En los últimos días, múltiples vicisitudes han sacudido en mayor o menor medida a la opinión pública: La presentación como candidata a la próximas elecciones de la señora presidente, el anuncio de Amado Boudou como compañero de fórmula, el caso Madres Plaza de Mayo/Schoklender, el tema Inadi, el lanzamiento del satélite argentino, la clonación de una vaca transgénica, la visita de Ban-Ki-Moon, el acto de conmemoración del Día de la Bandera en Rosario, el acto de inauguración del edificio anexo del Instituto Leloir, donde la primer mandataria sufrió una pequeña herida en la cabeza que le “impidió” estar presente en la cumbre del Mercosur en Paraguay, la apertura de válvulas del gasoducto Juana Azurduy junto a Evo Morales, el puerto regasificador en Escobar, el velero encontrado con droga en el Río de la Plata, la camioneta con casi mil kilogramos de cocaína interceptada en el norte de nuestro país, el lanzamiento del plan de seguridad “Cinturón Sur”, el descenso de River a la división “B” y la violencia desatada en torno a esto, el inicio de la Copa América de fútbol y muchos otros acontecimientos que saturaron micrófonos, pantallas y prensa escrita. Ahora, utilizando términos del deporte que en los últimos días obnubiló en la mayoría de los medios a todos los temas importantes en curso en el país, “vamos a parar la pelota, levantar la cabeza, observar todo el panorama y tomar la decisión hacia donde avanzar”.

En recientes encuestas sobre cual es el tema que más le preocupa a la población resultó la inseguridad en primer lugar. Tanto es así que las autoridades nacionales tratan de demostrar su decisión para combatir este flagelo que, hasta hace muy poco, la voz oficial aseguraba que era solamente una “sensación”. El lunes 04 de julio, en el acto de “inauguración” del denominado Plan de Seguridad Cinturón Sur, junto a la Dra. Nilda Garré se encontraban Daniel Filmus, Carlos Tomada y Juan Cabandié, perfecto ejemplo que para el gobierno nacional la seguridad no es política de estado sino un simple asunto de campaña proselitista.

Recordemos que el Ministerio de Seguridad de la Nación se creó por Decreto 1993 publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de 2010, es decir que hace menos de siete meses que la doctora Nilda Garré está al frente del flamante ministerio y en ese corto lapso produjo movimientos de alto impacto en los medios pero de nula o contraria efectividad.

El Dr. Granero, a cargo de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico confirmó que en casi el 69 % de los delitos tiene incidencia el consumo de drogas y ya que en el país no hay plantaciones de coca ni de marihuana, no cabe la menor duda que controlando las fronteras para evitar el ingreso de estas nefastas sustancias se puede disminuir la inseguridad en las grandes concentraciones urbanas. Indudablemente que si el Ministerio de Seguridad de la Nación traslada efectivos de fuerzas federales especializadas en controles fronterizos terrestres y acuáticos, a la ciudad de Buenos Aires y al “conurbano Bonaerense”, (Plan de Seguridad Cinturón Sur y Operativo Centinela) lo que está haciendo es quitar de sus funciones específicas a personal imprescindible y además pone en evidencia su total falta de capacidad para el manejo correcto de los dos cuerpos policiales más numerosos y otrora eficientes que tiene el Estado argentino, me refiero a la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Como podemos apreciar, del control de la seguridad de dos elementos limítrofes, tierra y agua, ya fueron alejados más de 8.000 miembros, pero ¿qué pasa con un tercer elemento?... ¿Qué pasa en el aire? El aire está surcado constantemente por vuelos ilegales y el gobierno prometió oficialmente a los narcovoladores que por lo menos en los próximos 46 meses podrán seguir haciéndolo en forma impune. Fundamentaremos lo antedicho.

“La presidenta Cristina Fernández asistió esta tarde a la firma de un convenio entre Fabricaciones Militares y el Invap para la fabricación de la primera serie de seis radares Primarios 3D de Largo Alcance para la Fuerza Aérea.

Por otra parte, indicó que "en 2004, el entonces presidente Kirchner firmó el decreto del Sistema Nacional de Radares, para la aviación civil y también militar. Los primeros que comenzamos a trabajar son los secundarios (1). En septiembre ponemos en marcha el primer prototipo de radar primario producido en Argentina"(2). "Esto significa que Argentina alcanza una independencia en materia tecnológica en una cuestión altamente sensible", subrayó. La jefa de Estado puntualizó que el desarrollo del Sistema Nacional de Radares demanda una inversión de 486 millones de pesos, mientras que en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Radares meteorológicos, se invertirán 52 millones de pesos.

