No existe recurso alguno al que el kirchnerismo no haya apelado para llevar adelante sus planes políticos y personales. Apriete, compra de voluntades, espionaje y otras yerbas, nada queda librado al azar a la hora de avanzar para la concreción de sus propios planes. Antes que nadie, este medio anticipó que la media sanción de la ley que confirma la Resolución 125 sería lograda a través del ofrecimiento de cargos a futuro, la extorsión con carpetas de la ex SIDE y hasta la promesa de dinero contante y sonante. El valor de la denuncia hecha por Tribuna de periodistas radica en que, a diferencia de otros medios, fue hecha mucho antes de que se hubieran reunido los diputados para "brindar" su media sanción.

Independientemente de las fuentes oficiales de información —que dieron datos a este medio en ese sentido—, no era complicado imaginar que esto sucedería. Es la lógica del kirchnerismo, el cual no conoce otra manera de hacer política. Ya se han demostrado sobradamente los ilícitos cometidos por el matrimonio Kirchner y algunos de sus funcionarios en su propio beneficio, siempre disfrazados de cuestiones que intentan mejorar la situación de la ciudadanía y combatir la desigualdad social.

De esta manera se ha camuflado la evaporación de los fondos de Santa Cruz, el meganegociado del tren bala, la suba de las retenciones para el campo y otras engañosas cuestiones. El problema para el oficialismo es que hace más de cinco años que está en el poder y nada ha mejorado a nivel social. Por caso, la brecha entre los que más tienen —en este grupo se encuentran paradójicamente los Kirchner— y los que menos tienen cada vez es mayor. Ergo, las mentiras K ya han quedado definitivamente al descubierto. Eso es lo que traducen las cacerolas cuando salen a la calle a golpear contra el gobierno.

Luego, hay cuestiones que no hay manera de disfrazar, como el copamiento del otrora prestigioso Consejo de la Magistratura o la avanzada contra el Indec. ¿Han sido cooptados ambos organismos para mejorar la situación social?

Lenta pero firmemente, el oficialismo ha construido durante sus años de hegemonía, un aparato que le permite hacer negociados de todo tipo, con la tranquilidad de que nadie hará nada para detenerlo. Los jueces federales han sido aleccionados oportunamente y, si quedaba alguno díscolo, se lo amenaza con el destierro más directo a través del Consejo de la Magistratura. De esta manera, no hay quien quiera sacar los "pies del plato".

Por si no fuera suficiente, el kirchnerismo ha ido aún más allá, creando directamente un tribunal que le permita embestir contra sus enemigos, dentro y fuera de la política. Se trata del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro a cargo de la Dra. Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, cuya designación fue fogoneada por la Secretaría de Inteligencia, dependiente —más que nunca— de la Presidencia de la Nación.

En ese juzgado, no casualmente, se concentran decenas de causas contra piqueteros, docentes, trabajadores de la carne, de la leche y ferroviarios —entre otros—, procesados sólo por protestar contra la política K.

Abogada del diablo

Sandra Elizabeth Arroyo Salgado, CUIT 23-20729803-4, nacida el 1º de julio de 1969, fue designada jueza gracias al oportuno lobby hecho por el kirchnerismo sobre la Comisión de Acuerdos del Senado —siempre a pedido de la Secretaría de Inteligencia—, que la calificó con el mayor puntaje de su terna a pesar de que los candidatos con los que compitió —Juan Pablo Salas, Raúl Maria Cavallini y Jorge Ariel Apolo— tenían un conocimiento mucho mayor sobre derecho. En tal sentido, el sitio La política on line aseguró: "La elección (de Arroyo Salgado) sorprendió en el Poder Judicial, teniendo en cuenta la experiencia judicial de los candidatos que compitieron por el cargo. Tiene un postgrado en Derecho en la Universidad Austral (Opus Dei) y unos pocos artículos publicados".

No bien fue refrendada su designación por Néstor Kirchner —a través del decreto 713/2006—, la novísima jueza comenzó a trabajar en algunas de las causas que quitaban el sueño al oficialismo, una de ellas relacionada a una supuesta intrusión o hackeo a la cuenta de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. En breve se comentará sobre este tópico.

