Como es de público conocimiento, la semana pasada trascendió el fallo de la Excma. Cámara de Casación Penal, cuya Sala III, integrada por los Dres. Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Ángela E. Ledesma, dispuso condenar a los integrantes del grupo de rock "Callejeros", quienes habían resultado absueltos en la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Nº24, modificar la calificación legal correspondiente a Omar Chabán, entonces gerenciador y operador de la discoteca, y agravar la situación de los corruptos funcionarios del Gobierno de la Ciudad imputados.

Como es habitual, la presidenta de la Sala III de la Excma. Cámara de Casación Penal inició a las 11.30 la lectura de la parte resolutiva de la sentencia comenzando con el cambio de calificación legal de Chabán a una escala más leve (de coautoría del delito de incendio doloso a culposo) manteniéndose a su respecto la condena por cohecho activo.

Acto seguido la Magistrada trató la situación de los músicos, quienes pasaron de estar “cómodamente” absueltos a condenados por el delito de “incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo”.

Lo curioso es el envío de la causa al Tribunal Oral en lo Criminal 24 (TOC24) que pregona el pronunciamiento casatorio para que fije las penas, circunstancia que resulta inédita y proyecta nulidad sobre la decisión pronunciada por infringirse lo dispuesto en el Art.403 del Código Procesal Penal de la Nación.

En efecto; el Art. 403 del digesto adjetivo prescribe que la sentencia condenatoria fijara las penas. Sin embargo en el caso que nos ocupa, de indudable repercusión pública, decide “condenar” mas no fija las penas en un yerro jurídico insoslayable. El reenvío de la causa al Tribunal Oral en lo Criminal 24 para que fije las penas constituye un indebido desdoblamiento de la competencia, que pasa de encontrarse a cargo del Tribunal de Casación a manos de un Tribunal inferior, a quien no corresponde de ningún modo fijar las penas en relación a la condena pronunciada por el ad-quem. Es un absurdo.

Se trata de un acto jurisdiccional incompleto e irregular, fruto de la molicie puesta al servicio de los justiciables, todo lo cual conlleva a la nulidad de dicho pronunciamiento. Tal como lo sostiene el distinguido abogado penalista Domingo Montanaro(1), la sentencia es nula porque si el Tribunal de Casación condena debe fijar la pena, no reenviar…” Si solo hubiera casado la sentencia del TOC 24, es decir, anulado la sentencia, debió indicar en la parte dispositiva -solamente- resuelvo: casar la sentencia del TOC y devolverla para que se emita nuevo pronunciamiento conforme los considerandos de la presente resolución, pero asumiendo la jurisdicción total del expediente (cosa que puede hacer); sin embargo se quedó a medio camino, diciendo “resuelvo: condenar, condenar, condenar, pero no fijó las penas, lo que implica que dicha sentencia es nula de nulidad absoluta.”

Conclusión

Posiblemente esta grave falencia que se apunta en esta nota contribuya a que alguno de los afectados del fallo pueda articular la nulidad en cuestión para intentar que finalmente sea la Corte Suprema quien se pronuncie en forma definitiva y congruente.

Y no es poco.

Alejandro Sánchez Kalbermatten

(1) El ilustre letrado Domingo Montanaro, conocido en el ambiente forense por sacar las mejores calificaciones en todos los concursos para juez en los que ha participado, siendo después boicoteado políticamente, se ha incorporado al estudio ASK Abogados desde el 1 de abril de 2011.