Finalmente, ocurrió lo que venía advirtiendo Tribuna de Periodistas respecto al expediente que investiga el hackeo de mails de referentes políticos, jueces y artistas del espectáculo. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, dispuso este lunes el procesamiento sin prisión preventiva de ocho acusados en esa causa judicial.

Entre los periodistas alcanzados por la medida, se encuentran Carlos Pagni, de La Nación; Héctor Alderete, del sitio Seprin; Edgard Mainhard, de Urgente24; y Roberto García, ex Ámbito Financiero, hoy diario Perfil.

La medida alcanza también a Juan Bautista Yofre, Pablo Alfredo Carpintero, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes, sobre quienes la magistrada ordenó trabar un fuerte embargo dinerario.

"La evidencia que aparece en la causa judicial es bastante pobre y salpica a tangencialmente solo a solo tres de los acusados: Yofre, Velázquez y Carpintero. Los demás, no parecen tener vínculo real con la trama que se pretende mostrar públicamente, lo cual permite especular que, lo que realmente se ha buscado, es presionar a los periodistas críticos al kirchnerismo", según publicó TDP el pasado 12 de agosto.

En esa nota se anticipó que el procesamiento era un hecho, ya que la jueza Arroyo Salgado responde a intereses de la Secretaría de Inteligencia y la instrucción que le fue dada era la de avanzar contra esos acusados. Así se reveló en la nota de marras:

Hay dos detalles que no parecen ser menores a la hora de justificar esta especulación: por un lado, sorprende que una investigación tan sencilla haya demorado seis años para resolverse; por el otro, no parece casual que quienes iniciaron el expediente referido sean jerarcas de la ex SIDE. ¿Por qué motivo un grupo de espías se interesaría por impulsar la indagación de un hecho que afectó a personas ajenas al ámbito de la Inteligencia?

También es sintomático el hecho de que la instrucción de la misma causa haya caído en manos de Sandra Arroyo Salgado, jueza de San Isidro que responde a los intereses de la Secretaría de Inteligencia.

Como se dijo, las pruebas que se acumulan en el voluminoso expediente son paupérrimas y no alcanzan siquiera para encarcelar a los imputados más comprometidos. No es que el ilícito no haya existido, pero ciertamente no reviste la gravedad que trata de imprimirle la Justicia. Se trata de un delito excarcelable, “violación de secretos políticos o militares”, el cual según pudo saber TDP, será "reforzado" por la jueza Arroyo Salgado con una oportuna asociación ilícita —delito no excarcelable— para caer con todo el rigor de la ley sobre algunos de los señalados.

La trama era tan previsible que Tribuna la reveló en el año 2008.

Ese mismo año, Jorge Lanata también la expuso a través del diario que supo dirigir, Crítica de la Argentina. Esta última nota merece releerse hoy:

El escándalo de los e-mails comenzó en 2006, y ahora se ha extendido como una mancha de aceite. Una serie de allanamientos realizados el viernes en distintos domicilios de Capital y la provincia podría dar a luz una encarnizada pelea entre la SIDE y una de las SIDE paralelas, además de que deja al descubierto al menos dos juzgados federales manejados con total impunidad por los espías. Ésta es una historia de escuchas cruzadas, traiciones, operaciones políticas, periodistas corruptos y dinero negro, que muestra la inexistente frontera de la vida privada de los personajes públicos: a 25 años de recuperada la democracia, el aparato de inteligencia en la Argentina sigue inalterado e inmanejable: el poder dentro del poder, la sombra en la sombra y los gobiernos que danzan a su alrededor, ingenuos o cómplices.

La punta del ovillo. En 2006 el periodista Edgard Mainhard publicó un e-mail de la casilla personal de Alberto Fernández. Para Mainhard, esto no supuso conflicto alguno: días atrás, en su sitio web Urgente 24, escribió que “la responsabilidad de un periodista es verificar la información, no cuestionar su procedencia”, a la vez que reivindicó el hecho de pagar por la información que pudiera brindarle un funcionario. Pero volvamos a 2006: los e-mails de Alberto eran personales, cartas a Vilma Ibarra, letras de canciones. El jefe de Gabinete convocó a Paco Larcher (José Francisco Larcher, subsecretario de Inteligencia desde 2003, en la práctica el jefe de la SIDE oficial, sobre quien volveremos más adelante) y le pidió que investigara el asunto. Como su casilla de correo era de Fibertel, Alberto se comunicó con Jorge Rendo, operador de Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, dueño de esos servidores. Rendo le confirmó luego que la pinchadura no estaba en el servidor, sino que había sido realizada por un hacker. Larcher llevó a la Jefatura de Gabinete días después una carpeta que contenía el origen de los allanamientos del viernes. La SIDE oficial le aseguró que los responsables eran dos espías de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) que vendían el resultado de varios hackeos. Para Larcher, algunos de los compradores eran Mariano Obarrio, Daniel Hadad, Carlos Pagni, Raúl Moneta, Darío Gallo y Roberto García. Las pinchaduras también tenían su sección de entertainment: actrices, modelos y personajes de la farándula. El nombre de Jorge Rial aparece, también, vinculado con la causa como uno de los compradores del Grupo de Tareas Digital. Imbuidos del espíritu de ida y vuelta de la comunicación, los espías no sólo vendían, también monitoreaban la computadora del comprador. Al cierre de esta edición, el editor de Ámbito Financiero, por ejemplo, estudiaba la posibilidad de presentarse en la causa como querellante: los e-mails de su casa y el diario están pinchados hace tiempo.

