En la democracia mal entendida, que por desgracia vivimos los argentinos, se ha hecho costumbre que los gobiernos que surgen de elecciones, por el solo hecho de triunfar, tienen derecho a “todo” y por supuesto la justificación es siempre la misma, “el pueblo nos voto”; pero hete aquí el error conceptual que el pueblo argentino mansamente acepta como sagrado.

El pueblo en un sistema democrático en serio, es el soberano; soberano que con su sufragio elige a un gobernante y a quienes como pueblo los van a representar en las Cámaras Legislativas (Diputados) y a representantes de las diversas provincias, (Senadores).

Una vez que el pueblo emitió su veredicto y eligió, los que asuman el mandato del soberano, deberán respetar las normas que nos fijan límites y obligaciones a todos los ciudadanos sin distinción alguna. Dichas normas están impresas en un libro llamado “Constitución Nacional” también llamado Ley Suprema de la Nación, de la cual nadie podrá apartarse, ni gobernante ni gobernado, sin incurrir en una grave falta contra la sociedad toda.

Los políticos surgidos de actos eleccionarios desde hace muchos años han tomado por costumbre que el hecho de ser elegidos les permite burlarse de esas normas que son las que regulan la convivencia, transgrediéndolas, violándolas y burlándose del mandato obtenido del Pueblo soberano quién depositando su confianza en ellos, les dio un mandato para gobernar dentro de la ley y el orden constitucional y no para hacerlo fuera de la ley o con leyes legisladas “a conveniencia” de quien gobierna y que exceden el marco regulatoria de la C.N. violando los Derechos y Garantías contemplados en la misma en perjuicio de todos los ciudadanos.

¿Acaso el pueblo otorgó mandato para entregar nuestras riquezas mineras en perjuicio de la contaminación futura del medio ambiente?, ¿o fue consultado cuando se decidió desguasar el Estado y entre otras cosas las Fuerzas Armadas de la Nación para terminar debiendo cada vez más dólares al exterior?, ¿o reconoció como legítima una deuda externa creada por un gobierno ilegítimo impuesto por las armas y la fuerza para terminar pagando lo que no se debía?

El soberano o pueblo todavía no ha logrado interpretar la importancia que tiene como ciudadano libre, auto sometiéndose a los arbitrios y caprichos de aquellos que fueron elegidos para gobernar pero que en definitiva buscan con sus acciones lograr acumular cada día más riquezas, aunque el País junto a su sacrificado Pueblo se empobrezca utilizando siempre la misma justificación, “fuimos elegidos por el voto de la mayoría”.

No importa el porcentaje de votos obtenidos, todo gobierno debe honrar al soberano que lo eligió, el pueblo no da mandato a nadie para apañar la delincuencia, el tráfico de drogas, la corrupción, etc. etc., tampoco da mandato para que los funcionarios se enriquezcan —corrupción mediante— con escandalosos peculados, ni otorga mandato para que se administre la cosa pública como propia permitiendo que los dineros del pueblo sirvan para enriquecer familiares, socios, amigos y determinados grupos políticos afines el gobierno de turno desprotegiendo siempre al resto de la sociedad, para la que nunca hay respuesta positiva a sus reclamos porque lo que queda del jolgorio no alcanza para que sus derechos sean respetados. 

La cosa pública es de todos los argentinos no de los que la administran, al igual que los fondos de la ANSeS que son de los jubilados y trabajadores que aportaron y aportan y no para hacer política partidaria violando los derechos constitucionales de millones de personas mayores. 7000 mil nuevos puestos han nombrado en la ANSeS con sueldos escalofriantes, la mayoría pertenecientes a una agrupación política juvenil llamada La Cámpora, 1700 puestos nuevos en el Congreso de la Nación pidió el flamante Vicepresidente electo Amado Boudou; a su vez 700 cargos pide Aníbal Fernández y así todos abusan del erario público, por el hecho de ser electos asumen de que todos los Derechos son para ellos sin ninguna obligación para con los que lo eligieron.

Muchos fueron los gobiernos que exigieron los mismos derechos y fracasaron y después siempre fue el sufrido pueblo quien pagó las consecuencias de sus desatinos.

Finalmente, debemos entender que en una verdadera democracia el hecho de triunfar electoralmente no otorga derechos al gobernante sino más bien le genera obligaciones, y la primera obligación del que fue elegido más allá de los porcentajes es gobernar para todos y dentro de la ley, protegiendo y amparando el derechos de todos los ciudadanos siendo respetuoso de sus deberes y de la división de poderes sin avanzar ni someter a sus arbitrios a los otros poderes del estado.

No viene mal recordar que el Art. 93 de la Constitución Nacional exige al Presidente y Vicepresidente jurar, observar y hacer observar la Constitución Nacional. Ya han pasado varios gobiernos electos que a este juramento no lo respeta, porque hacer respetar y respetar la C.N. significaría, en el caso de los jubilados cumplir con las garantías constitucionales del Art. 14 bis que amparan sus derechos y esto, desde el advenimiento de la democracia en la Argentina, evidentemente no se ha respetado.

Rubén Gioannini 
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