En los últimos días del mandato presidencial de Cristina F. W. de Kirchner se vinieron dando toda una serie de acontecimientos llamativos. Algunos vinculados a la actividad “legisferante”, como si en ocho años de dirigir al Poder Ejecutivo la Presidenta no hubiese advertido la necesidad de promover algunas leyes.

Vetados el 82% móvil y la protección de los glaciares, una hiperactividad ha llevado a que se enviasen al Congreso algunos proyectos aletargados y cajoneados durante años.

Por mi parte, advertí la necesidad de nacionalizar el paso terrestre fluvial desde el continente a nuestra austral provincia de Tierra del Fuego, pues resulta absurdo que tengamos que hacer Aduana y trasladarnos a través de territorio chileno y su oneroso servicio de barcazas para ir de una provincia argentina a otra.

Dejando al margen el reaseguro económico de nuevos mega emprendimientos y millonarias contrataciones con el empresariado amigo, la extensión de concesiones por peajes, juego e hidrovías, la febril actividad se vincula hoy a obtener una nueva ley de lavado de dinero, sólo para contentar a los organismos internacionales que han puesto una mala nota a nuestro país, por su falta de vocación en la lucha contra el narcotráfico y el producido de tan ilícito negocio.

Se esgrimió ante el GAFI un caso judicial donde se condenó a dos perejiles ladrones por haber adquirido un departamentito con el fruto de sus delitos.

No siendo suficiente, se exige a las entidades bancarias y financieras extremen los recaudos para detectar movimientos de fondos y divisas, a través de los ROS, obviamente “enganchando” a pequeños pícaros que sólo pretender mantener el poder adquisitivo de sus ahorros en pesos adquiriendo dólares.

Obviamente dentro de esos informes no entran los funcionarios ni los familiares y empleados suyos que vienen comprando dólares en el mercado a precio oficial con billetes sin valor mandados imprimir fuera del país. Vale recordar el caso del ausente con presunción de fallecimiento, Néstor Carlos KIRCHNER, cuando compró dos millones de dólares, menos un dólar para burlar la reglamentación del Banco Central, a precio oficial sabiendo que en horas cambiaría su cotización aprovechándose de información clasificada sólo para abultar aún más el patrimonio presidencial.

Como si nadie supiera que Argentina se convirtió en una feria persa del mercado del narcotráfico, con pistas clandestinas que todos conocen y factorías explotadas por lúmpenes extranjeros que hallaron su Paraíso para obtener los insumos necesarios para fabricar toda clase de drogas, hoy se pretende combatir el lavado de activos financieros de origen ilícito.

No sólo debe penarse el lavado de dinero producto del narcotráfico sino también los de otras actividades ilícitas tales como el resultante de coimas, dádivas, cohecho y “mordidas” derivados de sobreprecios y manipulación de capitales en el mercado financiero en abierta violación a leyes fiscales e impositivas.

La fuga de capitales y el dinero existente en el exterior en paraísos fiscales tienen como protagonistas a testaferros, familiares y funcionarios del kirchnerato cleptómano, y si no se investiga es sólo porque gozan de la impunidad derivada del poder y para no ensuciar la hipócrita imagen de este gobierno “progresista defensor de los DDHH”.

Está documentado que el equivalente de la deuda externa argentina se halla colocado en paraísos fiscales y esas millonarias sumas pertenecen a ciudadanos que no las volcaron a sus respectivas declaraciones juradas ni tributaron impuestos a su respecto. Ni siquiera cuando tuvieron la oportunidad de blanquear ese dinero, habiendo fracasado esa legislación que pretendió repatriar capitales. Los pícaros, si encima son argentinos, no comen vidrio.

Es por tal motivo que la nueva estrategia por disimular el más desaforado movimiento económico de origen ilícito que tuvo la Argentina, dictando una nueva ley antilavado sólo para intentar engañar a los organismos internacionales de control, naufragará y —una vez más— nos colocará en situación de indignidad frente al concierto de las naciones, violentando todos los tratados internacionales a los cuales hemos adherido sin respetarlos.

De más está decir que con las leyes actuales alcanza para combatir el lavado de dinero de origen ilícito, y si se dictase una nueva ley con penas más altas no les alcanzaría a quienes —previsores— ya aplicaron y utilizaron los capitales espurios, pues para estos temas sí funciona el principio de irretroactividad de la ley penal, aplicando la anterior más benigna, principio que no se aplica para los crímenes de lesa humanidad limitado al sector castrense combatiente de la guerrilla asesina. Para quienes, cumpliendo órdenes de un gobierno democrático, combatieran la subversión, no se aplica ni la cosa juzgada, ni la amnistía y mucho menos, la Justicia.

Hasta el 23 de octubre se sucederán estas maniobras distractorias, luego sobrevendrá el más descarnado perfil del kirchnerismo avasallando sin disimulo la ley y las instituciones, sin tapujos y a cara descubierta.

Enrique Piragini