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El Poder Ejecutivo Nacional impulsa en el Congreso de
-los extranjeros no pueden detentar la propiedad de más del 20% de la tierra;
-los extranjeros de una misma nacionalidad no pueden detentar más del 30% sobre el 20% que el proyecto asigna como tope al conjunto de los propietarios foráneos;
-cada extranjero, individualmente, no podrá detentar más de mil hectáreas;
Ahora bien, pareciera que la cuestión del latifundio, de los bienes improductivos y de la excesiva concentración de tierras en pocas manos, no es un problema de la nacionalidad del propietario, sino de las regulaciones universales que se apliquen respecto del derecho de propiedad, sin distinguir el origen del adquirente.
La historia lo demuestra. Mientras algunos “patriotas” se apropiaban de grandes extensiones de tierras por su sola capacidad para aniquilar indígenas, dando origen a una clase gobernante de verdaderos señores feudales (cualquier parecido con el régimen K de Formosa es pura coincidencia), inmigrantes europeos con terrenos mucho menos extensos supieron explotar al máximo la tierra, aportando dignamente al crecimiento del país.
En definitiva, el proyecto en cuestión es pura demagogia, es autoritario, discriminatorio y garantiza la continuidad de grandes extensiones concentradas en pocas manos, como si los grandes terratenientes locales no pudieran extranjerizar los ingresos que provienen de sus explotaciones, como si no pudieran evadir impuestos, explotar trabajadores, especular con los productos de la tierra y realizar todo aquello que les venga en gana como consecuencia de la falta de controles estatales. A tal punto llega el carácter xenófobo del proyecto, que un extranjero con domicilio real en el país desde hace años o décadas sufriría las mismas restricciones en materia de adquisición de tierras que una multinacional foránea. En definitiva, se considera al inmigrante como una amenaza a la soberanía nacional.
Es evidente que si la nueva legislación retirara del mercado a posibles compradores externos, se produciría una sensible merma en la demanda de tierras, bajando de este modo el precio de las mismas, y beneficiando a los grandes y acaudalados terratenientes locales a la hora de comprar las explotaciones de los pequeños propietarios. Finalmente, de este modo se facilita y promueve la tendencia a concentrar la propiedad de la tierra en pocas manos.
Finalmente, parece no recordar el oficialismo que su máximo líder (Él, como lo denomina la enlutada Presidente) luego de adquirir tierras al Estado a precios irrisorios, decidió venderlas —por supuesto que a precio de mercado— a la firma chilena Cencosud S.A. Es decir, que cuando se trata de hacer negocios personales, los funcionarios K no reparan en la nacionalidad de los nuevos terratenientes. Y acá es donde se advierte la importancia de la autoridad moral del gobernante. Acá es donde nos preguntamos, sin perjuicio de los argumentos expuestos en esta nota: ¿Por qué habremos de creer en las ideas que sustentan este proyecto, si sus impulsores no las respaldaron con su conducta?
José Magioncalda