Fabricación de radares 3D de largo alcance

El Invap informó que la producción se completará en los próximos 46 meses y señaló que invierte gran parte de sus recursos técnicos en el campo de los sensores radar y particularmente en el desarrollo y construcción de radares secundarios monopulso". Fuente: Casa de Gobierno – 07/06/2011

(1) Civiles, no sirven para controles fronterizos; (2) Militares para control de todo tipo de aeronave.

Como dijo la Señora Presidente, en el año 2004 Néstor Kirchner firmó el decreto 1407 que creaba el SINVICA (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial) que entre sus considerandos decía:

“Que dado el incremento que ha tenido la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más específicamente a nivel regional, relacionados con el contrabando y el uso del medio aéreo como elemento terrorista, se hace imprescindible poder contar con radares y sistemas         que realicen un control efectivo del aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en el ámbito nacional, el desarrollo económico del país y la seguridad de sus fronteras.

Que el Centro de Operaciones aeroespaciales de Defensa (COAD) disponible en la actualidad, no cuenta con medios de procesamiento automático que integren la información de sus radares y de la herramientas eficaces para el apoyo a la toma de decisiones.

Que dada la evolución que ha tenido, se hace imprescindible contar con un sistema integral, que atienda tanto a la seguridad del movimiento de Tránsito Aéreo propio y proveniente del exterior, como a la detección de todo aquel que viole la soberanía de nuestro aeroespacio.

Que por todo lo expuesto se considera conveniente establecer un Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, el cual deberá contribuir a salvaguardar los intereses vitales de la Nación, modernizando el proceso de toma de decisiones bajo un criterio de racionalidad que asegure la utilización dual de los medios empleados, lo cual permitirá mejorar tanto la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo dentro del ámbito nacional, como el cumplimiento de las tareas de control del aeroespacio, ambas íntimamente relacionadas.

Que este Sistema permitirá a la Fuerza Aérea Argentina cumplir en forma efectiva con los acuerdos regionales tendientes a integrar la vigilancia y el control del aeroespacio entre países limítrofes”

Después de transcurridos 7 años desde la firma de este decreto no se hizo nada en relación con los controles aéreos fronterizos y recién ahora y aduciendo que sólo vamos a utilizar industria nacional se construirán los seis radares del item 1.2. (en setiembre se pondrá en marcha un prototipo y pasarán 46 meses, si no hay ningún atraso en lo prometido, para poder completar la media docena de aparatos). Acerca de los items 1.1., 1.3., y 1.6. nunca se llevaron a cabo.

Como se puede apreciar en los considerandos del decreto 1407 en el año 2004 el Kirchnerismo demostraba, por lo menos en los papeles, una preocupación por la violación del espacio aéreo argentino. Queda ahora a consideración del lector una nota periodística de aquellos tiempos en que el Dr. José Pampuro era Ministro de Defensa y el Dr. Aníbal Fernández Ministro del Interior a cargo en ese entonces de todas las fuerzas federales de seguridad.

El tiro de destrucción

Brasil ya tiene reglamentados los pasos que se seguirán antes de lo que denominan "tiro de destrucción". Valdrá detallarlos, ya que el proyecto argentino tendrá similares características.

Son ocho situaciones que, de manera progresiva, habilitan a pilotos brasileños a abrir fuego, divididas en medidas de averiguación, de persuasión y de destrucción.

El espacio aéreo brasileño está completamente controlado por su sistema de radares. Una vez que la aeronave no identificada aparece en las pantallas de vigilancia se envía un avión de combate a tomar contacto con el vuelo presuntamente ilegal, que sigue alguna de las conocidas rutas de entrada de drogas.

El primer paso es un reconocimiento visual a la distancia para verificar la matrícula; luego se verifican los datos en el centro de control. Si se determina una situación irregular, el avión de combate buscará tomar contacto radial en la frecuencia internacional de emergencia; en caso de no obtener respuesta se realizarán señales visuales al vuelo ilegal, al que ya se considerará sospechoso, y se efectuarán las medidas de intervención, intimándolo primero a cambiar su ruta y luego dando la orden de aterrizaje.

Desobedecer esas directivas habilitará al piloto a disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo y con balas trazadoras para que sean visibles los proyectiles. El último paso será el disparo destinado a destruir a la aeronave infractora.

