Como no tuvo más remedio que cumplir con la exigencia judicial, derivada de un amparo presentado por Esteban Carlos Furnari, en nombre de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, para saber si 68 guerrilleros muertos en los ataques a guarniciones militares figuraban como desaparecidos o víctimas de ejecución sumaria, el ministro de Justicia Julio Alak detalló el dinero asignado en concepto de indemnizaciones.

Obviamente esa cifra es totalmente mendaz, ya que se destinaron muchísimos más fondos públicos a satisfacer supuestas víctimas y familiares de víctimas del terrorismo privado. En muchos de esos casos se pagaron indemnizaciones inclusive a subversivos asesinados por sus compañeros, al haber entregado y traicionado a su propia gente.

Esta hipócrita política abusiva de los derechos humanos, llegó al colmo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner llegándose a pagar $ 7.848.126 según cifras “oficiales”, las que por supuesto coinciden con la realidad tanto como los índices de pobreza e inflación que informa el Indek, o como las declaraciones juradas de los millonarios funcionarios kirchneristas.

El ministerio de Justicia detalló los pagos que se hicieron desde 1997 a familiares de guerrilleros que atacaron cuarteles militares entre 1973 y 1976, cuando se produjo el último golpe de Estado. En total, publicó el diario La Nación, se entregaron 12 millones de pesos en concepto de indemnizaciones.

Obviamente esta saturación etílica, conlleva la hipocresía de un gobierno corrupto que utilizó un principio noble, como el de los Derechos Humanos, degradándolo políticamente.

En la época del Proceso se utilizó el slogan “Los argentinos somos derechos y humanos” mientras reinaba el descontrol saqueando y asesinando a miles de inocentes. Esos excesos producto del terrorismo de estado, a no dudarlo, deben ser indemnizados. Lo que no correspondía era dilapidar fondos públicos beneficiando indebidamente a familiares de delincuentes saboteadores y asesinos.

Como tampoco corresponde indemnizar a quienes no participaron de la gesta de Malvinas ni a supuestos familiares de “desaparecidos” y nietos “aparecidos”.

No obstante los pedidos de informes de distintos organismos y organizaciones no gubernamentales, como fueran los reiterados pedidos de quien escribe estas líneas, aún no se ha recibido respuesta sobre los miles de millones pagados con fondos públicos ni los nombres de los beneficiarios de dichas descomunales cifras que rondan los 1.900 millones de pesos/dólares.

Oportunamente denuncié el fraude en el cobro de pensiones en el marco de la Guerra de Malvinas, habiéndose fraguado el hundimiento de un buque que ni siquiera existió para los registros navieros, no obstante lo cual toda la supuesta tripulación sigue cobrando mensualmente sin mostrar vergüenza alguna, mientras otros veteranos que sí participaron de esa Gesta Patriótica aún no fueron reconocidos. Quien conoce este affaire y fuera ofrecido por mi parte como testigo, es el Gral. Martín Balza, cómodamente instalado en un cargo diplomático para mantenerse alejado de las inconvenientes citaciones judiciales que pudieren requerir su declaración. Ese expediente judicial, como tantos otros demostrativos de la corrupción endémica que nos gobierna, está cajoneado.

También se encuentra aletargada mi denuncia por el cobro indebido de indemnizaciones a nietos truchos recuperados y adulteración de estudios de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, lo cual desnuda un fraude moral y material superior al de Sueños Compartidos.

Dejo constancia que me tomé el trabajo de hacerles saber a todos los candidatos presidenciales este vergonzoso negociado que supera con creces el affaire Schoklender-Bonafini, pero ninguno se hizo eco de este delicado tema, no obstante haber tomado estado público según distintas publicaciones aparecidas en internet.

Pero el negociado de los derechos humanos nos seguirá deparando otras sorpresas, las que seguramente saldrán a luz cuando el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo se vea acorralado y se convenza de su futuro alojamiento como huésped oficial del estado en algún establecimiento penitenciario, soltando aún más su filosa lengua.

Enrique Piragini