Consultados por Crítica de la Argentina, allegados al empresario Daniel Hadad desmintieron que él comprara información a los ex espías. Es más, dijeron que el propio Hadad fue víctima de espionaje electrónico y que seguramente lo citarán a declarar como damnificado. Darío Gallo, ex editor ejecutivo de la revista Noticias y actual editor de perfil.com, primero se rió ante la consulta. “¿Y cuánto dicen que pagaba?”, dijo. Gallo negó haber adquirido este tipo de información, aunque el portal de Perfil publicó, al menos en un par de oportunidades, material de esa procedencia.

Algunos meses después del hackeo a Alberto F, e-mails del juez federal Daniel Rafecas y del miembro de la Corte Raúl Zaffaroni fueron publicados por el Servicio Privado de Información (Seprin), un sitio web de agentes y ex agentes de inteligencia manejado por Héctor “Kolla” Alderete, cuyo domicilio también fue allanado anteayer.

Las denuncias fueron cayendo en distintos juzgados hasta que finalmente fue un juzgado muy particular el polo de atracción de todo lo vinculado con el tema: el de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, quien llegó allí de la mano del agente de contrainteligencia Jaime Stiusso y de su esposo, el fiscal de la Unidad AMIA Alberto Nissman, quien guarda en su ropero al terrorista suicida pero aún no lo ha dado a conocer. Todas las fuentes judiciales, policiales y del Gobierno consultadas coincidieron en un punto: el de San Isidro es un juzgado de la SIDE. La jueza Arroyo ya tuvo su primera prueba de amor con la muerte del prefecto Héctor Febbres: el Gobierno se empecinó en presentar el caso como un asesinato y no como un suicidio, y Arroyo siguió esa hipótesis hasta que el tema desapareció de los medios. El fiscal de la causa es Alberto Gentile, subrogante en San Isidro, antes en la Fiscalía Especial contra el Narcotráfico, donde Gentile se dedicó a dilapidar su presupuesto en cenas en Puerto Madero y ninguna investigación relevante.

La denuncia de hackeo formulada por Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, cayó en el juzgado de Sergio Torres, pero fue rápidamente absorbida por el de San Isidro después de un llamado del senador Miguel Pichetto:

–La jueza Arroyo lo va a llamar esta tarde. ¿Por qué no le mandan la causa si ella ya está investigando el tema?

Hace algunos días, cuando el escándalo comenzó a crecer, los espías decidieron que era mejor agendarse un plan B. El Consejo de la Magistratura estaba a punto de destituir al juez federal de Zárate-Campana, Faggionato Márquez, pero el representante de los abogados es un hombre de lectura meditada y decidió pedir más tiempo para analizar el expediente. Faggionato es un impresentable acusado de formar una red de corrupción con la policía local pero tiene una clara ventaja sobre el resto: es el juez de la causa de las pinchaduras de Garín, donde la SIDE está directamente involucrada.

El ingeniero y la heladera. El presupuesto de la SIDE para este año es de $388.035.912, poco más de 127 millones de dólares. Cuando Kirchner llegó al Gobierno, el rubro Gastos Reservados era de 4 millones de pesos; hoy es de 257 millones. Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), los fondos sin control aumentaron entre 2004 y 2008 un 83% en términos reales. Los espías son, aproximadamente, unos 2.500. El titular de la SIDE oficial es Héctor “Chango” Icazuriaga, el Señor Cinco. Es un incondicional de Kirchner; fue diputado y gobernador y reemplazó a otro ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Hace poco, en la noche del 8 al 9 de junio, entraron a la casa de dos pisos que tiene en Río Gallegos, revolvieron al menos dos de los cuartos y sólo se llevaron una botella de whisky.

José Francisco “Paco” Larcher es, como dijimos, el verdadero jefe de la SIDE oficial: el Señor Ocho es el encargado de pasarle al Presidente el parte de información reservada. Debajo de Larcher, la SIDE se divide en varios departamentos: el de Jurídicos, Recursos Humanos, Reunión (a cargo de Fernando Pocino), Análisis (contrainteligencia, a cargo del ingeniero Jaime Stiusso).

