La reglamentación del nuevo sistema de elecciones internas partidarias para la selección de candidatos a nivel nacional y bonaerense terminó de pulverizar el sentido que alguna vez se supone que tuvo el mecanismo, para ponerlo en riesgo cierto de convertirse en una mera pérdida de tiempo y de plata, la de todos, la del Estado.

Sendas leyes de la Nación y de la provincia de Buenos Aires plasmaron ese nuevo sistema que impone que las fuerzas electorales deberán dilucidar sus pujas internas por las candidaturas para presidente y legisladores nacionales, por un lado, y para gobernador, legisladores provinciales e intendentes y concejales, por el otro, en comicios que serán abiertos (votan todos los ciudadanos y no sólo los afiliados partidarios), doblemente obligatorios (para las fuerzas políticas y para los ciudadanos) y simultáneos (todas las fuerzas deberán realizar esos comicios en una misma jornada).

Estas normas, gemelas, fueron sancionadas a fines de 2009 y el sistema debutará este año. Fueron impulsadas por Néstor Kirchner tras su derrota de aquel año, apoyadas por la UCR y presentadas a la sociedad como "un paso de la reforma política" que, para otorgarle transparencia y solidez a cuestiones que constituyen pilares básicos del sistema democrático, vienen prometiendo los políticos desde que, allá por el 2002, se asustaron con el "que se vayan todos".

Bipartidismo y complejidades

En realidad se trata de normas que crean un sistema que impone a las fuerzas políticas duras condiciones para poder participar de las elecciones y que apuntó a recrear el bipartidismo clásico (peronismo y radicalismo) y a dificultar el acceso a las urnas a fuerzas históricamente minoritarias o "novedosas" como los espacios electorales que suelen generarse en torno de figuras que irrumpen de pronto en el escenario político.

El peronismo-kirchnerismo —y también los radicales, claro— venían de una dura derrota a manos del empresario Francisco De Narváez en la Provincia y de las victorias electorales del empresario Mauricio Macri en la capital federal.

El contexto estaba determinado también por las sucesivas fracturas de la UCR y la creación de nuevas fuerzas lideradas por ex dirigentes de ese partido, como Elisa Carrió y Margarita Stolbizer.

Sin embargo, desde todos esos sectores sólo se escucharon esporádicas y tibias críticas al nuevo sistema. El oficialismo también impuso en esas normas una prohibición expresa de las listas colectoras, que les permitían a los partidos y sus aliados utilizar una elección general para dirimir pujas internas y medir fuerzas entre sus distintos sectores llevando varios candidatos a un mismo cargo.

El oficialismo había hecho uso y abuso de ese mecanismo y había terminado concluyendo en que lo perjudicaba. Pero sonaba coherente su inclusión en el nuevo sistema, si era que éste apuntaba ciertamente a constituirse en un proceso en el que "de verdad" se dirimieran las diferencias y los poderíos internos.

Se trata, también, de un sistema que establece tantas regulaciones y decisiones para la etapa de las internas que casi las convierte en una elección general.

Y estipula un esquema operativo y de plazos sumamente complejo tanto para los pasos previos como para la jornada comicial en sí y el empalme con las elecciones generales que, combinado en esta ocasión con el calendario electoral que fijó el oficialismo —internas el 14 de agosto y generales el 23 de octubre— terminan por colocar, como lo ha advertido la Justicia Electoral, al nuevo sistema en riesgo de inviabilidad.

Vaciamientos

Por lo demás, el nuevo sistema comenzó a ser vaciado hace rato. Los radicales fueron los primeros en crear una interna propia y anticipada para definir su candidato presidencial.

Los siguieron los peronistas disidentes, que inventaron una insólita compulsa para definir las cosas entre dos de sus cuatro precandidatos presidenciales. Que ambos procesos sectoriales se hayan caído a pedazos antes de empezar o de terminar no elimina la decisión de sus protagonistas de esquivar el nuevo mecanismo.

El vaciamiento final del sistema llegó en las últimas horas, de la mano del oficialismo. Con el poder en sus manos de reglamentar ambas normas, la Casa Rosada y la Gobernación rehabilitaron las colectoras bajo el nombre de "listas de adhesión".

Las internas de un espacio y sus aliados volverán a dirimirse en la elección general, en abierto choque con el espíritu y la letra de las leyes.

Leyes que, como tales, establecen reglas de juego para todo el sistema político y para "siempre" —no para este año solamente— fueron adaptadas a las conveniencias y estrategias circunstanciales del sector que ejerce los gobiernos de la Nación y la Provincia.

Y los sectores más importantes de la oposición dicen que "eso está muy mal" pero ya analizan si les conviene usar las colectoras. Y si les viene bien, lo harán.

Eso sí. El 14 de agosto habrá elecciones internas en la Provincia. Su concreción generará un alto costo económico, similar al de la elección general que habrá que realizar dos meses después.

Además de centenares de tareas que deberán desarrollar y de múltiples medios de los que deberán disponer la Justicia Electoral y otros organismos públicos, habrá que instalar más de 30 mil urnas de votación y designar y movilizar a más de 60 mil ciudadanos para que actúen como autoridades de mesas.

Y los 10 millones 600 mil bonaerenses en condiciones de votar estarán obligados a ir a los cuartos oscuros y opinar sobre alguna de las pulseadas internas de los sectores electorales. 

Aunque es muy probable que se encuentren con listas únicas en cada fuerza. Las otras "internas", las que facilitan las colectoras, se dirimirán en octubre.

Marisa Álvarez
NA