Amado Boudou sorprendió a propios y ajenos el pasado 5 de abril durante una exposición en la que hilvanó detalles de una supuesta conspiración que habría confluido en la denuncia contra su persona en el marco del Ciccone-gate.

Allí, sostuvo que miembros del estudio vincuado al procurador General de la Nación, Esteban Righi intentaron convencerlo de "aceitar" sus vínculos con Comodoro Py. "Cuando era director de ANSES, me vinieron a hablar del estudio jurídico García Labat Musso Righi para decirme que era nuevito y no entendía cómo funcionaba esto y que tenía que tener buenos lazos con Comodoro Py ", aseguró el Vicepresidente frente al asombro de los concurrentes.

No obstante ello, Boudou insistió en mencionar que "funcionarias de ese estudio jurídico" lo visitaron nuevamente cuando ya era ministro de Economía. "Fue el 3 de julio de 2009 y el 20 de mayo de 2010, otra vez con el mismo cuento. Que tenía que tener una buena relación con los jueces y que ellas eran el nexo adecuado. La última vez fue una conversación muy desagradable, porque les dije que de ninguna manera iba a tomar ese camino", concluyó.

¿Por qué Boudou esperó tanto tiempo para denunciar algo tan grave? ¿Por qué cuando ello ocurrió no fue inmediatamente a los medios y/o la Justicia?

En realidad, las trapisondas de Righi no son nuevas y fueron denunciadas por Tribuna de Periodistas en el año 2008 (1). Allí, con el patrocinio del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, este medio hizo una presentación contra el procurador por encubrimiento agravado (Art. 277 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 249 del C.P); violación de tratados concluidos con naciones extranjeras (Art. 220 del C.P) y presumible cohecho y tráfico de influencias judiciales (Art. 256 del C.P).

En ese escrito —y sus posteriores ampliaciones— se detalló claramente cómo operaba el mecanismo de loby judicial pergeñado por Righi: "Muchas de las causas de corrupción que se encuentran en plena tramitación —que se precisan en esta presentación—, y que el Ministerio Público Fiscal encabezado por el denunciado, Esteban Justo Antonio Righi ejerce el rol de parte acusadora, son defendidas por el estudio jurídico Righi y Asociados, fundado por el actual Procurador General de la Nación, y en la actualidad en manos de su hijo Federico Gastón Righi, Roberto José Righi, su ex esposa, Ana María García, Fabián Eduardo Musso, y Daniel Alfredo Carral, entre otros”.

Ello configuraría los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública —Art. 265 del Código Penal— y encubrimiento agravado, ya que existiría un doble rol, obviamente incompatible y claramente definido: el funcionario sería “acusador” por el Estado Nacional a través de la Procuración General de la Nación, y “defensor” a través del estudio “Righi y Asociados”, a cargo de su hijo.

Esa denuncia fue cajoneada por la Justicia en esos días, por presión del propio kirchnerismo. Sin embargo, hoy cobra especial relevancia por los dichos del Vicepresidente. Como dice una conocida ley física, “nada se pierde, todo se transforma”.

Carlos Forte