Arroyo Salgado es una persona obsesionada con el bajo perfil —no da entrevistas y no le gusta que se hable de ella— y es vista por sus colegas como una persona adicta a su trabajo, siempre relacionado a la temática judicial. La mayor parte de su carrera la hizo como defensora pública, comenzando a los 18 años como "meritoria" en un juzgado federal porteño. Más adelante, llegó a ser relatora del camarista Gerardo Larramberre.

Uno de los antecedentes que querría borrar de su pasado está relacionado a su desempeño como asesora del impresentable embajador argentino en México, Jorge Yoma, cuando este era senador nacional y presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales. Yoma, es dable recordarlo, ha sido una de las espadas del saqueo menemista dentro del Senado en los años 90.

Oportunamente, diario La Nación describió a Arroyo Salgado como "fanática" de la tarea judicial: "el trabajo es una de las principales prioridades de su vida. Tanto, que hace que el grueso de las decisiones pase por ella misma. Le cuesta mucho delegar y ella misma intenta llevar adelante audiencias y entrevistas (...) Cuando tiene tiempo libre, suele dedicarse especialmente al deporte. Es del estilo de mujeres que ponen un toque de atención especial a su figura. Juega al tenis todos los fines de semana, va al gimnasio cada vez que puede y suele salir a correr. Una preocupación por la actividad física a la que sólo es capaz de renunciar por una buena película en el cine". 

Aunque no suele mencionarse, Arroyo Salgado tiene dos hijas —una de un año y otra de nueve— y está casada con Alberto Nisman, a la sazón fiscal especial de la causa por el atentado a la AMIA. Este último detalle es clave, no sólo para entender el sospechoso desempeño de la jueza, sino también su nombramiento.


Embestida K

Desde hace casi dos años, en el juzgado de San Isidro comandado por Arroyo Salgado, se lleva adelante una investigación judicial por el supuesto hackeo a las cuentas de correo electrónico del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. En el marco del expediente —que se maneja con total reserva— se allanaron los domicilios de periodistas, operadores y ex agentes de la SIDE, supuestamente involucrados en la intrusión —y posterior comercialización— de diversas cuentas de correo electrónico de funcionarios del Estado y personajes de la farándula.

La historia que se esconde detrás del avance de esta causa judicial es sumamente interesante, ya que, si bien es real que existe una especie de "organización" dedicada a vender secretos privados, no todo es como se ha hecho trascender públicamente. Por caso, hay una docena de documentos que prueban que el pedido de hackeo de cuentas de funcionarios partió desde el despacho de al menos tres poderosos ministros del Poder Ejecutivo, sin mediar orden judicial alguna, como exige la ley. "La verdad es que muchos de los que ahora putean porque les hackearon el mail se lo merecen, porque ellos primero pidieron hackear a otras personas y terminaron burlados. Lorenzetti es uno de ellos", aseguró a este periódico una muy confiable fuente tribunalicia de San Isidro.

Un ex funcionario de la SIDE acusado de haberse entrometido en emails privados, puede dar cuenta de ello, ya que algunos de los pedidos para hackear cuentas ajenas, le fueron dados por escrito por funcionarios que hoy siguen ostentando un gran poder en el entorno kirchnerista. ¿Qué hará la jueza en caso de tener que enfrentarse con esa documentación? ¿Se animará a embestir contra poderosos ministros del kirchnerismo?

Más allá de la acusación formal de Arroyo Salgado, pocos saben que el "expediente Lorenzetti" se está utilizando para dirimir internas entre funcionarios públicos y aleccionar a medios críticos. Veamos.
    Por un lado, existe un fuerte enfrentamiento entre altos funcionarios de la Secretaría de Inteligencia —uno de ellos es el incombustible Fernando Pocino— y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández —otro impresentable—. Un sector acusa a otro de "operar" y viceversa. Lo único cierto es que ninguno de los dos grupos es trigo limpio.

Como se dijo anteriormente, Arroyo Salgado fue bendecida por funcionarios de la SI para que pudiera recalar en San Isidro. A su vez, la jueza responde a los intereses del Poder Ejecutivo, sitial al que pertenece, por transición, Fernández. Un verdadero dilema para la magistrada, que deberá resolver en el corto plazo, antes de que esta causa judicial le explote en el rostro.

