Frente al inminente default, el ministro griego Yorgos Papandréu, analiza junto a su equipo, la privatización de la recaudación fiscal concerniente a los mayores deudores tributarios.

Entre los argumentos esgrimidos por el mencionado funcionario se encuentra la firme voluntad política de evitar la corrupción (demasiado tarde por cierto para tan trascendente medida.

Para el Financial Times de Alemania, Papandréu, declaró "Probablemente encargaremos esta tarea (la recaudación de impuestos), a empresas privadas porque tenemos la impresión de que el aparato recaudador (el Estado) no puede hacer eso y porque en esta tarea no se ha mostrado muy competente".

La medida es justificada por Papandréu diciendo que se trata de "Una tarea muy grande" y, demandaría al fisco griego "unos treinta años" controlar y hacer cumplir la obligación tributaria a tantos contribuyentes. Aún más, considerando que existen en ese país 900 mil deudores más con montos que ascienden a 1.000 millones de euros cada uno aproximadamente.

Si bien la deuda pública griega ronda los escalofriantes 160 puntos de su PBI y una de las primeras medidas acertadas es la de reducir de manera drástica el déficit fiscal de inmediato, la privatización de la recaudación puede traer aparejados nuevos problemas.

Lo primero a considerar es que esta “privatización” de la que habla Papandréu es la llamada, mucho más elegantemente, “tercerización”.

En otros términos, es lisa y llanamente admitir que el Estado es tan incompetente, que necesita la ayuda de los particulares para desarrollar sus funciones estratégicas.

Por cierto, la mezcla de las haciendas, esto es, confundir lo público con lo privado suele ser fuente de abusos y el consecuente incremento exponencial del patrimonio de algunos pocos en detrimento de la mayoría.

En este sentido es esencial entender que la facultad de recaudar es una facultad indelegable por parte del Estado ya que la naturaleza del tributo es el sostenimiento del mismo.

Cuando esta función se terceriza, se pone demasiada información confidencial en manos de particulares, violándose de este modo el “Secreto Fiscal”.

Las entidades en las que se delega esta tarea de recaudación tendrán acceso a toda la base de datos y consecuentemente, a toda la información de los contribuyentes.

Lo dicho en el párrafo anterior induce necesariamente a suponer que esto es caldo de cultivo para generar más corrupción, independientemente de la normativa que se elabore ad hoc al efectivizar el traspaso.

En la Argentina sobran los ejemplos de lo que produjo la tercerización de una función tan esencial como es la recaudación fiscal, el manejo de cifras millonarias por parte de privados que, ingenio mediante, crearon formas empresariales permeables para que la misma corrupción que se dice combatir, se incremente.

Si algo caracterizó al modelo económico griego, fue precisamente el permanente déficit fiscal, el excesivo gasto público y la manipulación fraudulenta de los índices oficiales.

El criterio rector a la hora de administrar los recursos del Estado fue el de anteponer las apetencias políticas sectoriales o individuales antes que la conveniencia nacional frente a la realidad de los mercados internacionales.

En su sistema tributario obsoleto abundan los desajustes, tales como impuestos a transacciones que favorecen a grupos que nada tienen que ver con esa transacción o directamente actividades inexistentes.

Un ejemplo claro es que cualquier individuo que pretendiera iniciar una actividad comercial en Grecia debe pagar el 1% del capital con destino a las jubilaciones de los abogados. Y peor aún, son los impuestos a actividades que hace demasiado tiempo dejaron de existir, como por ejemplo el porcentaje que se añade a quienes pagan por atracar un barco en el puerto y se destina a “los faroleros de la isla de Santorini”, que se deben haber extinguido hace como 100 años. Inútil tratar de entenderlo, nadie nunca supo a dónde iba a parar esa recaudación.

El 70% de los salarios griegos se pagaban con impuestos, lo que significa un gasto público descomunal.

Pero retomando el tema de la tercerización que impulsa el Gobierno griego, la pregunta concreta es si el remedio no resultaría mucho peor que la enfermedad.

En un país donde más del 70% de su población eran empleados públicos, muchos de los cuales hoy se encuentran desocupados ¿quién estaría tan apto como para tomar tamaña responsabilidad y no sucumbir a la tentación?

Asimismo, el escaso sector privado existente, a causa de los despidos en el sector público están atravesando por la misma profunda crisis ya que sus clientes han quedado sin recursos para gastar.

Concluyendo, hay que decir que el proyecto huele demasiado a “nuevo negocio alternativo” de unos pocos y mucho daño a futuro para la mayoría del pueblo heleno.

En el contexto de un sistema tan corrupto, una idea así, admite lugar de demasiadas dudas.

Nidia G. Osimani