–Stiusso tiene enchufe propio –dicen en el ambiente de inteligencia.

“Enchufe propio” significa relaciones directas con la CIA, el Mossad u otros organismos. Todos lo mencionan como un profesional prestigioso pero nadie puede explicar cómo, bajo su responsabilidad directa, desaparecieron las escuchas de la foja 114 del primer cuerpo de la investigación de la AMIA. Traducción para todo público:

Stiusso tenía pinchados los teléfonos de Telleldín ANTES de la bomba, aunque su figura se hace pública recién después, cuando los niños menores de dos años suponen que “encontraron” el motor de la Trafic asesina con el número en perfecto estado para ser descubierto. Jaime entró a la SIDE durante la dictadura, y come casi todas las noches en Happening de Puerto Madero. Stiusso tuvo sus treinta segundos de fama mediática cuando Gustavo Beliz lo acusó de espiarlo y mostró su foto por la televisión. También le adjudican la Operación Clarita, realizada contra Carrió y Olivera durante la campaña electoral de Capital.

Fernando “Heladera” Pocino cumplió 47 años el 27 de diciembre y tenía 25 cuando entró a la SIDE. Pocino es radical, y llegó de la mano de Enrique “Coti” Nosiglia. Lo de heladera viene de su debut como espía, cuando se disfrazaba de heladero para espiar en el microcentro. Como es alto, y grandote, lo apodaban “Heladera”, vestido ad hoc con uniforme blanco. Parroquiano de La Biela, el Florida Garden y varios cabarets de moda, Pocino está ahora separado y lo vinculan con la hija de Nilda Garré, ministra de Defensa. Durante el menemismo le tocó a Pocino espiar a su propio bloque (el radical) y fue por esos días cuando conoció a Miguel Núñez, vocero de Cristina, a quien terminó pidiéndole trabajo después de la campaña.

Diversas fuentes coinciden en señalar a Pocino como jefe de una especie de grupo especial del Gobierno, que en un momento dependía del Ministerio del Interior hasta que fue el propio Pocino quien llevó a Defensa la conspiración de Aníbal F contra Garré, que terminó en la renuncia de Montero, jefe de inteligencia del Ejército. “Pocino pertenece al mismo grupo que Marcelo Saín (PSA), Luis Tibiletti, Slokar, Filmus, Garré y Verbitsky”, aseguraron fuentes judiciales a este diario. Según el propio Verbitsky, Pocino se sentó a la mesa del reducido comité de crisis que se creó con la desaparición de Luis Gerez, que luego se reveló como un autosecuestro.

 El aparato de prensa a disposición de Pocino es de segunda categoría pero no escaso: su vocero más popular y orgánico es Rolando Graña, pero además Pocino influye de manera directa en un programa de cable en Metro, uno de radio en FM La Isla y el sitio web Informe Reservado.

Un “empresario” llamado Alejandro Ruiz Laprida, con oficinas en la planta baja de Alvear 1940, también aparece vinculado con el escándalo de los e-mails. Ruiz Laprida también viene del radicalismo, comenzó su militancia con Beto Larrosa, fue jefe de gabinete en la sombra de Enrique Mathov y con excelentes vínculos con miembros de la ESMA y la SIDE. Ruiz Laprida se jacta ante sus amigos de ser especialista en lavado de dinero, tiene “enchufe” con las bases de los servicios de inteligencia extranjeros y tres fuentes distintas le aseguran a este diario que es el titular de una empresa de informática inclinada al hackeo. Fuentes del Gobierno aseguran que es ésa la empresa que está investigando la Justicia, y que Ruiz Laprida está vinculado con los dos espías exiliados en Montevideo. ¿Cómo que dos espías? Espere un momento, y lo sabrá.

Rómulo y Remo en La Pasiva. Iván Velázquez y Pablo Carpintero son dos espías del Grupo de Tareas Digital que decidieron autoexiliarse en Montevideo. El viernes a media mañana el canciller uruguayo, Gonzalo Fernández (evidentemente, en el Mercosur todos son Fernández), llamó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para consultarlo sobre el pedido de asilo de los dos espías.

–Los tipos son unos tránsfugas –se exasperó el Fernández argentino–. Hagan lo que ustedes quieran.

