néstor Kirchner propiciaron cambios en el sistema de gobierno, pero el primero lo hizo después de su mandato y el restante antes de llegar al poder.

Ahora bien, qué es cada cosa. El sistema presidencialista es el más conocido por nosotros, rige en toda Latinoamérica y tiene su punto de mayor expresión en Estados Unidos. Se inscribe dentro de una drástica división de poderes.

 En el sistema parlamentario la soberanía se deposita en el Parlamento y no existe una separación rígida entre éste y el gobierno. El Ejecutivo se divide en un jefe de Estado y uno de gobierno. El modelo inglés y el italiano son dos variantes de este sistema: uno por que el jefe de Estado es un monarca y el otro un presidente, quien no es elegido por el pueblo.

 En el mixto o semipresidencialista el jefe de Estado es electo popularmente y comparte el Poder Ejecutivo con un jefe de gobierno designado por la mayoría del Poder Legislativo. Es el sistema francés. El presidente puede ser supervisado pero no obstruido en sus funciones por el Parlamento.

 El debate está planteado. Sólo falta que llegue el momento.

Gabriel Profiti
NA