La trama la denunció Tribuna de Periodistas en junio de 2008. Se trata de una denuncia judicial que el kirchnerismo hizo contra algunos periodistas por supuesto tráfico y venta de información confidencial de terceros y que resultó de un curioso procesamiento en septiembre pasado.

Entre los profesionales alcanzados por la medida, se encuentran Carlos Pagni, de La Nación; Héctor Alderete, del sitio Seprin; Edgard Mainhard, de Urgente24; y Roberto García, ex Ámbito Financiero, hoy diario Perfil (1).

"La evidencia que aparece en la causa judicial es bastante pobre y salpica a tangencialmente solo a solo tres de los acusados. Los demás, no parecen tener vínculo real con la trama que se pretende mostrar públicamente, lo cual permite especular que, lo que realmente se ha buscado, es presionar a los periodistas críticos al kirchnerismo", publicó entonces TDP.

Ello parece haber pensado la diputada Nacional Patricia Bullrich, quien presentó en las últimas horas un escrito en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación (ver documento al pie), denunciando el accionar ilegal de agentes y ex agentes de la Secretaría de Inteligencia, quienes realizaron tareas de intercepción de información a periodistas independientes, con el fin de utilizar dicha información para chantajearlos y censurarlos.

La legisladora señaló al respecto que: “En el transcurso del 2012, venimos observando el creciente hostigamiento y el maltrato verbal por parte de dirigentes, funcionarios y legisladores oficialistas hacia periodistas críticos de medios audiovisuales y de la prensa gráfica”.

“Es de suma gravedad que un gobierno que se jacta por su respeto a los derechos humanos permita, independientemente de cualquier justificación o razón de Estado que se pueda invocar, que personal de inteligencia haga espionaje sobre las cuentas de mail de periodistas y utilice esa información con el fin de chantajearlos y censurarlos”, indicó Bullrich.

“Desde Unión Por Todos, afirmamos que el Gobierno Nacional incumple con su obligación no solo de respetar sino también de asegurar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el accionar del periodismo independiente”, finalizó diciendo la diputada nacional.

En el documento presentado, Bullrich solicita a esa Comisión “que actúe con la mayor celeridad posible, al estar en juego ni más ni menos que la confidencialidad de fuentes de información vitales para el libre ejercicio del periodismo independiente, las cuales, como se sabe, no son judiciables al estar protegidas por la jurisprudencia y por la Constitución Nacional”.

Resta ver qué ocurre a partir de ahora, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud y gravedad de lo que denuncia la diputada nacional. Por lo pronto, hay un importantísimo funcionario K que ya mismo se encuentra en tratativa de parar la bola de nieve que se ha empezado a armar. Una pista: fue jefe de Gabinete y hoy es Senador nacional.

Carlos Forte
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(1) En ese expediente se intentó ensuciar al director de este periódico, Christian Sanz, pero jamás se le pudo encontrar relación alguna con ninguno de los denunciados.

Anexo: escrito presentado por Bullrich

Buenos Aires, 12 de octubre de 2012

Sr. Presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Senador Marcelo Jorge Fuentes

De mi consideración:

Motiva la presentación de esta denuncia la circunstancia que, en el transcurso del corriente año, venimos observamos con creciente hostigamiento y el maltrato verbal por parte de dirigentes, funcionarios y legisladores oficialistas hacia periodistas críticos de medios audiovisuales y de la prensa gráfica, lo que por cierto constituye una grave lesión a la libertad de expresión consagrada en nuestra Carta Magna.

Si bien estos ataques hacia periodistas han sido investigados y denunciados por esta Diputada Nacional a través del Congreso Nacional y la Justicia, en esta ocasión nos vemos en la obligación de denunciar ante esta Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación (CBI) el accionar ilegal de agentes y ex agentes de la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE) en tareas de interceptación de casillas de e-mails a periodistas independientes.