Las precauciones que se toman tienen que ver con el antecedente ocurrido hace unos años en Perú, donde luego del derribo se comprobó que la avioneta estaba ocupada por un grupo de misioneros norteamericanos que no habrían comprendido las señales.

La ley brasileña establece que "agotados los medios coercitivos legalmente previstos la aeronave será clasificada como hostil y sometida a la destrucción después de la autorización del presidente o de la autoridad por él delegada".

El presidente Luis Inacio Lula da Silva reglamentó la ley para que el jefe de la fuerza aérea brasileña sea el encargado de dar la orden de fuego.

Esa es una medida extrema que las autoridades argentinas esperan no tener que adoptar. Pero lo cierto es que hay un vacío legal que ante otros acontecimientos, como el terrorismo, podría forzar a los funcionarios a resolver una situación anormal sin un respaldo normativo.

Y no se piensa en teorías remotas, sino en posibilidades reales, como la que afrontó el Gobierno hace un año cuando servicios de inteligencia extranjeros advirtieron sobre un avión de pasajeros secuestrado que podría dirigirse a Buenos Aires. Entonces fue desplegada una sección de cazas interceptores Mirage desde Tandil hacia la base aérea de El Palomar, armados con misiles para enfrentarse a la presunta amenaza que no pasó del alerta.

Sin apuro, aprovechando el inminente receso legislativo, el Gobierno prepara su proyecto de ley que dará un aviso contundente a quienes se amparan en la falta de medios y de normas para controlar el espacio aéreo.

Reforzar drásticamente el control aéreo fue prácticamente una decisión concertada en el Mercosur. Por Daniel Gallo, de la Redacción de La Nación. 

A partir de entonces muchas voces se hicieron oir sobre este tema: "En Santa Fe llueve marihuana".

"En Santa Fe llueve marihuana. Caen bolsas de droga y no podemos hablar más de zonas de fronteras: Si seguimos así van a pasar (las avionetas) por el Monumento a la Bandera". Polémica y contundente como siempre, la camarista federal Laura Inés Cosidoy volvió a referirse al combate contra el narcotráfico en la provincia y el país. En declaraciones al programa "Los Notables" de Radio 2, ayer a la mañana, la magistrada aseguró que en la zona se produce y se venden estupefacientes y criticó la postura de despenalización de consumo esgrimida por Aníbal Fernández. También habló de "delivery" de sustancias ilegales. Y se mostró distante del actual gobernador Hermes Binner, a quien admitió no conocer.

“No es la primera ni la última vez que la magistrada sorprende por sus dichos y revelaciones. Una vez más desde que el socialismo asumió como gobierno, Cosidoy apuntó contra la supuesta falta de políticas para combatir la venta de estupefacientes en el territorio. Sostuvo que "en Santa Fe caen las bolsas de marihuana, llueve la marihuana". Cosidoy hacía referencia a la modalidad de entrega de sustancias ilegales a través de avionetas que despiden los cargamentos para no ser identificadas con el narcotráfico. En este sentido, fue más allá y señaló que esta situación ya no se da sólo en las fronteras de Argentina: "No podemos hablar más de zonas de fronteras" dijo y añadió: "Si seguimos así van a pasar (las avionetas) por el Monumento a la Bandera".

Siempre refiriéndose a Santa Fe, dijo: "Dicen que no hay paco pero si hay cocinas hay porquerías con las que se envenena a la gente y si no se vende tanto con en Buenos Aires es porque acá es más chico y están alertados de que pueden ser vistos".

Entre otras cosas, ratificó la existencia de "delivery" de estupefacientes, es decir, de un servicio de entrega de droga a domicilio. "Es una modalidad de distribución como tantas otras", advirtió y remarcó que en la zona "se produce y se distribuye drogas" y aseguró que también se vende al exterior.”  Fuente: Rosario12 Domingo 26/07/2009

En Salta la droga llueve del cielo y piden radares

BUENOS AIRES.- El juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt enfatizó hoy la necesidad de lograr que "no siga lloviendo droga" en el norte de la Argentina, tal como lo advirtió la justicia de Salta.

De esta manera, el veterano magistrado respaldó el pedido realizado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, para que el Gobierno nacional instale radares de control aéreo en el norte del país con el objetivo de evitar el ingreso de drogas.

