Mientras transcurre el nuevo cuarto intermedio en la negociación por la expropiación en Estancia Grande, un pequeño dato permite echar más luz acerca de la dimensión de este atropello.

El decreto expropiatorio es por 220 hectáreas, de las cuales 120 son de Mario Escudero y las razones que esgrime el Gobierno pasan por la construcción de una escuela, un centro de salud y un centro cívico.

Caray… ¿doscientas veinte hectáreas para esos tres edificios? ¿Cuántas ciudades y de cuántos habitantes en el mundo tienen esas superficies para esos servicios? ¡Cuántas metrópolis van a envidiar a este reciente municipio!

¿Y de qué dimensión de localidad estamos hablando? Los datos del Censo Nacional 2011 aún no están publicados oficialmente, seguramente esto ocurrirá muy cerca de las elecciones de octubre o pasadas ellas.

Una idea aproximada de la población la tenemos de los datos oficiales de electores que votarán este año según el padrón cerrado el 26 de abril de este año. Según este padrón en Estancia Grande votan sesenta y cinco (65) y en El Durazno otros doscientos ochenta (280). Un total de 345 votantes. Esta cantidad de electores son casi los mismos que los de Juan Llerena (381), La Vertiente (370), Villa Gral. Roca (372), Batavia (343). Y por debajo de los de Saladillo (453), Carolina (472), de Balde (586), de La Punilla (534), entre otras más. Como para tener una idea aproximada.

 ¿Cuántos habitantes más pueden tener Estancia Grande incluyendo a los que sólo tienen casas de fin de semana? ¿Cuántos más habrán sido censados allí por estar trabajando en las obras en marcha? Me arriesgo a afirmar que aún con ellos difícilmente lleguen a un total de 1000 habitantes.

Para una población así… ¿220 hectáreas para edificios públicos? ¿Qué puede pasar si todas nuestras localidades exigen un trato como el que recibe Estancia Grande y piden edificios de esas dimensiones?

A este Gobernador se le fue la mano en su fuerte vocación por los negocios inmobiliarios. Si alguna vez tuvo conciencia de sus actos, está claro que ya no. ¿No hay nadie con una pizca de capacidad de análisis, de juicio crítico, de cordura para poner las cosas en una verdadera dimensión humana?

Esta expropiación nació mal y se ejecuta peor, destruyendo, golpeando, dejando gente en la calle y desguarnecidos. Sólo le faltaron muertos y desaparecidos para revivir totalmente el accionar de las dictaduras. Les está siendo muy difícil a los funcionarios justificarla.

El “gobernador de los pobres” manda asaltar y destruir la propiedad de los que trabajan la tierra; golpear y abandonar a su suerte a las personas. ¿Hasta dónde quiere llegar?

Es tan indefendible esta pretensión de expropiación que los negociadores oficiales han bajado las pretensiones a 12 o 15 hectáreas sobre las 120 de don Mario Escudero. ¿Y qué pasa con las otras 100 ya apropiadas, hay disposición para renegociar con sus propietarios? ¿No alcanzan para esos edificios? ¿Cuál es la verdadera intención que empuja semejante atropello?

Aquí tenemos una razón más por las cuales San Luis no tiene desde noviembre de 2004 un Defensor del Pueblo. Porque aquí debiera estar esa Defensoría a pleno defendiendo a todas esas familias de tamaña injusticia. Es este gobernador feudal quien ha dado la orden de que no se cumpla ni la Constitución ni la ley y así no tengamos Defensor del Pueblo.

Cada paso que dan los hermanos Rodríguez Sáa está fríamente calculado a incrementar su poder, sus negocios y su riqueza. No podemos negar la capacidad de dar pasos a futuro que tienen.

Lástima que la empleen con tanta maldad.

Luis Alberto Moreno