La información y los pormenores de las mencionadas tareas de interceptación de las casillas de e-mails están en la causa N° 8407/06 "Averiguación por el delito del artículo 222 del Código Penal", a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en la que se acusa a Juan Bautista “Tata” Yofre, titular de la SIDE durante la presidencia de Carlos Menem, a los ex agentes de Inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero respectivamente, y al director del portal SEPRIN y actualmente periodista, Héctor Alderete, de formar una organización clandestina de espionaje destinada a “hackear”, entre agosto de 2006 y junio de 2008, cientos de correos electrónicos a periodistas, funcionarios del gobierno y dirigentes de la oposición. En dicha causa también fueron procesados en carácter de encubridores el empresario Néstor Ick y el general (R) Daniel Reimundes, ex secretario del Ejército.

En conexión a ello, se acusa a otro grupo de personas de consumir y difundir el contenido hackeado a sabiendas de su “origen espurio”, integrado por el periodista de La Nación Carlos Pagni, el director del portal Urgente 24 Edgar Mainhard y el periodista Roberto García (columnista de Perfil, antes director de Ámbito Financiero).

En relación a los hechos que afectan a los mencionados periodistas solicitamos a esta Comisión que actúe con la mayor celeridad posible, al estar en juego ni más ni menos que la confidencialidad de fuentes de información vitales para el libre ejercicio del periodismo independiente, las cuales, como se sabe, NO son judiciables al estar protegidas por la jurisprudencia y por la Constitución Nacional.

Es de suma gravedad que un gobierno que se jacta por su respeto a los derechos humanos permita, independientemente de cualquier justificación o “razón de estado” que se pueda invocar, que personal de inteligencia haga espionaje sobre las cuentas de mail de periodistas y utilice esa información con el fin de chantajearlos y censurarlos. La legislación argentina es muy clara al respecto.

Empezando por nuestra Constitución Nacional, en el Artículo 14 establece que: Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

El Pacto de San José de Costa Rica, el cual tiene rango constitucional, es muy claro en cuanto a la defensa de los derechos de libre expresión. En efecto, en el artículo 13, inciso 1 sobre “Libertad de Pensamiento y de Expresión”, dice: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

También se está violando la Ley 25.520. De acuerdo al inciso 2 del artículo 4°, ningún organismo de inteligencia podrá: obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

Por último, el artículo 5 de la mencionada ley establece que: Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario.

Una vez aclarada y explicitada la normativa que ampara y salvaguarda la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente, se solicita a esta Comisión que:

1° Requiera con carácter de urgencia copia de toda la causa N. 8407/06 al el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado, a fin de determinar la participación actual y pasada de los agentes y/o ex agentes de la Secretaria de Inteligencia en tareas el espionaje ilegal de cuentas de e-mail a periodistas, funcionarios, jueces y dirigentes políticos. En conexión a ello, deberá pedir explicaciones escritas a las autoridades del mencionado Juzgado de por qué la causa N. 8407/06 recayó en ese Juzgado, cuando en realidad solo uno de los imputados es de esa localidad y el resto tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Además, deberá explicar por qué se presenta a la Secretaria de Inteligencia como denunciante, cuando en realidad fue el Grupo Clarín el que inició la causa como consecuencia de la pinchadura al e-mail del Periodista Daniel Santoro en 2006, y la causa recayó en Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo del Dr. Guillermo Montenegro (actual ministro de Seguridad del Gobierno de la Ciudad).

2° Investigue a los ex agentes Iván Velázquez y Pablo Carpintero en relación a las siguientes cuestiones:

a) El desarrollo del llamado I.V.A.N. (Interceptor Vampiro Activo), encargado de atacar cuentas y servidores, y del I.V.A.C (Interceptor Vampiro Captor-Pasivo), el sistema pasivo encargado de recibir los mensajes interceptados mediante un mecanismo man-in-the-middle.

b) Su relación con Ing. Antonio Horacio Stiusso, Director Gral. de Operaciones; Fernando Pocino, Director de Reunión Interior y; Marcelo Saín, ex Director de la Policía de Seguridad Aeropuertaria, en una “cueva” que la Secretaria de Inteligencia tenía (o tiene) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde supuestamente se realizaron (se realizan) las interceptaciones de mails en forma clandestina.