Este pedido respondió a un fallo de la Cámara Federal de Salta, en el que se advirtió sobre el constante ingreso de aviones con estupefacientes provenientes de Bolivia. "Se necesita que no siga lloviendo la droga; es importante para la provincia y el país", destacó Fayt en declaraciones formuladas esta mañana en la puerta de su domicilio.

Ayer, el presidente de la Corte Suprema, mediante una carta enviada al ministro de Justicia, Julio Alak, pidió que en forma "urgente" se instalen radares en la zona que permitan detectar las aeronaves ilegales.

El reclamo original había sido solicitado por el juez federal Nº 1 de Salta, Julio Bavio, y luego en el mismo sentido lo hizo mediante la acordada 42/09 la Cámara Federal de esa provincia, presidida por el juez Jorge Villada. Los camaristas habían reclamado la intervención de la Corte y el Consejo de la Magistratura para hacer llegar los pedidos al Poder Ejecutivo.

"El magistrado manifiesta su inquietud respecto a la delicada situación que se viene suscitando en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes en nuestra jurisdicción, y solicita que se gestione, ante los poderes públicos con injerencia en el asunto, que se adopten los medios necesarios para que nuestra frontera norte cuente con radares que permitan identificar los vuelos de aeronaves que presumiblemente transportan droga desde la República de Bolivia", habían resuelto los camaristas en la acordada.  La gaceta. Tucumán

Es evidente que el Poder Ejecutivo Nacional ni siquiera acepta las exigencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este ínterin en el Congreso hubo varios pedidos de informes y presentación de proyectos de parte de la oposición . Por supuesto ninguno llegó a feliz término.

La Argentina debate ley de derribo de aviones

Por Eduardo Szklarz para Infosurhoy.com – 24/05/2011. El 80% de la droga que entra por el norte argentino llega en avión desde Bolivia, Perú, Colombia y Paraguay dice Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA). (Cortesía de Claudio Izaguirre)

BUENOS AIRES, Argentina - La creciente preocupación por el narcotráfico en Argentina ha vuelto a encender el debate sobre la necesidad de una ley para el derribo de aviones que entren al país en forma ilegal. La iniciativa se empezó a discutir en 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que establecía un plan de instalación de 69 radares en todo el país. Sin embargo, la iniciativa nunca se concretó.

Desde entonces, Brasil, Chile y Uruguay reforzaron el control de su espacio aéreo. A su vez, Argentina se consolidó como un centro de procesamiento y distribución de drogas para el mundo, según establece el diputado nacional Julián Obiglio, del partido Propuesta Republicana (PRO), quien actualmente impulsa un nuevo proyecto de interceptación de aeronaves que entren al país de forma ilegal.

“La frontera norte argentina es un verdadero colador en virtud de la falta de radares”, dijo Obiglio, agregando que hay solo un radar fijo tridimensional (de uso militar) en Resistencia, capital de la provincia del Chaco, dijo. 

Los demás son móviles, tienen cerca de 30 años de uso y funcionan 4 o 5 horas por día por falta de recursos, agregó el diputado.

“Todos los días, ingresan alrededor de 100 vuelos ilegales en el país”, afirmó Obiglio, haciendo referencia a informes de la Fuerza Aérea y la Gendarmería. “Pero el número exacto no se conoce, ya que no hay cómo medirlo”.

El proyecto de Obiglio prevé la instalación integral de radares en Argentina y estipula un protocolo de interceptación muy similar al que Brasil reglamentó en 2004. 

Bajo la nueva ley, los pilotos de la Fuerza Aérea seguirían seis pasos de advertencia hasta permitirse la última instancia: la destrucción del avión infractor.

De ser promulgada, la nueva ley le confiere al Ministerio de Defensa dos años para completar la instalación de radares 3D a lo largo de la frontera norte.

La ley también fija un plazo de 18 meses para que la Fuerza Aérea se reequipe de aeronaves interceptoras. 

Rechazo oficial 

La “Ley de Derribo”, como es llamada, cuenta con el apoyo inicial de 15 legisladores de la oposición, integrantes del PRO y del Peronismo Federal. 

Sin embargo, el gobierno la rechaza. 

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró a la prensa local que apoyar una “Ley de Derribo” sería como avalar la pena de muerte.

“La radarización en sí misma no resuelve absolutamente nada”, dijo Fernández en una entrevista al canal C5N. “Es una de las tantas zonceras argentinas”.

