El segundo mandato de Cristina Fernández en materia económica arrancó antes de lo previsto, ya que tras el rotundo triunfo del 23 de octubre la Presidenta debió comenzar a lidiar de inmediato con la "herencia" de su propio gobierno.

Sin la posibilidad de echarle la culpa a la gestión anterior, la Presidenta debió poner manos a la obra rápido sobre las inconsistencias de un modelo que alentó el consumo en forma artificial vía subsidios, disparó el gasto público para sostener la campaña electoral y no se atrevió a adoptar medidas contra la fuga de capitales antes de los comicios porque hubiese sido "piantavotos".

Pero la razones de fondo de este presente deberían buscarse en por qué el país nunca logró recuperar del todo la confianza de propios y ajenos a pesar de los más de 8 años de crecimiento ininterrumpido, mejoras en los indicadores sociales —aunque serían bastante menores a las que informa el INDEC—, y un perfil de deuda que luce casi "óptimo" comparado con el que soportaba el país en el 2002.

Un país que este año crecerá casi 9 por ciento, con una deuda baja y concentrada en organismos públicos, y que todavía mantiene un balance del comercio exterior superavitario en más de 8.000 millones de dólares.

A esto se agrega que el oficialismo logró 54% de los votos en la elección presidencial, y que desde hace casi tres meses se sabía su continuidad.

Cristina estaba advertida desde hace tiempo sobre la necesidad de hacer "sintonía fina" en el modelo, porque los propios economistas que aplauden este presente lo venían advirtiendo.

Lo comprendió rápido al decidir achicar el festival de subsidios por 70.000 millones de pesos anuales con el complicó su administración y que ahora busca desacelerar.

Pero tal vez no imaginó que el problema macroeconómico iba a terminar fugando capitales por 3.000 millones de dólares mensuales, y que debería adoptar medidas excepcionales, que aún no parecen haber encontrado un techo.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en su cruzada contra los compradores de dólares? ¿Por qué la AFIP rechaza hasta compras de 100 dólares a gente que tiene sus ingresos en blanco e incluso ni siquiera alguna vez compró divisas? ¿Acaso al manejo discrecional de las estadísticas ahora se le sumará un estilo similar en la política monetaria?

Son algunas preguntas que aún no tienen respuesta, porque la crisis cambiaria está todavía lejos de haber encontrado su piso, pero ya resintió actividades pujantes como la compra-venta de inmuebles y el turismo.

El mercado también se pregunta si las políticas del Banco Central, cuya titular es designada con acuerdo del Congreso, quedaron intervenidas de factor por Impositiva.

El ex presidente del Banco Central Aldo Pignanelli consideró un despropósito trabar compras de 100 dólares, y pidió poner un piso de 3.000 para tener que solicitar la autorización de la AFIP.

Pero el gobierno busca jugar a fondo y está dispuesto a no dejarse torcer el brazo por lo que considera una jugada de especulación de agentes del mercado cambiario.

La especulación en el mundo del dinero es su razón de ser, por lo que mejor sería preguntar por qué cientos de miles de ahorristas venían decidiendo a diario en la Argentina volcar sus pocos o muchos pesos a dólares, una moneda que encima venía devaluándose frente a otras como el euro.

Todo indica que el menú de medidas que podría aplicar el Poder Ejecutivo en esta instancia no está agotado, por lo que vale empezar a preguntarse cuáles son las otras decisiones que podría tomar la Casa Rosada.

Los operadores dan por hecho que la Casa Rosada devaluará la moneda, y que si bien tratará de hacerlo en forma gradual, nada garantiza que lo puede concretar al ritmo deseado.

El hecho de que el dólar paralelo cotice a 5 pesos refleja que cada vez son más los que piensan que la moneda local se depreciará fuerte, y más temprano que tarde.

Sonó fuerte en la Bolsa de Comercio por estos días la posibilidad de que se impulse un desdoblamiento cambiario, para colocar un dólar más competitivo para el comercio exterior, otro para el mercado interno y tal vez alguno más para el sistema financiero.

La propuesta, que suena impracticable en esta instancia y siempre terminó en fracaso, parece no tener cabida en un gobierno que jamás aplicaría una medida que huela a señal de debilidad.

Antes que eso, el gobierno prefiere seguir presionando a empresas ya no sólo para traer los dólares desde el exterior, sino también para que se evite girarlos a sus casas matrices.

Los problemas de este presente parecen radicar en buena medida en la inflación.

El gobierno eligió ocultarla en lugar de combatirla, y allí están los números insostenibles del INDEC, que ubicaron al IPC en el 0,6 por ciento en octubre.

Para el INDEC, los precios subieron sólo 8 por ciento en lo que va del año, pero encontrar un producto o servicio que sólo haya aumentado en ese nivel entre enero y octubre es casi una misión imposible.

La pregunta es: ¿Qué canasta releva el organismo oficial de estadísticas? Sería bueno conocer ese detalle algún día, pero forma parte de un conveniente secreto estadístico.

Algo similar parece intentar aplicarse para el mercado cambiario: ahora, la AFIP decide en forma arbitraria qué operación puede hacerse y cuál no.

Si con esa medida no alcanza, los más pesimistas en el mercado financiero lanzan algunos acertijos aún indescifrables y se preguntan si, en un caso extremo, el gobierno podría pedirle a los argentinos mostrar lo que atesoran en sus cajas de seguridad.

Las mismas cajas de seguridad que están agotadas en la mayoría de las entidades financieras.

José Calero
NA