La causa por dádivas en la cual está procesado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime dejará de estar a cargo del juez federal Norberto Oyarbide y pasará a su par Claudio Bonadío, donde el ex funcionario está siendo investigado por el mismo delito a raíz de que empresarios privados le habrían pagado varios viajes aéreos.

La decisión fue adoptada por la presidencia de la Cámara Federal, a cargo de Martín Irurzun, quien dispuso unificar la causa que tramitaba en lo de Oyarbide en el juzgado a cargo de Bonadío, y quien viene investigado a Jaime por el mismo delito a raíz de que se presume que empresarios del área le pagaron varios viajes para así obtener beneficios.

La denegatoria de competencia de Oyarbide en seguir investigando a Jaime por dádivas había sido adoptada por él mismo en la misma resolución mediante la cual procesó al ex funcionario.

Oyarbide lo procesó a Jaime por presunto cobro de dádivas por parte de empresarios privados a los que él debía controlar a raíz de su cargo, y quienes le pagaban el alquiler de dos lujosos departamentos.

Según constató Oyarbide, los directivos de la firma TEBA, empresa a la que Jaime favoreció al concederle la prórroga en la explotación comercial de la terminal de ómnibus de Retiro hasta el 2015, le pagaban mensualmente el alquiler de dos departamentos, y hasta le salieron de garante de los mismos.

Uno de los departamentos está ubicado en avenida del Libertador 654, que tenía un costo mensual de 1.400 dólares, y el otro en Cerrito 1518, ambos en Capital Federal y propiedad de la empresa Frans Bell, de los hermanos Leonardo Javier y Fernando Redondo (este último ex futbolista).

En esta causa, el juez Oyarbide también había procesado al presidente de TEBA, Néstor Otero, sospechado por haber abonado el alquiler de los departamentos, y a los directivos de la empresa Gabriel Ackerman y Daniel Preiti.

Ahora, esa causa se unificará con otra causa por el mismo delito y que tiene a cargo Bonadío: una de las varias que tiene en su contra Jaime, y en la cual se sospecha que gozaba de viajes aéreos gratuitos, los cuales eran solventados por empresarios privados.

Bonadío constató que Jaime realizó 14 viajes a distintos lugares, tales como Córdoba, Río de Janeiro, Punta del Este, y Florianópolis, y que los mismos fueron pagados por empresarios a los que él debía controlar a raíz de su cargo de secretario de Transporte.

Esta denuncia se inició tras una presentación del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y además de Jaime hay otros imputados: el empresario Claudio Cirigliano (quien pagó algunos de los viajes); el ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez; el hijo de este, Julián; y el ex gerente de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas, Jorge Molina; entre otros.

Esta causa está a poco de ser elevada a juicio, y sólo resta que la Casación defina un planteo de nulidad presentado por el abogado de Jaime, quien reclama que aún faltan medidas de prueba por cumplir, aunque las fuentes atribuyen ello a una maniobra dilatoria para evitar que el ex funcionario afronte su primer debate oral y público.

De esta manera, Oyarbide seguirá investigando a Jaime por presunto enriquecimiento ilícito, ya que además de varias propiedades se le endilga un avión Lear Jet, valuado en 4 millones de dólares, y un lujoso yate.

En esta última investigación en los últimos días el fiscal Carlos Rívolo pidió días atrás a Oyarbide a que inste al ex funcionario a que justifique bienes por encima de sus ingresos por unos 6.608.642,76 de pesos.

Sergio Farella
NA