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El caso del periodista de Página/12, Darío Aranda, tuvo comienzo el pasado miércoles 16 de noviembre, cuando el joven campesino de 25 años miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Cristian Ferreyra, fue asesinado en un ataque atribuido por sus allegados a sicarios contratados presuntamente por un empresario sojero. Página/12 publicó dos días después el artículo de Aranda al respecto, aunque desde el cuerpo de editores habían decidido obviar un párrafo destacado.
El párrafo era: “El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, va por su segundo mandato y denominó a la provincia, como 'la capital nacional del kirchnerismo' luego de obtener en las últimas elecciones el 82 por ciento de los votos. Se autodefine ‘radical k’. El Mocase lo señala —en cuanto a la represión al campesinado— como la continuidad del juarismo."
Un año después la historia volvió a repetirse, justo cuando el Gobierno está en plena lucha por “democratizar la palabra” para que se escuchen “todas las voces”.
Recientemente, la Comisión Interna de Página/12 emitió un comunicado sobre la represalia contra Aranda que lleva adelante uno de los medios con más pauta publicitaria estatal.
“En noviembre de 2011 el diario censuró dos notas de Darío, hecho que como asamblea repudiamos por unanimidad. Conscientes de la fragilidad de los colaboradores, exigimos que no se tomaran represalias (se lo pedimos en persona al director del diario). Desde ese mismo momento, sin embargo, comenzaron a aplicarse: se fijaron topes de dos notas por mes y 70 líneas por nota (antes publicaba de 4 a 6 por mes, incluidas dobles páginas y tapas); se le impidió escribir desde el lugar donde ocurren los hechos, sello distintivo del trabajo de Darío; los temas que cubría desde 2004 (indígenas, campesinos, extractivismo) fueron derivados sistemáticamente a compañeros pasantes”, indica el comunicado.
“Como Comisión Interna nos reunimos con Tiffenberg y con los gerentes, quienes negaron haber ordenado un tope de notas. Hablamos con Osojnik, que tampoco se hace cargo de la represalia que aplica y pretende atribuir el cupo y sus negativas sistemáticas a la ‘casualidad’ o a ‘criterios periodísticos’, pese a que él mismo llegó a explicitar en un e-mail el límite de dos notas mensuales. Consideramos que esta situación no sólo atenta contra el trabajo de Darío y contra la calidad de Página/12: también afecta los ingresos de nuestro compañero, que pasó de escribir hasta seis notas mensuales a dos “notas B” y durante el último semestre cobró en promedio apenas 300 pesos”, informó la comisión interna.
Este lunes, la Red Nacional de Medios Alternativos, indicó:
“Darío Aranda es un periodista que se ha preocupado en denunciar los negocios de la megaminería, los agrotóxicos y los atropellos que vienen sufriendo las distintas comunidades aborígenes, en defensa de sus territorios y enfrentando a grupos empresarios multinacionales y sus socios locales en muchas provincias, en complicidad con sus gobiernos. Desde la RNMA exigimos a los directivos de Página 12 cesen en su persecución contra Darío Aranda, y nos ponemos a disposición del compañero y su Comisión Gremial Interna para las acciones que consideren necesarias para poner fin a estos hechos que consideramos discriminatorios y lesivos a la actividad e independencia del periodismo”, comunicó en solidaridad con el colega.
Recientemente, Aranda publicó en su página de Facebook: “Ofrecí escribir sobre el ‘accidente’ y las muertes qom en Formosa. Ni me respondieron (lo mismo pasó cuando ofrecí cubrir la represión minera en Rawson). El silencio es complicidad”.
Mónica Filippi