c) El destino del material, archivos y equipos secuestrados clandestinamente por Velázquez, junto a otros subalternos en la mencionada “cueva” de Ezeiza, entre los cuales están los e-mails de los periodistas.

d) Su relación con Aníbal Fernández cuando se desempeñaba primero como Ministro del Interior y luego como Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. ¿Acaso aquél jugaba el rol de “jefe político” de los ex agentes? De ser afirmativa la respuesta, deberá indagar qué tipo de involucramiento tenía el ex ministro con estos y demás agentes de sistema de inteligencia y; por último, en base a los resultados de la indagación, se deberá determinar si el funcionario violó el Artículo 11 de la Ley 25.520.

e) ¿Por qué realizaban tareas de inteligencia interior siendo por entonces Personal Civil de Inteligencia del Ejército? ¿Cuál es su situación procesal actual?

f) Siempre en conexión con las intercepciones ilegales de los e-mails, deberá determinar cuál fue la participación del Gral. de Div. Cesar Milani, actual Jefe de Inteligencia del Ejército y su relación con Fernando Pocino, Director de Reunión Interior?

g) ¿Es verdad que Velázquez está prófugo de la justicia argentina en la República Oriental del Uruguay? Si la respuesta es afirmativa, deberá indicar por qué no fue detenido al ingresar varias veces al país según los denuncian varios portales de Internet.

3° En cuanto a la responsabilidad de la Secretaría de Inteligencia, deberá esclarecer:

h) ¿Cuál es el uso que actualmente se le da al I.V.A.N. y el I.V.A.C.? ¿Dónde se encuentran (base operativa) y quién/es está/án a cargo de los mismos? En caso que no estén operativos, se deberá informar qué procedimientos y protocolos utilizó la Secretaria para su desactivación y cuál el destino final de los datos y los soportes de almacenamiento.

i) ¿Existen las autorizaciones judiciales que exige la Ley 25.520 (artículos 18 a 20) para la interceptación de las cuentas de e-mail a periodistas supuestamente sospechados de obtener información confidencial que compromete la “seguridad nacional”? De ser afirmativa la respuesta, se deberá remitir a la Comisión copia de todas y cada una de las causas y expedientes judiciales por los que se dispensaron dichas autorizaciones, desde 2006 hasta la actualidad. Si la respuesta es negativa, se solicita urgentemente que la Comisión presente una denuncia penal contra las autoridades de la Secretaría de Inteligencia por incumplimiento de los artículos 42 y 43 de la Ley 25.520.

4° Siempre en conexión con las intercepciones ilegales de los e-mailes desde la Secretaría de Inteligencia, se requiere que se investigue a las siguientes gentes y ex agentes de inteligencia que se nombran a continuación: Maximiliano La Regina, María Zoee Ballarino, Alejandro Cutrin, Adriana Mazza, Ramos Mendoza, Carlos Alberto Álvarez, Adriana Anselmo, Susana Lanigro, Matilde Cárrega, Rodrigo Bonini, Rolando Backering, Roberto Boujon, Fabián Campos.

5° Se requiere citar a la Comisión a periodistas e imputados para dar testimonios sobre estas denuncias, entre los cuales, no pueden faltar:

-El Tcnel. Pablo Quiroga, el cual tiene vínculos con Velázquez cuando se desempeñaba como oficial de enlace entre la Secretaría de Inteligencia y el Ejército;

-Joaquín Pereira, Sub Oficial Mayor (RE) del Ejército y testigo de la causa de los “Hackers”, el cual supuestamente fue extorsionado por el General Milani para que no hable. Su función era llevar información al Ejército que le daba Velázquez.

-Los jefes de la “Base Billingurst” y “Base La plata” de la Secretaría de Inteligencia, así como al Director de Reunión Interior Fernando Pocino.

-El Director General de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Horacio Stiuso.

-Los Sres. Directores de Contrainteligencia y a los jefes de la “Base Estados Unidos” de la Secretaría de Inteligencia.

-A Francisco Larcher, Subsecretario de la SI, y a Héctor Icazuriaga, Secretario de la Secretaría de Inteligencia.