Aníbal Fernández, jefe de gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo que la “Ley de Derribo” es similar a la pena de muerte. “La radarización en sí misma no resuelve absolutamente nada”, dijo. “Es una de las tantas zonceras argentinas”. (Corresponsal/Reuters)

Según el funcionario, el país adhiere a los protocolos de seguimiento de aviación que marca la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Y esa legislación no permite poner en riesgo la tripulación o los pasajeros de un avión.

En 2004, sin embargo, Fernández se había declarado favorable a una ley de derribo como la brasileña. 

“Terminaremos siendo una gran pista si no actuamos de la misma manera”, dijo el entonces ministro del Interior al diario La Nación.

Obiglio aclaró que su proyecto sigue los protocolos de Brasil. 

“Si Brasil captura a los aviones mediante las advertencias sonoras y visuales, sin nunca tener que derribar a los aviones, en Argentina tendría que pasar lo mismo”, justificó.

1500 pistas clandestinas 

“El narcotráfico ha mutado desde los pasos clandestinos hacia el transporte aéreo”, dijo Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA).

Según Izaguirre, el 80% de la droga entra por el norte argentino en avión desde Bolivia, Perú, Colombia y Paraguay. 

“En tierra está la Gendarmería. En el agua, la Prefectura Naval. Pero en el aire no hay control alguno”, agregó.

En la franja norte de Argentina, desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, hay alrededor de 1.500 pistas clandestinas, precisó Izaguirre. 

Izaguirre dijo que los traficantes en general vienen con aviones Cessna que cargan 600 kilos de drogas cada uno. Si el avión viene con el copiloto, para largar la mercadería desde el aire, el peso es de hasta 400 kilos por viaje. Cada avión hace hasta tres ingresos al día. 

“Además de la falta de radares, los pilotos de la Fuerza Aérea argentina tienen prohibido por ley interceptar aeronaves”, indicó Izaguirre. “Cuando encuentran aviones narcos, lo único que pueden hacer es sacarles fotografías”.

“Argentina cuenta con la empresa INVAP, que fabrica radares 3D en Bariloche. Pero no hay decisión política para hacer control del espacio aéreo”, completó. 

Los 6 pasos de interceptación que propone la ley: 

1) El radar detecta el vuelo no declarado

2) Verificación de datos en el centro de control 

3) El piloto de la Fuerza Aérea intenta establecer contacto vía frecuencia internacional de emergencia

4) Si el intruso no responde, el piloto ordena su aterrizaje a través de señales visuales

5) De persistir la desobediencia, el piloto dispara municiones trazadoras (de trayectoria visible) como advertencia

6) Si la situación se mantiene, el avión es declarado hostil y se permite su derribo.”

A esta altura de los acontecimientos habría que preguntarle a Aníbal Fernández cuál es el motivo para cambiar de opinión, o tal vez, con la verborragia que lo caracteriza, nos pueda dar millones de razones para estar ahora en la antípoda de las convicciones que tenía sobre este tema en el año 2004. No tengo noticias sobre el accionar actual del Dr. Pampuro (Ministro de Defensa en 2004) pero es importante resaltar que en su condición de Senador Nacional, y según nuestra Constitución, el inciso 16 del artículo 75 sobre las Atribuciones del Poder Legislativo dice muy claramente “Proveer a la seguridad de las fronteras”. Y no olvidemos que el actual Jefe de Gabinete casi con seguridad, tendrá la misma responsabilidad a partir de diciembre de 2011 al ocupar su banca de Senador.

Ahora dos párrafos finales. Estemos siempre al lado del adicto, de los padres y de sus familiares para que el Estado en lugar de dilapidar dinero público en dudosas organizaciones cree centros totalmente gratuitos para recuperar a nuestras jóvenes generaciones que han caído en las garras de las drogas.

Y un reconocimiento a los efectivos de la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional que lejos de sus hogares y vocaciones tendrán que cumplir las ordenes emitidas por un poder político totalmente legal pero inepto en sus decisiones, y asimismo, un apoyo incondicional a todos los hombres y mujeres que componen la Policía Federal Argentina y la Policía de la Provincia de Buenos Aires que en una gran mayoría cumple sus funciones a conciencia y con honestidad arriesgando sus vidas con salarios y medios insuficientes, soportando las acusaciones de ser corruptos e inoperantes cuando esta aseveración sólo le cabe a ese porcentaje minoritario del personal de estas instituciones que junto con delincuentes y algunos funcionarios venales permiten el funcionamiento de asociaciones ilícitas paraestatales. 

Ricardo Alfredo Rey