Aunque lo niegan, todo indica que Velázquez y Carpintero fueron los responsables de hackear al presidente de la Corte. Rómulo y Remo se hacen cargo de otros “trabajos”: según declararon a Noticias, la SIDE les ordenó intervenir las computadoras de Alberto F, Carlos Stornelli, Abal Medina y “de Cristina Kirchner para abajo”. Aunque nunca presentaron los documentos, los autoexiliados sostienen que recibían órdenes directas de Aníbal Fernández y de Fernando Pocino. Fuentes de la Casa de Gobierno aseguran haber visto en más de una oportunidad a Aníbal F alardeando ante el presidente K de ciertos datos de inteligencia. Hay quienes ven en Velázquez y Carpintero a una especie de patrulla perdida: se independizaron de Pocino y comenzaron a vender el resultado de los hackeos. Siempre viene bien una changuita. Mientras ellos denuncian desde Montevideo a la que denominan “Gestapo K”, una cadena de e-mails inunda las redacciones con fotos de lo más diversas: imágenes privadas de Héctor Magnetto, vacaciones en Punta del Este de Victoria Bereziuk (la chica del caso Antonini Wilson), un sitio web con datos familiares y vida cotidiana del propio Pocino, al que acusan de traición, etc., etc., etc.

Éramos pocos y la abuela se puso cachonda. Cuando el juez Efraín Federico Faggionato Márquez estaba rodeado por los indios sioux a punto de morir bajo las flechas, se escuchó la trompeta del Séptimo de Caballería y la figura del general Custer se recortó en el horizonte. El expediente 170/05, que reúne las acusaciones en su contra, señala que Faggionato formó parte de una “red de corrupción integrada por el magistrado, dos ex policías de la provincia de Buenos Aires y un abogado de apellido Henricot”. Faggionato y sus amigos se habrían “apropiado” (choreado) parte de una cosecha de soja de un predio usurpado”, “extorsionado por medio de policías y abogado para orientar la investigación” e “integrado una red de contrabando en la zona”. Las denuncias son tantas que, en lugar de echarlo, el Consejo pidió más tiempo para leerlas. Pero la libertad condicional de Faggionato tiene un precio: investigar como se debe a la Cueva de Garín, donde se descubrió un equipo que interceptaba 3.780 líneas de celulares, fijos y correos electrónicos. La historia empezó a las 10 de la mañana del jueves 18 de enero de 2007, cuando un grupo de hombres se acercó a la casa del director de la Agencia de Recaudación bonaerense, Santiago Montoya. Uno de ellos encañonó al vigilador de la garita con su nueve milímetros y le dijo:

–¿Dónde está la casa de Montoya?

El tipo preguntaba para intimidar. Uno de sus compañeros ya estaba parado en la puerta correcta.

Uno de los vecinos, el juez Luis Cayuela, cruzó la escena distraído, pero no tanto como para no advertir que el guardia no estaba en su puesto, y lo llamó de un grito.

–Acá estoy, doctor –apareció el vigilador de la nada, encañonado y advertido desde la sombra–. Me consultaban por una calle.

Pero la calle que mencionó no existía. Cayuela comprendió que pasaba algo raro, pero siguió su marcha y se paró a observar desde el fondo de su casa. Allí vio que el vigilador estaba reducido por un tipo, pero que había dos más en una moto, uno a pie y por lo menos otros dos en un coche estacionado. Llamó a la policía y le gritó al de seguridad:

–¡No se preocupe! Ahora viene la policía con una Filcar!

Los agresores huyeron. Montoya entendió que se trataba de un mensaje. Se abrió una causa y Montoya, casi al terminar su declaración, comenta que –por consejo del entonces gobernador Solá y del ministro Arslanian– había hecho monitorear su celular, y que estaba pinchado. No sólo lo escuchaban sino que también podían rastrearlo.

Una pericia oficial mostró que las intercepciones procedían de Escobar. El 14 de marzo de 2007, uno de seis allanamientos simultáneos dio positivo: en un edificio de Telecom se encontró un equipo DVCRAU (Data Voice Call Recording and Acquisition Unit) con 3.780 líneas interceptadas. En el lugar sólo había una encargada de limpieza. Las grabaciones no se escuchaban en Garín sino que se retransmitían a un destino desconocido con una antena de microondas de dos metros de diámetro instalada en el techo. Todos los equipos tenían su cartelito: “Líneas judiciales. Av. Los Incas”, decían. “Ese papelito estaba ahí para incriminar a Stiusso”, afirmaron fuentes del Gobierno a este diario. Telecom deslindó su responsabilidad por los equipos que, claro, nadie reclamaba. El modelo era similar al detectado por Jorge Fontevecchia luego de una pericia de la UBA, y que pinchara su casa y los teléfonos de Perfil.

En la causa hay más de un denunciante: se incorporó la investigación del secuestro de un empresario automotor con el argumento de que los raptores conocían su recorrido por monitoreo de celular, y también se agregó como querellante Mariano Obarrio, periodista de La Nación, acusado por el Gobierno de utilizar la información de los hackers pero, a la vez, víctima de ellos: el 15 de agosto de 2006 asaltaron su casa sabiendo que tenía dinero guardado. El expediente pasó a manos de Faggionato Márquez. La causa está en orden.

¿Qué se puede agregar a la puntillosa descripción de Lanata?

Carlos Forte
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