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La avanzada proselitista desde el Estado nacional sobre las escuelas públicas quizá sea la peor noticia generada en toda la era K. Es que la aberración institucional de utilizar al Estado con fines partidarios o de enriquecimiento personal, sólo podía ser superada utilizando a los niños con fines facciosos. Y el kirchnerismo, una vez más, logró superarse en una escalada autoritaria que no parece reconocer límites.
En este contexto, pedir que el oficialismo cambie, o que cambie La Cámpora, parece una utopía. Entonces, respecto de estos hechos que enlutan a la democracia y a la república, sólo queda analizar una cuestión: saber cómo se enfrenta esta barbarie.
La barbarie no se enfrenta con más barbarie, ni con medidas marquetineras ni demagógicas, como la de habilitar un 0800 de denuncias. La barbarie se enfrenta siguiendo las vías institucionales. Así, la denuncia penal presentada por la ONG que preside el autor de esta nota, contra el funcionario K Franco Vitali, pretende seguir ese camino.
Por su parte, el Ministro Bullrich, quien ha reconocido que los hechos en cuestión constituyen un delito, debe cumplir con sus deberes de funcionario público y poner el tema en manos de la Justicia. No lo ha hecho pese a que, el pasado domingo, el diario La Nación ya daba cuenta de la actividad proselitista organizada por la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires.
La irrelevancia jurídica de las denuncias telefónicas realizadas desde el anonimato y la idea de que cualquier persona puede ser denunciada por otra sin que el denunciante dé la cara, sólo contribuye a generar desconfianza en directivos, docentes, padres, alumnos y demás integrantes de las comunidades educativas.
La pregunta es: si el Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires no hace la denuncia penal ni realiza aporte alguno a la Justicia en relación a lo que él mismo considera un delito, ¿es posible esperar que los directores de escuela enfrenten una intromisión proselitista por parte del Estado Nacional? La respuesta es no. Y la realidad es que de la actitud de las direcciones escolares, depende que se prevenga la manipulación de los menores o que se deba actuar, como hasta ahora, sobre el hecho consumado.
Ahora bien, si se pretende ahondar en los motivos que llevan al Ministro Bullrich a eludir su obligación de denunciar y aportar elementos a la Justicia, sólo cabe pensar que no va a fondo en esta cuestión, ya que su propio gobierno utiliza el “amarillo Pro” en la cartelería oficial. Y porque funcionarios y militantes de su partido, también se mostraron en alguna que otra escuela pública.
José Magioncalda