Por otro lado, como se mencionó más arriba, se ha forzado la participación de diversos actores "enemigos" del kirchnerismo en el entramado de la causa. "Se aprovechó para involucrar a personas a las que el gobierno les tenía mucha bronca, especialmente al Tata Yofre. Hay mucha bronca por sus libros a favor de la dictadura militar, que venden mucho y logran llegar a mucha gente indecisa de lo que pasó en los años 70", afirmó la fuente antes mencionada.

Recordemos que, de acuerdo a lo ya informado por este y otros medios, el viernes 13 de junio de 2008, fueron allanados los domicilios de Juan Bautista "Tata" Yofre, Héctor Alderete —presidente de Seprin— , Roberto García —subdirector de Ámbito Financiero—, Pablo Carpintero —ex agente de la PSA—, Daniel Reimundes —ex secretario general del Ejército— y el nombrado hacker.

Si bien este periódico no adhiere a la ideología de la mayoría de los mencionados —ni a sus métodos de trabajo—, lo real es que no parece haber prueba concluyente real sobre ninguno de ellos a efectos de acusarlos de vender información privada.

Por otro lado, se sabe que los que han impulsado esta causa judicial son agentes de la ex SIDE que responden a Fernando Pocino, tristemente célebre por su espionaje al periodismo crítico del gobierno. Uno de sus hombres de confianza, Gustavo Queirolo, es quien daría precisas instrucciones a la jueza al menos dos veces por semana para que avance en uno u otro sentido.

Asimismo, Queirolo es quien, junto a otros dos espías, da información a los medios adictos al kirchnerismo —especialmente a diario Página/12— para que la publiquen sin chistar.
   

Los sospechosos de siempre

No parece casual que las personas que aparecen involucradas en el "expediente Lorenzetti" sean las mismas que fueron mencionadas en el listado de "enemigos K" que este periódico anticipó hace al menos dos meses. Así se comentó en abril pasado (1): "algunos de los perseguidos del kirchnerismo serán Christian Sanz (director de este periódico), Darío Gallo (editor de Perfil.com), Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Hector Magnetto, Jorge Fontevecchia (CEO de editorial Perfil), Juan Bautista Yofre, Héctor Alderete (titular de Seprin), Joaquín Morales Solá y Nelson Castro."

No fue lo único que se anticipó, también se habló de la abrupta caída de la imagen de Cristina días antes de que se oficializara el 20% que hoy es público: "Hace varias semanas que no se publican encuestas que midan el nivel de aceptación de Cristina Kirchner. No significa que no se hagan mediciones, sino que no se dan a conocer ya que, día a día, la imagen de la Presidente disminuye drásticamente. En estricto off the record, los propios funcionarios kirchneristas admiten —no sin preocupación— que la primera mandataria no supera el 20% de aceptación popular."

Continuando con la embestida oficial, apareció en los últimos días un blog llamado "Negro el 29" (2), donde se tilda de "golpistas" a una serie de periodistas, empresarios y políticos no alineados con el gobierno.

Como era de esperar, quien escribe este artículo aparece incluido allí. Lo insólito —muestra de una falta de reflejos increíble— es que se pone a la cabeza de la supuesta conspiración a Eduardo Duhalde, incesantemente denunciado por este medio por sus vínculos con los narcóticos (3). Lo mismo puede decirse de los hermanos Rodríguez Saá, destrozados por quien firma esta nota una y otra vez (4).

¿Serán los manotazos de ahogado de un gobierno que agoniza por voluntado propia?


Concluyendo

Más tarde que temprano, Sandra Arroyo Salgado tendrá que dar explicaciones por sus desaguisados. 

Lo mismo cabe a su marido, el impresentable fiscal Alberto Nisman, quien tendrá que dar oportuna cuenta por las operaciones sucias hechas en torno a la causa AMIA a pedido del gobierno de Estados Unidos (5).

Del kirchnerismo no hace falta agregar nada más. La historia se encargará convenientemente de hacer justicia, no sólo por la persecución que ha efectuado, sino por el saqueo que ha cometido en detrimento de nuestro país.

No es poco.

Christian Sanz

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/articulo.asp?Articulo=3745

(2) http://negroel29.blogspot.com/

(3) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=1686

(4) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3

(5) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=3318